Los independentistas en prisión han completado este miércoles sus peticiones de libertad ante el Tribunal Supremo. La defensa del presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart ha pedido al Alto Tribunal que lo deje en libertad, a la luz de la decisión de la justicia alemana de no extraditar al expresident Carles Puigdemont por el delito de rebelión, el único que se le imputa y por el que permanece en prisión preventiva.
Marina Roig, abogada de Cuixart, ha presentado un escrito ante la sala de lo penal del Supremo para pedir la puesta en libertad del presidente de la entidad, en el que ofrece otras medidas cautelares para su cliente hasta el juicio. Por ejemplo la imposición de una fianza o la obligación de comparecer ante el juzgado, si fuera necesario diariamente.
La abogada razona en su escrito que el tribunal de Schleswig-Holstein no aprecia indicios de delitos de rebelión en el proceso independentista, por lo que no tiene sentido que su cliente permanezca en la cárcel teniendo en cuenta que ése el único delito por el que ha sido procesado, ya que al no formar parte del Govern no se le imputa malversación de caudales públicos (al igual que Jordi Sànchez y Carme Forcadell).
La letrada alega además que no existe riesgo de reiteración delictiva por parte de Cuixart y tampoco de huida, dado el “arraigo personal, familiar y laboral” del encausado, así como el hecho de que haya renovado recientemente su cargo de presidente de Òmnium. Y recuerda que su cliente ha comparecido ante los tribunales cuando se le ha citado y que siempre se ha mostrado a disposición de la justicia.
Además de la petición Supremo, Roig ha remitido una auditoría, en este caso al juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del 1-O, para acreditar que los 79.077 euros de subvenciones que recibió en 2017 procedían de administraciones locales y no de la Generalitat, tal y como sospechaba el juez.
El informe, elaborado por el despacho de auditores Faura-Casas, se basa en información obtenida en las cuentas anuales aprobadas por la junta directiva de la asociación en 2017, que el juez solicitó a Òmnium Cultural pese a que la Guardia Civil ya se llevó de su sede toda su documentación económica, tanto en papel como en soporte digital. Es decir: el juez requirió a Òmnium información ya disponible en los papeles que se llevaron los agentes en el registro efectuado el pasado 15 de marzo.
En este sentido, Roig afea al juez que el registro de la entidad no cumplió con los requisitos de “excepcionalidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad” que marca la ley, y avanza que pedirá la devolución de toda la documentación intervenida y pedirá que la diligencia acordada por Ramírez Sunyer sea considerada nula.
La auditoría muestra que Òmnium recibió el año tan solo 79.077 euros en subvenciones públicas, que supusieron el 0,86% de sus ingresos totales, procedentes de una veintena de ayuntamientos y entidades locales catalanas, en su mayoría para financiar actos culturales.
Los auditores recalcan que todas las subvenciones recibidas por Òmnium Cultural en 2017 procedían de “administraciones públicas de ámbito territorial local, que se han obtenido para contribuir a la financiación de actividades específicas de la asociación realizadas en el territorio correspondiente”. También la Assemblea Nacional Catalana (ANC), a petición del instructor, ha certificado que, desde su creación, la entidad no ha recibido “ningún tipo de subvención de ninguna administración pública ni entidad relacionada”.