Hace un mes hubiera sido impensable que Carles Puigdemont publicase un vídeo valorando los esfuerzos de un ministro, el que fuese y por lo que fuese. Claro que probablemente también era inimaginable que un ministro defendiera en Bruselas con tanto ahínco la necesidad de reconocer el catalán, el euskera y el gallego en las instituciones europeas. Forzados por la aritmética, ambas partes, PSOE y Junts, consideran que la investidura es una “oportunidad” para intentar encauzar un conflicto cuyos avances no pasarían solo por la desjudicialización.
El reconocimiento de Junts como interlocutor, la amnistía y que la Fiscalía deje de equiparar independentismo a terrorismo en sus informes anuales ante la Comisión Europea, son los primeros pasos, imprescindibles aunque no suficientes para los independentistas. De ahí la relevancia que Puigdemont dio a su propósito de lograr un “compromiso histórico” cuando el pasado 5 de septiembre formuló sus condiciones para sentarse a negociar la investidura de Pedro Sánchez.
En Junts no piensan en un ‘Majestic 2.0’ (esto es, no limitar la negociación a competencias y financiación como fue el pacto entre Aznar y Pujol en 1996). Conscientes de que no puede ser algo inmediato, en las filas de Puigdemont buscan una fórmula que, como concepto, se asemeje más al acuerdo de Viernes Santo, la paz firmada en Belfast el 10 de abril de 1998. Con todas las diferencias con el caso de Irlanda del Norte (la más evidente es que allí hubo más de tres mil muertos), el objetivo para Junts es que se pueda poner un plazo para votar sobre el futuro político de Catalunya. Una fecha para el referéndum.
A modo de resumen, el complejo acuerdo negociado entre los partidos de Irlanda del Norte, con la mediación, entre otros, de los gobiernos del Reino Unido e Irlanda, que implicó casi dos años de conversaciones y una reunión maratoniana final de más de 30 horas, incluía el desarme del IRA, amnistía para los presos, el principio de autodeterminación (el Ulster quedaba vinculado a Gran Bretaña, pero abriendo la puerta a una consulta para la reunificación con la República de Irlanda) así como la Asamblea nacional. Los irlandeses votaron un mes después sobre un pacto entre dos partes que parecían irreconciliables y que se planteó como una solución para al menos una generación. El 71% de los electores del Ulster y el 95% de los de la República de Irlanda le dieron su apoyo.
Junts reclama un pacto sobre el autogobierno que acaben votando los catalanes. Es lo que siempre ha pedido Puigdemont y que sí podría ser algo parecido al final del procés (de ahí la referencia que hacen a Irlanda del Norte como concepto, no como modelo) en una fase posterior a la de facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Una hoja de ruta que implicaría una supervisión internacional, la “mediación” a la que el expresident también hizo referencia al presentar sus peticiones. La hubo en Irlanda y también en Euskadi para lograr el fin de ETA. El símil, subrayando que allí se produjo una violencia extrema mientras que aquí ha sido “todo lo contrario”, se esgrime en Junts y gusta muy poco en las filas socialistas. “Este era y es un problema entre catalanes, no un conflicto entre Catalunya y el resto de España”, insisten en el PSC, a la vez que recuerdan que sigue sin convocarse la mesa de diálogo entre partidos catalanes que Pere Aragonès prometió a Salvador Illa.
Sánchez y Puigdemont han impuesto a sus equipos, restringidos y de su máxima confianza, la cautela y el silencio en unas negociaciones que paso a paso van dando sus frutos. El primero, imprescindible, era establecer una cierta lealtad y toda la discreción para ir avanzando. Los movimientos diplomáticos para evitar un veto que diese al traste con la promesa de convencer al resto de socios de la UE de la viabilidad de reconocer el catalán, euskera y gallego, así como la decisión de optar por una gradualidad que priorizase el catalán, por ser la que tiene más hablantes (sabiendo que no sería del agrado de los partidos vascos y el BNG) era lo que en Waterloo se esperaba que hiciese José Manuel Albares. Y el ministro cumplió. Eso explica que Puigdemont públicamente pusiese en valor sus esfuerzos.
Junts, a quien el PSOE y ERC hicieron el vacío la pasada legislatura en el Congreso, no quiere formar parte de ningún bloque (no se hizo la foto con el resto de formaciones tras el acuerdo que sí firmó para que se puedan usar el resto de lenguas oficiales en la Cámara Baja). Negocia por su cuenta, pero está empeñado en demostrar no solo a los socialistas sino al resto de formaciones y agentes sociales que es un partido de fiar, que cuando llega a un acuerdo lo cumple. La votación de la Mesa del Congreso, en la que no jugaron a prestar solo unos votos sino a dárselos todos a Armengol, les sirve como ejemplo.
El partido ha conseguido que Sánchez, aunque sea porque no tiene mucha más alternativa, rehabilite a Puigdemont como un interlocutor válido y eso por sí solo ya es un triunfo. El presidente del Gobierno allanó el camino de la amnistía, sin llegar a mencionarla, cuando en una comparecencia ante los medios en Nueva York, afirmó este miércoles que “una crisis política nunca tuvo que derivar en acción judicial ni judicialización como vimos en toda esta crisis”. Una frase medida pero intencionada.
Por su parte, el líder de Junts quiere visibilizar dos cosas. La primera es evidenciar ante el PSOE, pero también ante el electorado independentista, que es un negociador exigente, más duro que ERC, cosa que complica cualquier avance. Y la segunda es confirmar que llegado el caso, cuando dé su aprobación, como pasó con la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso y el resto de miembros de la Mesa, no se echará atrás. Por eso todos los diputados de Junts la votaron a la primera.
Fue la alianza inicial en unas conversaciones alejadas de los focos, una prudencia acordada porque ambas partes saben que es la única manera que fructifiquen. No dan por hecho que la discreción permita cerrar un acuerdo de investidura pero tienen claro que una retransmisión a través de los medios la haría imposible. Junts defiende que su apuesta por la negociación es seria, que no quieren una repetición electoral pero que no tienen miedo a que se produzca.
El papel de Sumar
Negocian PSOE y Junts, no Yolanda Díaz o Jaume Asens. En eso coinciden tanto unos como otros, que no esconden un cierto malestar por lo que consideran un afán de protagonismo de la líder de Sumar y del exdiputado de los comuns que no responde a su papel real en las conversaciones, si bien el abogado mantiene una buena relación con Puigdemont y es amigo de Toni Comín.
Cosa distinta es que el viaje de una vicepresidenta del Gobierno a Bruselas para reunirse, foto incluida, con Puigdemont contribuya a ese reconocimiento público del expresident como interlocutor. Les beneficia, pero en Junts aseguran que no la pidieron mientras que fuentes socialistas consideran que fue un error tanto por el momento escogido, el día antes de la conferencia de Puigdemont, como por la escenificación.
Sánchez marca sus tiempos. El foco ahora debe estar en Alberto Núñez Feijóo y en el debate de investidura que probará su falta de apoyos para ser presidente. Los socialistas consideran que el líder del PP, enzarzándose en sus propias contradicciones y haciendo frente a una larvada contestación interna, ha ido desgastándose en estas semanas. Una vez celebrado el pleno del 26 y 27 de septiembre, y certificado el fracaso del candidato popular será el momento de que el líder del PSOE empiece a mover ficha públicamente. Incluso se baraja la posibilidad de que Sánchez pudiese someterse a la investidura antes de acabar octubre.
Los juristas están trabajando en un texto que permita la amnistía y que debe ser lo suficientemente sólido como para que no sea tumbado por el Tribunal Constitucional. Esa es una dificultad, no menor, pero no la única. En las filas socialistas subrayan que políticamente no puede ser leído en forma de vencedores y vencidos puesto que no solo fuera de Catalunya es un trágala para muchos de sus votantes (y munición para la derecha) sino que lo es también o especialmente para los electores del PSC (muchos de ellos procedentes de Ciudadanos) y que vivieron el otoño del 2017 con especial angustia. Eso incluye también a alcaldes y concejales del PSC.
“Nosotros no hicimos nada mal y no aceptaremos lecciones de los que se saltaron la ley”, subrayan en la dirección socialista, al mismo tiempo que expresan su convencimiento de que al igual que los indultos, un proceso de amnistía puede ayudar a dar nuevos pasos hacia la normalidad. Concluyen que lo contrario, que entre más gente en la cárcel, serviría para poco y podría tener un efecto contraproducente.
La amnistía pretende poner el contador a cero de todos los procesos abiertos por causas vinculadas todavía a la consulta del 9-N, la votación del 1-O y sus derivadas, en protestas en la calle o en el Tribunal de Cuentas. Esa sería la voluntad política, aún con muchos flecos en la concreción de un texto, y cuya última palabra, su ejecución, sería de los jueces previo visto bueno del Tribunal Constitucional.
La mediación internacional
A la dificultad de hilvanar la redacción del texto se suma la exigencia del “pago por adelantado” que reclama Puigdemont. Pero el PSOE rechaza que la eventual ley de amnistía pueda estar ya publicada en el BOE antes de la investidura, por una cuestión de tiempos y formas. ERC se conforma con que se acuerde un calendario para su aprobación mientras que a Junts no le basta.
Al partido de Puigdemont solo le valdría un compromiso con una fecha posterior a la investidura para aprobar la ley si la promesa del PSOE le obliga no solo ante Junts, sino también ante alguna otra instancia. Es decir, que los socialistas se comprometan, por ejemplo, ante algún mediador. En Junts no ponen nombres (o no todavía) ni aclaran si la persona elegida debería darse a conocer públicamente (en este tipo de negociaciones es habitual que de entrada no se explicite), aunque subrayan que no puede ser de parte. Eso excluye a José Luís Rodríguez Zapatero, el nombre que Jaume Asens dejó caer en una entrevista en elDiario.es. Está por ver que el PSOE se avenga a aceptar una mediación, del tipo que sea. De hecho fuentes de este partido, apuntan en privado y de forma genérica que los independentistas tendrán que rebajar bastante sus pretensiones.
Mientras en el PSOE y Junts se ha impuesto el silencio, en ERC sigue el goteo diario de declaraciones. Oriol Junqueras insistía este miércoles en que la amnistía está pactada con el PSOE desde el acuerdo sobre la Mesa del Congreso, algo que Yolanda Díaz negaba poco después en una entrevista en Catalunya Ràdio. Los republicanos piden avanzar ya en el referéndum y en la concreción de otras reclamaciones como el traspaso de Rodalies y en la reducción del déficit fiscal.
ERC busca su protagonismo en una negociación en la que los socialistas dan por descontados sus votos, aunque la competición con Junts los encarezca un poco más, porque lo contrario sería contradecir la vía del diálogo que los republicanos han llevado a cabo la pasada legislatura pese a las críticas recibidas por los sectores más duros del independentismo y de los afines a Puigdemont. “El camino complejo y contradictorio de la negociación está hoy más concurrido. No hacían falta tres años denigrando esta vía para acabar transitándola con carantoñas al PSOE incluidas. Por sentido estratégico y de país”, lamentan en ERC.