La colosal manifestación unitaria que recorrió las calles de Barcelona el 8 de octubre de 2017 para protestar contra el proceso independentista hoy difícilmente sería repetible. Y eso que una movilización como aquella parece una de las pocas cosas que podrían unir a la constelación de organizaciones que han surgido al calor del auge del movimiento contra el secesionismo. En Sociedad Civil Catalana (SCC), motor de aquellas marchas, no descartan convocar una nueva manifestación, según sea el clima social este otoño, pero reconocen que ahora mismo no es su prioridad.
En el octubre del referéndum y la declaración de independencia, todos los partidos y organizaciones contrarias al independentismo parecían seguir una sola batuta: compartían objetivos claros y se unían en acciones conjuntas. Dos años después, ante la amenaza de un nuevo otoño caliente independentista por la esperada sentencia del procés, el constitucionalismo se ha roto entre dos corrientes enfrentadas: los duros, partidarios de continuar espadas en alto contra la independencia, y los pragmáticos, partidarios de recoger parte de las reivindicaciones soberanistas, siempre dentro de las vías constitucionales.
Esta fractura aflora incluso en el interior de la organización que aspiró a ser el paraguas de todas las corrientes. Esta semana Societat Civil se ha visto envuelta en una polémica de ida y vuelta, que comenzó cuando su actual presidente, Fernando Sánchez Costa, apostó por tender la mano a los independentistas para ser capaces de conseguir algunas de sus reivindicaciones por cauces reformistas y dentro del Estado. “Lo que tenemos que hacer todos es ver cómo se puede encauzar este movimiento cívico para mejorar Catalunya y mejorar España”, razonaba el presidente en una entrevista en Europa Press.
Las palabras de Costa, exdiputado del PP, generaron un alud de reacciones, algunas desde posiciones que se suponen cercanas. “Están por todas partes, incluso infiltrados en la organización que nació para combatirlos”, lanzó Carina Mejías, diputada de Ciudadanos en Congreso, en un duro mensaje que reveló la profundidad de la herida abierta entre su partido y la asociación ciudadana. A nivel mediático, El Mundo dedicó un duro editorial a las declaraciones de Sánchez Costa.
Pero las declaraciones cruzadas estaban aún lejos de acabar. Solo unos días después de la polémica por la supuesta condescendencia de SCC hacia el independentismo, uno de los vicepresidentes de la entidad, Xavier Marín, proponía impedir que los partidos que persiguen la independencia puedan presentarse a las elecciones. Fuentes de la entidad explican que las palabras de su vicepresidente fueron pronunciadas a título personal y que, a diferencia de la posición de Costa, no reflejan las opiniones adoptadas por el conjunto de Societat Civil.
El episodio vivido esta semana en la que fue la gran entidad anti-secesionista demostró que las diferencias de parecer en el seno del movimiento son de calado, transversales a las organizaciones y difíciles de limar antes de este otoño, cuando está previsto que se conozca la sentencia del procés, que amenaza por volver a poner en ebullición el movimiento independentista.
Societat Civil: ¿Giro catalanista?
La gran entidad catalana en defensa de la unidad de España ha vivido en crisis permanente desde diciembre del año pasado, cuando la junta destituyó al entonces presidente José Rosiñol, bajó la acusación de haber utilizado fondos de la entidad para contratar a su propia empresa. Desde entonces las variopintas familias y sensibilidades del movimiento han estado en guerra constante. Tras un convulso congreso en la que una parte de la antigua junta abandonó la entidad, Josep Ramón Bosch, uno de los hombres más influyentes en los círculos constitucionalistas, volvió a tomar las riendas de la asociación.
Con Bosch, SCC comenzó a apostar por un discurso más matizado respecto al independentismo, que recogía como propia parte de las antiguas ideas del catalanismo y que encajaba mucho mejor con el nuevo discurso sobre Catalunya que emanaba desde la Moncloa, ocupada ya por Pedro Sánchez. En paralelo, diversas oleadas de críticos iban saliendo de la entidad. Muchas de ellas de círculos universitarios, como fue la organización juvenil 'S'ha Acabat', nacida de lo que antes había sido Joves de SCC.
“No hay ningún giro catalanista, SCC está donde siempre ha estado”, rechaza el vicepresidente Álex Ramos, uno de los hombres de la junta que cuenta en estos momentos con una trayectoria más dilatada dentro de la entidad. A juicio de Ramos el papel de Societat Civil debe ser “decir que 'no' cuando haya que decir que 'no', pero no quedarse allí”, explica, sino ser además “propositivo en la búsqueda de soluciones y salidas, siempre respetando la Constitución y el marco jurídico”.
Es en este punto, en la dicotomía entre ser un férreo muro de contención ante cualquier veleidad independentista o deslizar también propuestas con ánimo constructivo, donde las sensibilidades internas en el constitucionalismo están más encontradas y a flor de piel. “De una entidad constitucionalista se espera una oposición frontal al separatismo”, resumió este miércoles el diputado de Ciudadanos, Nacho Martín Blanco.
Además, en los partidos levanta ampollas que los líderes sociales opinen sobre asuntos que consideran que no les competen. Por ejemplo, el presidente de SCC, Sánchez Costa, consideró que sería positivo aumentar la capacidad económica de la Generalitat en el cobro de impuestos. “Si el dinero está en Madrid, la culpa siempre es de Madrid. Por lo tanto, es bueno asumir responsabilidad aquí”, aseguró. Una opinión difícil de conciliar con la propuesta de aplicar de inmediato el 155 que los de Albert Rivera llevan por bandera.
Organizaciones de nuevo cuño
'Recuperem el seny' fue el lema bajo el que Societat Civil Catalana convocó la manifestación del 8 de octubre de 2017, que se convirtió en una de las más importantes que el unionismo catalán ha celebrado nunca. Aunque una de las claves del éxito de la manifestación fue el importante número de organizaciones que se adhirieron a la marcha, la primera llamada la hizo SCC en solitario. En aquellos momentos, la organización fundada en 2014 funcionaba como paraguas de otros grupos, muchos de ellos sectoriales o centrados en cuestiones concretas.
Pero el reinado solitario de Societat Civil no tardó en acusar las primeras grietas, que comenzaron por el movimiento estudiantil. Sin cumplirse un año desde las grandes manifestaciones unitarias, la sectorial juvenil de Joves SCC saltó por los aires con la dimisión de su presidente, Josep Lago, y la salida de prácticamente todo el grupo. Fueron estos jóvenes los que acabaron fundando la organización S'ha Acabat que, desde la Universitat Autònoma, en pocos meses consiguieron convertirse en una voz relevante en el movimiento.
La actual presidenta de S'ha Acabat es Julia Moreno, estudiante de Ciencias Políticas, quien no esconde que su organización tiene diferencias estratégicas de fondo con Societat Civil. Ahora bien, Moreno evita echar gasolina al fuego. “No estoy de acuerdo con algunas de sus posiciones, como no lo estaba hace un año cuando abandonamos SCC, pero eso no significa que haya que decir cosas tan feas como las que se han dicho estas semanas sobre el presidente [de Societat Civil]”, indica. “Nosotros hacemos nuestro camino pero no seremos nunca un obstáculo para ponernos de acuerdo”, añade la presidenta de S'ha Acabat.
Catalanistas contra partidarios del 155
No es fácil trazar un mapa de las organizaciones, grupos y grupúsculos que se agrupan bajo la cada vez más heterogénea etiqueta del constitucionalismo catalán. Junto a Societat Civil y S'ha Acabat pueden encontrarse la Fundació Boscà, alineada con la primera, o la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), más cercana a la segunda. Empresaris de Catalunya, Convivencia Cívica Catalana, Federalistes d'Esquerres, D'Espanya i Catalans, Aixeca't - Levántate, Somatemps, Concordia Cívica, el autodenominado sindicato AMES, Españoles de a pie o la Associació per la Tolerància son otras entidades o grupos que pueden encuadrarse dentro del mismo movimiento, junto a otros tantos partidos políticos.
En realidad la lista podría abarcar decenas de marcas, cada una con un matiz ideológico propio. Pero todas podrían agruparse entre las que se identifican con algunas reivindicaciones clásicas del catalanismo, esto es, conservar y profundizar la autonomía, y las que apuestan por mantener la posición más dura posible y reniegan de cualquier concesión al nacionalismo, incluyendo la intervención indefinida de la Generalitat.
“La realidad es que eso de hacer concesiones ya se ha probado y no funciona”, se muestra inflexible la diputada de Ciudadanos Sonia Sierra. “Tanto el PP como el PSOE llevan 40 años cediendo siempre ante el nacionalismo. Ha quedado claro que mirar hacia otro lado no ha servido para que el nacionalismo vaya a menos, sino a más”, abunda la diputada, representando la posición dura que abandera su partido.
Tal y como explica Sierra, en Ciudadanos no piensan aflojar en la receta que hasta ahora les ha dado éxitos electorales en Catalunya y también, en parte, en las Generales. “Tenemos que seguir haciendo lo que el Gobierno de España no hace”, asegura. La diputada además rechaza que el independentismo haya tomado una dirección más moderada. “No es cierto. Una cosa es que haya tocado fondo, como ellos mismos reconocen, pero solo hay que ver el último pleno del Parlament, donde volvieron a aprobar resoluciones inconstitucionales, para ver en que están”, relata Sierra, que recuerda el lema “lo volveremos a hacer” que han utilizado recientemente los líderes independentistas.
De la calle a la política institucional
El movimiento cívico contra la independencia que eclosionó al calor de los momentos más álgidos del procés se ha convertido, dos años después, en una cantera de fichajes para los partidos. El cabeza de lista del PP en Barcelona, Josep Bou, llegado directamente de la presidencia de Empresaris de Catalunya, es uno de los ejemplos más claros. También Manuel Valls lanzó su carrera política barcelonesa gracias a su protagonismo en las manifestaciones convocadas por SCC. Incluso el ministro de Exteriores, Josep Borrell, acabó volviendo a la primera línea política después de haber pasado por aquellas marchas.
Este continuo goteo de líderes que pasan de la calle a las listas electorales se explica por la paulatina desmovilización que han vivido las entidades civiles, que han ido cediendo el testigo de la defensa de la unidad de España a los partidos. Tras la victoria de Ciudadanos en las elecciones de diciembre de 2017, sin mayoría suficiente para gobernar, fue el partido de Inés Arrimadas quien lideró la oposición arrogándose la representación casi única del constitucionalismo en Catalunya.
Pero el constitucionalismo seguía existiendo más allá de Ciudadanos y, a veces, desde posiciones alejadas a las que representaba el partido. Otro de los nombres propios de la movilización cívica, Josep Ramon Bosch, fundador y dos veces presidente de Societat Civil, así como también presidente de la Fundació Boscà, ha pasado de militar en la corriente más ultramontana de la derecha españolista a irse acercando poco a poco a posiciones catalanistas. Un viaje ideológico que no ha hecho solo, y cuya última parada ha sido fundar un nuevo partido, la Lliga Democràtica, que quiere rescatar para el constitucionalismo la tradición de la desaparecida CiU.
¿Es compatible el constitucionalismo con el catalanismo o, incluso, con apostar por elementos del nacionalismo catalán? Para Ciudadanos y sus corrientes cercanas está claro que no. Pero una parte de la riada que tomó las calles de Barcelona el 8 de octubre de 2017 cree que, ahora, la mejor respuesta es canalizar los deseos de independencia de una parte de la sociedad catalana hacia la negociación, dentro de la Constitución, por la mejora de la autonomía, la financiación o el reconocimiento del catalán.