Lo que escriben los jueces sobre Catalunya cuando nadie les mira ha terminado en un juzgado. La Fiscalía ha denunciado por un delito de injurias graves a los cuerpos y fuerzas de seguridad al magistrado de lo contencioso administrativo Federico Vidal por llamar, en un foro de Internet, “terroristas uniformados” a los policías que cargaron contra los votantes del 1-O.
El juzgado de instrucción 13 de Barcelona –el mismo que indaga en otra causa los preparativos del referéndum– ha abierto diligencias de investigación. Por el momento, el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer no ha citado a declarar como imputado –investigado, según la nueva denominación– a Vidal, han informado fuentes judiciales. Antes quiere confirmar que es el juzgado competente para investigar al juez.
La polémica arrancó el pasado 4 de octubre, en plena resaca del 1-O, la huelga general contra la actuación policial y el duro mensaje del rey Felipe VI contra los líderes independentistas. Vidal, magistrado del juzgado de lo contencioso administrativo 17 de Barcelona, se refirió en los términos de “terrorismo policial” y “terroristas uniformados” a la intervención de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para evitar el referéndum.
“Hacemos como Su Borbónica Majestad y nos miramos el ombligo para no perder la plaza o nos enfrentamos con la dura realidad de forma valiente o, de lo contrario, sí vamos a tener problemas de verdad”, apostilló Vidal. Sus palabras causaron un gran revuelo en el foro de magistrados. “Si se impusieran tus ideas, el que no pensara como tú sería obligado a llevar una estrella amarilla en su toga”, le respondió un compañero de carrera. La rueda de mensajes críticos con el magistrado, que desveló eldiario.es, se alargó varios días.
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) multó el pasado mes de marzo a Vidal con 600 euros al considerar los mensajes como una falta grave de desconsideración a los miembros de la policía judicial. Además, dio traslado a la Fiscalía Superior de Catalunya por si veía indicios de delito.
Los fiscales superiores derivaron el caso a la Fiscalía provincial de Barcelona porque consideraron que Vidal no escribió los mensajes en el ejercicio de sus funciones, y, por lo tanto, la competencia para investigar el caso era de los tribunales ordinarios. Los posibles delitos que cometen los jueces en sus resoluciones e instrucciones son investigados por el Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad autónoma debido a la condición de aforados de los magistrados.
La Fiscalía Provincial ha cerrado las diligencias y ha decidido que hay suficientes indicios de delito para denunciar a Vidal. En el escrito presentado ante el juzgado, al que ha tenido acceso este diario, el Ministerio público sostiene que en a la comisión del presunto delito el juez “habría utilizado la cuenta oficial de correo electrónico corporativo” para enviar los mensajes. El delito de injurias a los cuerpos de seguridad está castigado con un máximo de 18 meses de multa.
Ramírez Sunyer ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el auto por el que el alto tribunal catalán declaraba que la competencia para investigar los mensajes de Vidal era de un juzgado ordinario. A raíz de la denuncia de un particular, el TSJC argumentó que si bien los polémicos mensajes se emitieron en foro corporativo, fueron “extramuros de la función judicial”. El TSJC ya ha enviado el documento a Ramírez Sunyer.