El president de la Generalitat, Artur Mas, anunció el miércoles elecciones autonómicas en Catalunya para el 27 de septiembre. La convocatoria es singular por la antelación con la que se comunica, a ocho meses vista. Las claves de este adelanto electoral pactado con ERC, principal partido de la oposición, tienen que ver con la necesidad de cerrar el debate de los próximos pasos del proceso soberanista, que ya comenzaba a hacer daño en la federación nacionalista.
Además permite a Mas ganar tiempo para recomponer el partido y mejorar la imagen del Govern, completando las políticas pactadas en el acuerdo de legislatura, estirando la tensión independentista hasta las municipales, cerrando las crisis sucesivas en su partido y alejando las elecciones de los escándalos de corrupción de Convergència.
Cerrar el debate sobre el adelanto electoral
Las largas negociaciones entre CiU y ERC por los siguientes pasos del proceso soberanista tras el 9-N duraban ya dos meses y se habían convertido en un debate dañino para ambos partidos, pero en especial para Artur Mas. El movimiento independentista y ERC había reclamado elecciones “inmediatas” pero líder nacionalista solo estaba dispuesto a convocarlas bajo una lista conjunta entre los dos principales partidos catalanes ante el miedo de un batacazo electoral de CiU. El desencuentro entre las fórmulas propuestas por Mas y Junqueras había conducido al proceso a una situación de estancamiento que mermaba los apoyos al independentismo y a los dos partidos. La solución adoptada zanja este debate e imprime un nuevo ritmo, algo que Junqueras reclamaba, y a la vez regala suficiente tiempo para solventar las necesidades de Mas.
Completar las políticas pactadas en el acuerdo de legislatura
Artur Mas no puede permitirse acudir en solitario a unas elecciones en este momento. Los escándalos de corrupción, la crisis interna con Unió y el ascenso de Esquerra pronostican una caída histórica de Convergència si las elecciones tuvieran lugar en marzo. Además, el debate sobre la independencia después de la consulta del 9-N ha quedado sin otra salida que la electoral. Por ello, a Mas le conviene centrarse en una acción de gobierno que contente a los sectores sociales soberanistas y eso pasa necesariamente por completar las llamadas “estructuras de Estado”.
Las “estructuras de Estado” son una serie de políticas públicas que históricamente han venido implementando los gobiernos catalanes para igualar la arquitectura de la Generalitat a la de un estado. El pacto de legislatura acordado entre CiU y ERC en 2012 y reeditado el miércoles contempla la mayoría de estas medidas, aunque buena parte de ellas no se han llegado a cumplir. Entre las que faltan de aquel acuerdo se encuentran la ley de Policía catalana, la ley de administración tributaria, la de la función pública, la de contratación del sector público o una reforma fiscal.
Otro de los campos en los que debería avanzarse para cumplir con el pacto de legislatura es el de la Hacienda catalana. Este mecanismo está paralizado desde hace un año, cuando se presentó Tributos de Catalunya, una agencia que centraliza la recaudación de diputaciones y Generalitat, al que se calificó como embrión de la futura Hacienda. Tampoco se cumplido la previsión de establecer una banca pública a través del Instituto Catalán de Finanzas.
El acuerdo entre Mas y Junqueras contempla además que ERC apruebe los presupuestos de la Generalitat, que consolidan el recorte acometido en materia social hasta dejar esas partidas en niveles de 2004. El estado de bienestar ha retrocedido en un 15,6% desde la llegada de CiU al Govern y el proyecto presupuestario presentado para 2015 se mantiene en la misma línea: queda igual la inversión en Sanidad, aumenta un 0,4% la de educación y se recupera la paga extra de los funcionarios y la jornada completa de los empleados públicos.
Cohesionar el independentismo de cara a las municipales
Las elecciones municipales se celebran en mayo de este año y CiU quiere convertirlas en un primer plebiscito y en punto aglutinador del movimiento independentista. El acuerdo sugerido por Artur Mas para que ERC “priorice” los pactos en clave nacional en los municipios busca mantener los ayuntamientos que controla, hasta 400 de los 945 existentes en Catalunya. La estrategia municipal descansa, por tanto, en dos patas: la primera es convertir el debate local en una pugna soberanista para que se vote en clave nacional. La segunda es atar los pactos con ERC en aquellas localidades donde CiU no puede conseguir mayorías absolutas, actualmente unos 125 consistorios.
El hecho de que la ANC, Òminum Cultural y la Asociación de Municipios Independentistas haya avalado un pacto que no cuenta con la concurrencia de ICV-EUiA y la CUP, dos formaciones que hasta ahora habían dado apoyo al proceso soberanista, es un gesto que demuestra el intento de cohesionar el movimiento independentista en torno a los dos partidos mayoritarios de cara a las próximas citas electorales.
Alejar las elecciones de los escándalos de corrupción
Una de las prioridades de Mas es la refundación de Convergència. El partido está azotado por una importantes crisis interna derivada de los sucesivos escándalos de corrupción a los que se ha enfrentado, el último de ellos el caso Pujol, que le obligó a apartar a Oriol Pujol de la secretaría general. CDC está inmersa en un proceso de relevo de cargos que necesita culminar para mejorar su deteriorada imagen y para blindarse ante posibles estallidos futuros de casos de corrupción. Además, durante los 8 meses que faltan hasta las elecciones algunos de los más importantes frentes judiciales se podrían ir cerrando.
Pero, además de la de la corrupción, el partido de Mas tiene otras crisis internas. Una de las más importantes es la del vínculo con su tradicional socio, Unió, con quien las relaciones vienen deteriorándose a cuenta del proceso soberanista. Unió era partidario de agotar la legislatura y nunca ha visto con buenos ojos las propuestas de Mas de celebrar elecciones anticipadas bajo una candidatura de nítido signo independentista. El pacto alcanzado con ERC bloquea esta posibilidad y satisface a una Unió que requiere tiempo para construir el movimiento político centrista anunciado por su líder, Duran i Lleida, pero que también necesita acudir a las municipales bajo una marca fuerte como CiU.
Ganar tiempo para que se produzca un cambio en el Estado
El modelo del nacionalismo catalán encarnado por CiU, que había funcionado durante tres décadas, vive una importante crisis por el desplazamiento de las preferencias de los catalanes del autonomismo a otras modalidades de organización territorial. Hay tres factores clave en este cambio de preferencias que ha aupado al independentismo y dejado al modelo autonómico en sus horas más bajas desde el 78: el fracaso del Estatut y, por tanto, del encaje institucional catalán en el Estado, la crisis económica y la vuelta al gobierno del PP con un programa recentralizador.
CiU tiene buenas razones para pensar que durante el próximo año los tres factores pueden ir a mejor para sus intereses. Por un lado, confía en que durante los próximos meses los problemas económicos disminuyan. Por otro, que haya una expectativa de cambio de mayorías en el Estado más favorables a un pacto sobre el encaje catalán y más tendente a la descentralización. El Gobierno de Rajoy acaba la legislatura a finales del año y los sondeos dibujan una clara pérdida de la mayoría absoluta del PP. Si CiU consigue aguantar en el Govern hasta las elecciones generales y puede sincronizar el proceso catalán con un cambio en el Gobierno central, es previsible la llegada de una oferta desde Madrid que Mas pueda vender en Catalunya como una victoria y salida resolutiva del proceso soberanista.