Jordi Turull, el tercer candidato de la mayoría independentista a la presidencia de la Generalitat, se someterá este jueves a un debate de investidura en el Parlament. Así lo ha decidido el presidente de la Cámara, Roger Torrent, después de que el magistrado Pablo Llarena haya citado a Turull y otros 5 diputados independentistas al Supremo para procesarlos y, quizás, revisar su libertad provisional. El independentismo ha respondido así a una maniobra judicial en la que ve motivación política.
La citación del Supremo, que los partidos temen que acabe con la vuelta a la cárcel de los consellers cesados, ha acelerado los trámites en el Parlament, hasta el punto de que Torrent ha celebrado la ronda de consultas con los grupos de forma telefónica, instado por JxCat. Finalmente el presidente ha anunciado que el pleno se celebrará el jueves a las 17 horas, justificando la premura por las “injerencias” del Supremo en el ritmo parlamentario.
El pleno se llevará a cabo pero JxCat y ERC no saben aún si Turull tendrá los votos suficientes para convertirse en president. En primera votación el candidato necesita mayoría absoluta de 68 votos y, con los diputados Carles Puigdemont y Toni Comín en Bruselas, esta cifra solo se alcanza con cuatro votos afirmativos de la CUP. Los anticapitalistas sin embargo han anunciado que convocarán este jueves poco antes del pleno a su máximo órgano de decisión para resolver si cambian su posicionamiento previo, que consistía en otorgar cuatro abstenciones.
La decisión de Llarena, anunciada este miércoles, dejaba la investidura de Turull en el aire. El presidente del Parlament había anunciado minutos antes su intención de iniciar la tercera ronda de contactos de la legislatura el jueves. Ha sido el grupo de JxCat quien ha propuesto al presidente acelerar los trámites ante la citación de Llarena, algo a lo que ERC ha accedido.
“Trabajaré sin descanso por el progreso y protección de los 7,5 millones de catalanes, sus derechos, su libertad y sus mandatos democráticos”, ha señalado Jordi Turull en un tuit, tras conocer que ha sido propuesto por los grupos. Aunque consiga la investidura, Turull podría tener el mandato más corto de la historia si el juez acaba encarcelándolo e inhabilitándolo.
El viernes, al Supremo
Turull y otros cinco diputados del Parlament, Josep Rull (JxCat) y Dolors Bassa, Marta Rovira, Raül Romeva y Carme Forcadell (ERC), conocerán este viernes el auto de procesamiento en la causa por rebelión. Además, se someterán a una vistilla en la que las acusaciones podrán pedir cárcel u otras medidas cautelares que cambien su situación de libertad provisional. De entrar en prisión, los procesados quedarán inhabilitados una vez se resuelvan los recursos y se confirme su procesamiento, algo que también podría afectar a Oriol Junqueras, diputado y líder de ERC en prisión desde el pasado 2 de noviembre.
En el auto por el que permitió a los exconsellers, entre ellos Turull, salir de la cárcel tras un mes en prisión preventiva, el juez Llarena advirtió que “dar credibilidad” a las palabras de los dirigentes independentistas, que acataron la Constitución y prometieron no reprender la vía unilateral, suponía asumir un “confiado pronóstico”. “Si volvieran al delito –añadió el juez– el comportamiento podría corregirse inmediatamente la decisión de modificar su libertad”. En otras palabras: volver a la vía unilateral implicaba volver a la cárcel.
La pregunta sobrevolaba las frenéticas negociaciones de JxCat y ERC de esta tarde, en las que también han participado algunos letrados de la defensa: ¿Votar a Jordi Turull como president puede ser interpretado por la Fiscalía y VOX como una reiteración delictiva? Hasta ahora, ni Turull ni el resto de exconsellers han desobedecido las medidas que acompañaron su libertad, como la prohibición de salir de España y la retirada del pasaporte.
Cargos contra los diputados
A través de sus autos, en los que avala gran parte de las tesis expuestas por la Guardia Civil en sus informes, el juez instructor ha sostenido que los independentistas llevaron a cabo un plan preconcebido para lograr la secesión. Los indicios de rebelión que Llarena ve en la última fase del procés han suscitado críticas entre varios juristas, que recuerdan que este delito requiere de un alzamiento violento, como fue el llevado a cabo por el coronel Tejero el 23-F.
El juez ha situado a Rovira en un puesto decisivo de la sala de máquinas independentista, prácticamente al mismo nivel que Oriol Junqueras. A Romeva y a Turull, como consellers de Exteriores y Presidència, se les atribuye la difusión del plan independentista en el extranjero y en Catalunya mediante la publicidad del 1-O en los medios de comunicación, respectivamente. Y desde la conselleria de Bassa se habrían preparado las webs de voluntarios del 1-O y enmascarado algunas facturas, como las de las tarjetas censales.
La investigación no ha dado a Rull un papel clave en el plan independentista más allá de ser conseller –en su caso, de Territorio y Sostenibilidad– y por lo tanto formar parte del llamado 'comité estratégico' que aparece en el documento 'Enfocats', un power-point sin sello oficial incuatado en casa del número dos de Junqueras, Josep Maria Jové el 20 de septiembre. Junto a la libreta Moleskine de Jové, 'Enfocats' es una de las principales pruebas de las acusaciones.
Pese a que la instrucción de la causa ya está bastante avanzada, el auto de procesamiento no significa su cierre definitivo. De hecho, no necesariamente tienen que ser procesados los 28 imputados con los actualmente cuenta la causa por rebelión. Cabe recordar además que el juez Llarena abrió este martes una nueva pieza secreta y pidió a la Guardia Civil los documentos que sustentan su informe sobre el millón y medio de euros de gasto público empleados supuestamente en el 1-O. Será el auto de apertura de juicio oral el que certifique el final la instrucción, tras lo que acusaciones y defensas podrán calificar provisionalmente los hechos atribuidos a cada uno de los encausados.