El secretario general de Unió y hasta ahora conseller de Interior de la Generalitat Ramon Espadaler ha explicado esta tarde que los socios de Convergència abandonarán el gobierno de la Generalitat, en el que tienen tres consellers, entre ellos la vicepresidenta, además de diversos cargos altos y medios. Pese a la decisión, Espadaler asegura que no rompen la federación de CiU. Seguirán dando apoyo al ejecutivo de Mas con sus 15 diputados en el Parlament y no harán cambios en los grupos municipales constituidos el pasado sábado.
Las diferentes opiniones sobre la posición que el catalanismo conservador debe adoptar ante el 'procés' ha abierto una crisis en la tradicional alianza entre Convergència y Unió que esta semana se ha revelado como irreversible. Espadaler ha comparecido después de que la cúpula de Unió se haya reunido este miércoles para encarrilar una separación entre los socios de la federación de CiU. El secretario general no ha ocultado su malestar sobre “las formas como se nos ha planteado” la decisión, “un ultimátum” por el que “Unió ha decidido dar un paso atrás”.
Tras meses de división, el secretario general de CDC lanzó este lunes un ultimátum a sus socios para que clarificaran si se sumaban a su candidatura el 27-S, que será independentista “de forma innegociable”. La dirección de Unió se había mostrado reticente a abrazar las posiciones de Convergència, sobre todo después de haber ganado la consulta interna que pone límites a la apuesta independentista.
En el fondo de la decisión de abandonar el Govern pero mantener el grupo parlamentario y los grupos municipales está el reparto de los escaños en las diputaciones (51 asientos a negociar) y en gobiernos comarcales (417). La crisis en el seno de la federación ha provocado que Convergència paralizara por la mañana las conversaciones sobre este reparto.
El sector independentista de Unió, liderado por Antoni Castellà, ha acusado a su partido “grave error histórico” y de hacer “chantaje” a Artur Mas, y se han rebelado ante la decisión de los dirigentes democristianos asegurando que no abandonarán los cargos en el Govern. De este sector es el propio Castellà, secretario de Universidad e Investigación; Carles Sala, secretario de Vivienda, o Pep Martorell, director general de Investigación.
Después de 37 años de alianza, las tensiones internas por el proceso soberanista ha acabado dando paso a una situación crítica entre los dos partidos, que podría extenderse hasta el Govern. El domingo pasado los afiliados a UDC votaron en una consulta interna donde resultó ganador el sector de Duran, que marca como líneas rojas para continuar el 'procés' que éste se haga dentro de la legalidad, mediante pacto con el Estado y rechazando la declaración unilateral de independencia. Estas condiciones impuestas por Unió quedan fuera de la hoja de ruta que el pasado febrero Convergència firmó junto a ERC y las entidades independentistas.
El malestar de Unió con el viraje independentista de Convergència viene de lejos. Desde la primavera pasada los democristianos se han quejado ante Artur Mas por el trato de socio prioritario concedido a ERC y por las acciones al filo de la legalidad que el Govern ha puesto en marcha, sobre todo con la consulta del 9-N. Duran salió de sus cargos en la federación justo hace un año y ambas formaciones también tuvieron fricciones en los meses anteriores a las municipales debido a la confección de listas. El grupo parlamentario de CiU en el Congrés, controlado por Unió, también ha dejado patente su división en algunas de las últimas votaciones, como la de la ley del aborto