“La desobediencia civil puede ser concebida como un método legítimo de disidencia frente al Estado, debiendo ser admitida en el seno de una sociedad democrática”. La frase no es de ningún dirigente soberanista catalán, sino de la sentencia del Tribunal Supremo del año 2009 que absolvió a los miembros de una fundación vasca a los que la Audiencia Nacional había situado en la estrategia de ETA. El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha hecho suyas estas palabras del Alto Tribunal este martes y se ha convertido en el único acusado por rebelión que ha reivindicado la desobediencia civil no violenta como motor del proceso soberanista.
Al contrario que los exconsellers y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que se han limitado a exponer un “dilema” entre la suspensión del 1-O que ordenó Tribunal Constitucional y el mandato ciudadano para celebrar el referéndum, Cuixart ha sido claro y contundente. Ha definido como “un privilegio” la llamada de Òmnium a la ciudadanía para “defender” los colegios el 1-O, que para la Fiscalía es una de las patas donde se sustenta la rebelión. Por contra, para Cuixart el 1-O “es el ejercicio de desobediencia civil mas grande que ha habido nunca en Europa”.
Los exconsellers no solo evitaron el término desobediencia civil sino que hilaron muy fino cuando los fiscales les preguntaban por su desacato al Constitucional. Insistieron en que la ley del referéndum no estaba suspendida cuando convocaron al 1-O, y lo máximo que llegaron es a reconocer un “dilema” o una “ponderación”, en palabras de Josep Rull y Jordi Turull, entre cumplir con el “mandato ciudadano” que les reclamaba el referéndum o con el “imperio de la ley”.
La expresidenta del Parlament Carme Forcadell, en la declaración que ha cerrado los interrogatorios de los acusados, ha seguido la línea de los exconsellers. “No queríamos desoír al Constitucional, pero teníamos que valorar bienes superiores: la libertad de expresión, el pluralismo político y la inviolabilidad parlamentaria”, ha aseverado. Forcadell y los exmiembros del Govern también han coincidido en rebajar la Declaración Unilateral de Independencia a una “declaración política sin trascendencia jurídica”.
A diferencia de los exconsellers, que han abogado por un referéndum pactado en sus declaraciones, Cuixart ha dicho que volvería a hacer otro 1-O: “Celebraremos tantos referéndums hasta que consigamos uno sin violencia policial y cuyos resultados sean implementados, como en el Québec o Escocia”.
Rebatiendo el núcleo central de la acusación de la Fiscalía, Cuixart ha negado que los congregados en los colegios el 1-O buscaran confrontarse con los agentes que tenían la orden de impedir la votación. Para Cuixart, más que votar, los concentrados querían “mostrar su disconformidad ante las suspensiones o prohibiciones injustas como la del referéndum”. “Usamos el derecho a reunión y manifestación y el ejercicio de la desobediencia civil no violenta para mostrar esa disconformidad”, ha proclamado.
La sentencia del Supremo sobre el conocido caso 18/98 que sentó en el banquillo a activistas sociales vascos es una de las causas principales de las que bebe la defensa de Cuixart. Pero no ha sido el único texto judicial que ha citado el presidente de Òmnium. También ha recordado que el juez que investiga las cargas del 1-O de Barcelona negó que fuera “ilegal ni ilícito” que los ciudadanos fueran a los colegios electorales “a reunirse o a depositar un papel sin valor legal alguno en una urna”.
La evolución de Cuixart
Las palabras de Cuixart no se pueden explicar sin tener en cuenta su evolución personal desde que entrara en prisión provisional el 16 de octubre de 2017. Tal y como el propio Cuixart expuso en una entrevista con eldiario.es, en sus más de 500 días en prisión se ha convencido de que la desobediencia civil “ha sido un instrumento imprescindible en la conquista y consolidación de los derechos y libertades a lo largo de la historia”, y que también lo será en el caso catalán.
De ahí que haya reivindicado desde el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo a emblemas de la desobediencia civil como Rosa Parks o Martin Luther King, así como a los insumisos (como él mismo) del servicio militar. Y citando al exlíder de CCOO Marcelino Camacho -“el derecho a huelga se gana haciendo huelga-, ha defendido que ”el derecho a votar se gana votando“.
Fruto de esa evolución, Cuixart ha sido el único acusado que ha rechazado reconocerse en lo que declaró en la fase de instrucción ante el juez Llarena. “Mi prioridad en instrucción era salir de prisión al precio que fuera, ahora es defender los derechos fundamentales y una resolución del conflicto entre Catalunya y España”.
Con todo, Cuixart tenía una baza para defender su tesis: al no ser cargo público, no recibió los sucesivos apercibimientos que el Constitucional sí envió a los exconsellers y a Forcadell para que no impulsaran el 1-O. Por ello no está acusado de desobediencia o malversación, sino tan solo por rebelión. Esto implica que si el Supremo aprecia que en el procés no hay la violencia suficiente contemplada por el delito de rebelión, Cuixart tiene más números para quedar libre que los exconsellers.
A la salida del Supremo, Marina Roig, Benet Salellas y Àlex Solà, abogados de Cuixart, se mostraban satisfechos por la declaración. “Ha sido el interrogatorio más preparado de la historia”, reconocían los tres penalistas, con años de experiencia en los tribunales. El tribunal dirá si sirve para absolverlo, pero de momento Cuixart ha logrado la adhesión de 4.000 personas que este martes se han hecho socias de Òmnium Cultural.