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CatECP pide explicaciones al Govern por la filtración de fichas policiales de los Mossos

El grupo de Catalunya en Comú Podem en el Parlament ha registrado este martes varias preguntas parlamentarias dirigidas al conseller del Interior Miquel Buch en las que reclaman explicaciones sobre la filtración de fichas policiales de los Mossos. La formación lleva así a la Cámara la revelación de los documentos confidenciales, que contienen datos personales protegidos, algunos de ellos sobre menores.

En sendas preguntas, la formación reclama que el conseller explique, por una parte, cómo acabaron en manos de la prensa este fichero, que contenía datos sobre el origen, edad, número de detenciones o paso por los servicios sociales de la Generalitat, de una veintena de personas acusadas por los Mossos de cometer hurtos y robos en la ciudad de Barcelona.

Los 'comuns' quieren además que Buch se pronuncie ante la Cámara sobre si la filtración supone una infracción de la legislación vigente en materia de protección de datos. El portavoz de CatComú en la comisión de Interior, Marc Parés, que firma las preguntas parlamentarias, reclama asimismo conocer qué medidas ha puesto en marcha el Departament después de que estas informaciones aparecieran en la prensa.

La filtración fue revelada en un reportaje publicado en La Vanguardia este lunes, en el que se recogía una clasificación sobre los presuntos ladrones reincidentes que actúan en la capital catalana. Los datos, que identificaban a una veintena de personas por sus datos personales pero no por sus nombres, se hacía eco de las fichas con las que trabajan los propios Mossos, según se explicaba en la propia información del diario.

Desde el área de Interior de la Generalitat niegan que la filtración se haya realizado desde el Departament y aducen que los Mossos d'Esquadra tienen sus propios canales para dilucidar qué ha ocurrido, mediante la división de Afers Interns del propio cuerpo. Fuentes de interior Interior consideraron además que era un asunto que debía gestionarse de forma policial, por lo que no había que ponerlo en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos, de ámbito estatal, o de la Autoridad de Protección de Datos, dependiente del Parlament.