“Eso no es así”. Con estas cuatro palabras, el representante legal de Convergència, Francesc Sànchez, ha negado ante el tribunal que juzga el caso Palau que el partido se financiara ilegalmente a través de la institución cultural. En una declaración que no ha llegado a la media hora, Sànchez ha considerado “normal” y “habitual” que empresas que trabajaban para Convergència hicieran donaciones al partido.
Sánchez, que el pasado 2 de febrero fue detenido y puesto en libertad en el marco del caso del 3%, ha comparecido este lunes en el juicio del caso Palau como representante legal de la extinta CDC, con los derechos propios de un acusado. Lo ha hecho para responder a la acusación del fiscal Emilio Sánchez Ulled, que considera a Convergència responsable civil a título lucrativo del expolio del Palau. Según el fiscal, Convergència camufló comisiones de Ferrovial a cambio obra pública por un total de 6,6 millones de euros –cantidad que pide decomisar a CDC– a través de la institución cultural.
Sànchez ha negado el testimonio de dos empresarios, que confesaron haber confeccionado facturas falsas al Palau por orden de Convergència. “Pagamos siempre por lo que hacemos. Si el Tribunal de Cuentas hubiese entendido que algunos gastos eran inferiores a la lógica por un acto de este estilo, lo habrían notado, habrían visto cosas extrañas, y en ningún momento las han encontrado”, ha alegado Sànchez.
Con todo, a preguntas del fiscal Sánchez Ulled, Sànchez ha considerado “normal” que empresas proveedoras que trabajaban para Convergència y cuyos responsables están acusados por falsificar facturas para camuflar las comisiones, como Mail Rent y Letter Graphic, hicieran donaciones a la formación. “Era habitual, no era una cosa extraña”, ha dicho.
La hija de Millet critica la “masacre” mediática
Este lunes también han declarado las esposas de Millet y Montull, Marta Vallès y Mercedes Mir, y las hijas del primero, Clara y Layla Millet. Todas ellas han comparecido en calidad de responsables civiles partícipes a título lucrativo por beneficiarse del saqueo del Palau que cometieron los dos mandamases del Palau, que pagaron viajes para toda la familia y obras en sus casas con el dinero de la institución cultural.
En el caso de las esposas, el fiscal pide que devuelvan, respectivamente, más cinco millones y 900.000 euros. Ambas han dicho desconocer que sus maridos pagasen los gastos personales de la familia con el expolio de la institución. “Yo pensaba que era dinero nuestro, teniendo dinero como teníamos”, ha dicho Vallès.
Por su lado, Clara y Layla Millet han declarado porque sus bodas se pagaron con fondos del Palau de la Música. Costaron más de 200.000 euros, cantidad que la institución cultural quiere recuperar. En el caso de Clara, además, Fèlix Millet cobró la mitad de la boda al consuegro (40.000 euros) a pesar de que el Palau corrió con todos los gastos. “Nunca pensé que el dinero de la boda salía del Palau”, han dicho ambas.
“Yo me dediqué al menú y a las flores”, ha alegado Clara, mientras que Layla ha remachado: “La boda era un regalo de mi padre. No sé si suena raro, pero no me interesaba lo que costara”. Además, Clara Millet, que trabajó diez años en el Palau, ha cargado contra la prensa, a la que ha acusado de llevar a cabo una “masacre” contra su familia y de meter a todos sus miembros “en el mismo saco” por el desfalco de más de 20 millones que, según el fiscal, cometió su padre. Layla Millet, que ahora vive en EEUU, también ha afeado a los medios de comunicación dar “información sesgada y descontextualizada”.
“Se nos discriminó totalmente”, ha afirmado Clara Millet, que ha asegurado que tanto su marido como ella fueron descartados en procesos de selección de personal por el saqueo que cometió su padre. Finalmente, se mudaron a Australia en 2012 “con un visado de estudiante”, y en las antípodas ha logrado la tranquilidad: “No hay prejuicios sociales y nadie me juzga por ser una Millet”.