Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Bosnia, Kosovo, Albania, Afganistán, Mongolia, Pakistán y Kurdistán. Son los países donde el exsecretario de relaciones internacionales de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Víctor Terradellas, afirma haber desarrollado proyectos de ayuda al desarrollo según su propia reseña biográfica incautada en su despacho de la fundación CATMón en 2018 en una operación contra el fraude de subvenciones públicas a entidades afines al partido. La investigación del caso ha constatado que Terradellas también cogió un avión destino a Moscú en septiembre del 2017. Pero en este viaje este Willy Fog convergente no tenía como objetivo la justicia global, sino el intento de reconocimiento de Catalunya como país independiente.
La propaganda del procés en el exterior fue una labor a la que Terradellas dedicó muchos esfuerzos pese a no ocupar ningún cargo en el Govern y no estar siempre enterado al 100% de lo que ocurría puertas a dentro de la Generalitat. De ahí que los investigadores sospechen que parte del dinero supuestamente desviado del total de dos millones en subvenciones que recibieron en los últimos años las fundaciones CATMón e Igman, ambas fundadas por Terradellas, fuera bien directamente al bolsillo del exdirigente de CDC (al que no se le conoce “actividad laboral profesional”, destaca el juez Joaquín Aguirre) bien a sufragar gastos en favor del procés. Por ejemplo, algunos costes relacionados con la estancia de Puigdemont en Bélgica. Los desajustes de la contabilidad de las fundaciones son una de las palancas en las que se apoya esta tesis.
Las pesquisas del caso certifican que Terradellas pidió un visado de turista y viajó a Moscú como mínimo en una ocasión en septiembre de 2017, en vísperas a la votación del 1-O. En la libreta personal de Terradellas había anotado un nombre, el de Serguéi Markov, exdiputado del partido de Vladimir Putin. Markov ha revelado a El Periódico que Terradellas le ofreció que Catalunya reconocería a Crimea a cambio de que Rusia hiciera lo propio con la independencia, trato que rechazó de inmediato.
El contenido del sumario no indica que Terradellas actuara con plenos poderes como emisario de la Generalitat o del partido de Puigdemont, si bien sus iniciativas no eran censuradas ni frenadas. La causa perfila más bien a Terradellas como un free-rider con teléfonos de todo el mundo y una alta capacidad de insistencia. Para muestra, el bombardeo de mensajes al que Terradellas sometió a Puigdemont durante el otoño soberanista de 2017. Terradellas afeó al president un día antes de la DUI su intención de convocar elecciones ya que lo estaba esperando, según transmitió, “un emisario de Putin”. Y cuando Puigdemont ya estaba de camino a Bélgica, Terradellas le insistió para arriar la bandera española de la Generalitat, nombrar al exjuez Santiago Vidal fiscal general de la república y firmar los primeros decretos de la República catalana y defender la independencia en la calle.
No era la primera vez que Terradellas se dirigía a Puigdemont, al que en 2019 tildaría de “mandorrino” y de “fracaso absoluto” en una conversación telefónica interceptada e incorporada al sumario. Tres años antes, Terradellas había enviado una carta a Puigdemont y a su antecesor, Artur Mas, para trasladarles su “preocupación” por la labor del entonces conseller de Exteriores, Raül Romeva (ERC), al que acusó de ocultar información al president y transmitirla solo a Oriol Junqueras y de estar más centrado en la cooperación al desarrollo que en la “construcción nacional”. La solución planteada por Terradellas y que nunca se llevó a cabo era crear un “grupo propio para la acción exterior” coordinado desde la conselleria de Presidencia, en manos del PDeCAT, aprovechando la trayectoria internacional que el propio Terradellas había impulsado desde CDC.
Tras el 1-O, además, Terradellas sondeó a varias personalidades independentistas antes de enviar una propuesta de actuación a Puigdemont. “Propongo al president que, con su visto bueno y mando, me permita activar mi acción internacional para trabajar en dos aspectos prioritarios: búsqueda de fondos y búsqueda de reconocimiento internacional”, escribió Terradellas en un correo del 4 de octubre de 2017.
Según Terradellas, la DUI desencadenaría “presiones” en la comunidad internacional que acabarían “reclamando” a Catalunya y al Estado español “un referéndum pactado”. A nivel económico, Terradellas proponía realizar una “petición de financiación” al Banco Central Europeo (BCE) porque, en su opinión, el BCE no tendría “impedimento, como ahora, de ir a buscar financiación a los mercados exteriores”. El único apoyo que recibió del Govern fue el de la entonces titular de Enseñanza Clara Ponsatí, que respondió en un correo electrónico compartiendo “plenamente el diagnóstico” de Terradellas. Ponsatí fue la única miembro del Govern que votó a favor de la DUI en la primera reunión del Ejecutivo tras el 1-O.
La “eutanasia lenta” de ERC a Puigdemont
La inquina de Terradellas a los republicanos se mantiene en una carta escrita por él mismo a principios de 2018 e incautada en su domicilio, en la que critica que ERC y el presidente del Parlament, Roger Torrent, quieren practicar una “eutanasia lenta” a Puigdemont tras el aplazamiento de su pleno de investidura. Es más, según Terradellas, después de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre de 2017 ERC no paraba de “enviar señales” al Estado para volver al “estadio autonómico”. “Con la excusa de ampliar la base social” del independentismo, apunta el documento, ERC pretende “quemar la figura” de Puigdemont.
El plan anotado por Terradellas, que no guarda relación alguna con lo que sucedió tras la investidura de Torra, pasaba por “engañar a ERC” y conformar un Govern “de dinámica autonomista” en apariencia, con figuras “históricas” de los republicanos, como Joan Puigcercós y Xavier Vendrell. Este engaño responde al verdadero plan de Terradellas, que consistía en que 100 días después de la formación del Govern se firmarían los decretos de la nueva república que fueron aparcados tras la DUI y se iniciaría un “periodo de resistencia” que el exdirigente convergente fija en tres meses y que culminaría con la “obligación de la comunidad internacional a frenar la violencia española” y la investidura de nuevo de Puigdemont.
En su libreta, Terradellas, además de listas políticas de los Mossos, también dejó anotado que descubrió la existencia del llamado 'Estado mayor', el sanedrín de dirigentes independentistas promovido por Junqueras y Puigdemont que tomaba las decisiones sobre el 1-O al margen del Govern. Sin embargo, Terradellas erró al anotar al entonces secretario del Govern, Joan Vidal de Ciurana, como la cuota del PDeCAT en el 'Estado mayor', habida cuenta de que Vidal de Ciurana fue uno de los dirigentes posconvergentes que abandonó el Ejecutivo en discrepancia con la existencia de un núcleo paralelo de toma de decisiones.
En la libreta de Terradellas también hay varias anotaciones, en las que el dirigente deja claro su preocupación por la cuestión militar en la nueva república. “Es la base militar por excelencia la que hay que hacer”, anota, para después desarrollar las áreas prioritarias de futuros departamentos: “seguridad y defensa”, “diplomacia”, “tratados internacionales”, y “geopolítica y estrategia”. En su casa los agentes también se incautaron de un estudio en el que se abogaba por desarrollar una “guardia nacional para proteger la infraestructura crítica” en caso de independencia. Sería un cuerpo “transitorio mientras no se decida si Catalunya tiene o no ejército”.
Proyectos sin justificar
Más allá de las anotaciones de Terradellas, la mayor parte del sumario la conforman documentación incautada en las sedes de CATMón e Igman (fundación fundada por el exdirigente de CDC y presidida por el ahora diputado de JxCat Francesc de Dalmases, también investigado en el caso). Entre los documentos destacan el acta notarial de constitución de CATMón en 2003, firmada por sus primeros patronos, todos ellos pesos pesados convergentes: Ferran Falcó, Montserrat Candini, Felip Puig y Josep Rull, exconseller de Territorio ahora en prisión por sedición.
Pese a que no tenía trabajadores, las subvenciones solicitadas por CATMón a la Diputación y a la Generalitat no dejaron de crecer en plena crisis, lo que alertó a los investigadores. Una alerta que subió de nivel al encontrar en la sede de la entidad documentos internos de desajustes contables en casi todos los ejercicios: facturas duplicadas, facturas que no cuadran con los pagos realizados a los proveedores y otros pagos no registrados.
Pero las chapuzas no eran solo internas, sino también con la administración: la Agencia Catalana de Cooperación al Desarollo revocó dos subvenciones a Igman de casi 100.000 euros. En la primera, relacionada con un proyecto contra el ébola en el Congo, la única verificación del proyecto entregada a la administración fue una carta de agradecimiento de una monja de Kinshasa a De Dalmases por una “donación”, sin más detalles sobre el personal colaborador con el proyecto ni la destinación de los fondos.
Asimismo, Igman decidió transformar tras la aplicación del 155 la revista ONGC, que recibía una subvención de 50.000 euros para informar sobre el sector de la cooperación al desarrollo en Catalunya, en un monográfico dedicado al proceso soberanista. Cuando la Agencia Catalana de Cooperación pidió explicaciones a la entidad, su presidenta, Judith Aixalà, no tuvo dudas en contestar: “No tenía sentido un clamor sobre la justicia global sin considerar la conculcación de derechos democráticos en nuestra tierra”.