Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y su extesorero, Daniel Osàcar, serán juzgados por el Caso Palau, que investiga la presunta financiación ilegal de Convergència a través de las comisiones que Ferrovial habría pagado al partido mediante el Palau de la Música de Fèlix Millet. La Audiencia de Barcelona ha desestimado los recursos de apelación que el partido y el extesorero habían interpuesto para intentar que se archivara la causa contra ellos. De esta manera, los tribunales tumban el último intento de CDC de evitar el juicio del caso Palau. Sin embargo, la investigación no ha sacado a la luz quiénes eran los dirigentes de CDC que articulaban la trama.
La resolución dictada por la sección 21 de la Audiencia de Barcelona rechaza los tres motivos argumentados por Convergència para pedir el archivo de la causa y mantiene al partido como responsable civil a título lucrativo, con una fianza de 3,7 millones de euros. El fiscal eleva al doble la cifra con la que CDC se habría beneficiado del saqueo del Palau de Millet y Montull. Convergència argumentó en su recurso que los indicios sobre las comisiones que Ferrovial habría pagado al partido a cambio de obra pública entre los años 2000 y 2009 se basaban en “meras conjeturas y sospechas infundadas”.
El tribunal recuerda a Convergència el informe de la Agencia Tributaria y la documentación que se encontró en los registros que suponen la base para poder relacionar los fondos procedentes de Ferrovial ingresados en el Orfeó Català del Palau de la Música con comisiones del 4% del valor de la adjudicación de cuatro obras públicas, que se habrían repartido entre el partido (2,5%) y Millet y Montull, que habrían recibido el 1,5% por su intermediación.
Las obras públicas investigadas son la construcción de la Línea 9 del metro, la Ciudad de la Justicia, un pabellón municipal en Sant Cugat y las obras de revestimiento de una acequia del río Ebro. En este sentido, la Audiencia, para rechazar el recurso de CDC, menciona la documentación intervenida en el Palau de la Música durante los registros así como el análisis de la memoria USB de Gemma Montull, hija de la mano derecha de Fèlix Millet.
En concreto, se trata de los documentos “ferrovial-fundación”; “Construcción-pabellón”; “ADJUDICACIÓN LINEA 9” y “FERROVIAL.DOC” encontrados en el ordenador de las secretarias de Millet y Montull de los que, según el tribunal, “se desprende, a título indiciario, la actuación de intermediación del Sr. Millet entre Ferrovial y la Generalitat ”. Posteriormente, se habrían traspasado los ingresos de Ferrovial al Orfeó a Convergència a través de transferencias del Orfeó a la fundación del partido, la Trias Fargas.
“No compartimos que la imputación se base en meras conjeturas, sino que encuentra su apoyo en documentos, archivos informáticos y anotaciones manuscritas que permiten inferir, al menos de forma indiciaria, la existencia de un desvío de fondos muy considerable de Ferrovial al partido recurrente [Convergència] ”, resuelve la Audiencia.
En cuanto a Daniel Osácar, el tesorero de CDC que sucedió a Carles Torrent (fallecido en 2005), la Audiencia recuerda que sí hay indicios suficientes para llevarlo a juicio. El tribunal hace referencia a las anotaciones de otro documento incautado en el Palau de título “Quadre Ferrovial 29 de abril”, que contiene los pagos efectuados por Ferrovial en 2008 e incluye una columna denominada “pago a Daniel”, que guarda relación con anotaciones realizadas por Gemma Montull y movimientos de cuentas bancarias.
Juicio site años después de la entrada en el Palau
La instrucción del caso Palau ha resultado complicada y larga. El próximo 23 de julio hará siete años que los Mossos registraron el Palau de la Música y detuvieron a Millet y Montull. El 24 julio de 2015, el juez instructor, García de Eulate López, el cuarto que ha tenido la causa, dictó auto de apertura de juicio oral contra los antiguos gestores del Palau, Millet y Montull.
El juzgado de instrucción 30 de Barcelona hizo público que también enviaba a juicio la hija de Montull, Gemma Montull, la exdirectora general del Palau Rosa Garicano, el exdirectivo de Ferrovial Pedro Buenaventura, el extesorero de CDC Daniel Osàcar y una decena de personas y empresas más.
El próximo paso, una vez resueltos los recursos, será que el tribunal traslade a las partes -Fiscalía y acusaciones particulares- la petición para que formulen sus escritos de acusación, de sobreseimiento de la causa o, de forma excepcional, de práctica de más diligencias en el caso de que lo consideren necesario para formular sus acusaciones. Por otra parte, también faltan algunos trámites como comunicar a las empresas que constan como responsables civiles. Algunas de ellas, sin embargo, están en concurso de acreedores, por lo que los trámites pueden alargarse aún unos meses.