La investigación del 3% de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ha permitido conocer movimientos financieros de cuatro de los empresarios imputados por pagar supuestamente comisiones ilegales al partido nacionalista. La Guardia Civil, en un informe, ha detectado “operaciones fiscalmente opacas” y sospechosas de blanqueo de capitales desde las cuentas en Andorra de estos constructores. Destacan entre ellas las de Jordi Sumarroca, del que el Instituto Armado ha descubierto, además, que traspasó a una abogada la gestión de su cuenta bancaria siete meses después de ser detenido.
Sumarroca compartía la titularidad de la cuenta andorrana con sus hermanos Carles y Albert, todos ellos hijos de uno de los fundadores de CDC. Fue abierta en agosto de 1998 en la Banca Reig, que posteriormente se convirtió en Andbank. La aportación inicial al depósito fue de 29,5 millones de pesetas “de los que se desconoce su origen”, indica el informe del Instituto Armado al que ha tenido acceso eldiario.es.
Dieciocho años después de abrir la cuenta, en febrero de 2016, Sumarroca otorgó un poder a una abogada para que pudiera operar con la misma. Recuerda la Guardia Civil que lo hizo seis meses después de ser detenido en una operación por el 3%. Sumarroca está investigado por las comisiones que su constructora Teyco habría pagado a CDC a cambio de obras públicas. En algunos contratos, la Generalitat ha hallado irregularidades administrativas.
En 2016, el Instituto Armado ha detectado tres operaciones sospechosas realizadas desde la cuenta de Sumarroca: 33.105,56 euros de compra y 31.182,38 de venta en fondos de inversión de, entre otros países, las Islas Vírgenes Británicas, “consideradas un paraíso fiscal”. Y en octubre de ese año, se retiraron en efectivo 30.034,11 euros, quedando la cuenta con un saldo de 0 euros y cancelada. Fue tan sólo diez días después de ingresar 29.585,69 euros por la venta de productos de inversión.
El informe se ha redactado a partir de los resultados de la comisión rogatoria que el juez de El Vendrell (Tarragona) que investigaba el caso del 3%, ahora ya en manos de la Audiencia Nacional, envió a Andorra para recabar información sobre los movimientos de cuentas de los constructores imputados Jordi Sumarroca, Jordi Soler, Sergio Lerma y Xavier Tauler y su posible vinculación con Convergència. En conjunto, la Guardia Civil ha cifrado en un millón de euros las comisiones presuntamente pagadas al partido nacionalista.
La Guardia Civil concluye que, si bien no se ha podido descubrir el origen de los fondos utilizados para abrir las cuentas, los movimientos de las mismas sí permiten establecer que los cuatro empresarios utilizaron “jurisdicciones extranjeras de escasa o nula tributación”. En concreto, se aprecian “operaciones que reúnen todos los requisitos para permanecer opacas fiscalmente” por la utilización de cuentas para no residentes en Andorra, Suiza y Panamá, la contratación de fondos de inversión domiciliados en Islas Vírgenes Británicas e inversiones en otros países, como Perú.
Suiza y Panamá
Sobre la cuenta en Banc Sabadell d'Andorra de Jordi Soler, dueño del Grupo Soler, el Instituto Armado destaca que realiza retiradas de efectivo “tanto en euros como en dólares” por cantidades “muy ajustadas” y siempre por debajo del umbral mínimo que exige su declaración para poderlos introducir en España desde el Principado.
Otros dos ingresos sospechosos suman 141.986 euros, en los que están implicados hasta tres países: una mercantil con domicilio en Panamá ordena desde un banco suizo la emisión de los fondos a la cuenta personal en Andorra de Soler y su esposa. Asimismo, con una de las cuentas de Soler en Andorra, la Guardia Civil detecta operaciones de inversión y desinversión en depósitos de su constructora en Perú, que “permanecería opaca a la Agencia Tributaria”.
Respecto al exconsejero delegado del grupo Copisa, Francesc Xavier Tauler, el informe detecta “una serie de irregularidades en cuanto a la manera en que es capitalizada”, además de que “transfiere parte de sus fondos a otras cuentas de las mercantiles ubicadas fuera de Andorra, como Copisa Internacional (Suiza) o Copisa Pirenaica (España)”.
Finalmente, del análisis de las cuentas de Sergio Lerma, directivo de Oproler, la Guardia Civil destaca que canceló el 16 de septiembre de 2016 una cuenta titularizada en Andorra, hecho que los investigadores no logran vincular con su detención por el caso del 3% en octubre de 2015. De ambas constructoras el Instituto Armado cree que continuaron efectuando pagos a fundaciones de CDC hasta 2015.