El titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, rechazó suspender la declaración de una de las imputadas de este miércoles por los preparativos del 1-O pese al riesgo de parto prematuro que adujo su abogada para aplazar la comparecencia. Según ha podido saber este diario, el magistrado consideró que el avanzado estado de gestación de la letrada no era una causa de impedimento para retrasar el señalamiento.
En la tarde de este miércoles declararon como imputados –investigados, según la nueva denominación–, Natàlia Garriga, directora de Servicios de la Generalitat; Mercedes Martínez, funcionaria de Economía; Joan Angulo, responsable del Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat (CTTI) y Pau Furriol, responsable de una nave industrial donde se intervinieron casi 10 millones de papeletas del 1-O. Todos ellos se desmarcaron ante el juez de la organización del 1-O.
La letrada que había pedido suspender la declaración no acudió a la comparecencia y fue sustituida por otra abogada. Durante el embarazo, la decisión de suspender una comparecencia si lo pide una letrada queda en manos del juez. Fuentes jurídicas consultadas apuntan a que en algunos juzgados, si se aporta un certificado médico que corrobore la situación de embarazo avanzado, el juez normalmente acuerda aplazar el acto previsto como cuando cualquier letrado está enfermo y así lo acredita.
La normativa acordada entre los colegios de la abogacía catalanes y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en relación a la maternidad de las letradas permite la suspensión de los actos en que deban intervenir las abogadas –comparecencias, juicios, etc.– durante los 60 días posteriores al parto (la baja por maternidad, en el resto de profesiones, suele ser de hasta cuatro meses).
La única excepción se produce en los señalamientos con presos, en los que se requiere a la abogada que ha sido madre que designe a una nueva defensa. No es el caso de la investigación de los preparativos del referéndum que se sigue en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona.
Precisamente este jueves, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado que Ramírez Sunyer pueda dedicarse en exclusiva a la instrucción de la causa por el 1-O en la que investiga posibles delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos. Cabe recordar que la Fiscalía y la Audiencia Nacional consideraron que la competencia para investigar la rebelión y la sedición recaía en este último tribunal y no en los juzgados ordinarios de Barcelona.
Ramírez Sunyer queda así liberado de la celebración de juicios por delitos leves, tarea que asumirá un magistrado de refuerzo. El juez ha prorrogado, a petición de la Fiscalía, la causa por su complejidad, lo que le permite prolongar la investigación hasta febrero de 2019 como máximo, dos años después de la apertura del caso a raíz de las declaraciones del exsenador de ERC Santi Vidal, que aseguró –y se desdijo posteriormente ante el juez– que el Govern disponía de una partida oculta de 400 millones de euros para el 1-O.
Las próximas citaciones acordadas para el magistrado son de testigos. El próximo miércoles será el turno de trabajadores de Unipost, la empresa de mensajería del 1-O, y el próximo 27 de marzo comparecen testigos relacionados con las páginas web del referéndum. Algunas defensas ya han pedido un aplazamiento porque tienen otros señalamientos, aunque fuentes jurídicas no confían en que se suspendan. El juez ha llegado a citar a investigados en domingo ante la dificultad de cuadrar las agendas de las defensas de los más de 20 investigados de la causa.