El apoyo de la mayoría parlamentaria al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la cuestión de confianza que planteará ante la Cámara el próximo 28 de diciembre podría estar asegurada. Para ello, solo debería cumplir dos requisitos: comprometerse a convocar un referéndum “unilateral” sobre la independencia y no vincular a ello la aprobación de los presupuestos.
Así se lo ha vuelto a recordar este lunes la CUP por boca de la diputada Anna Gabriel, que ha reclamado que los contactos para negociar el apoyo de los 10 diputados anticapitalistas comiencen sin dilación, después de que la semana pasada no se les convocara al primer encuentro, como se esperaba. Según ha vuelto a poner sobre la mesGabriel, y como ya había señalado otras personas de la candidatura anteriormente, contentar a la CUP es tan fácil como ponerle fecha al referéndum que reclaman, para el que la Generalitat no tiene competencias.
Que Puigdemont recogiera el guante sería la forma más sencilla de obtener el apoyo cupaire, puesto que la candidatura no debería someter el acuerdo al juicio de sus bases, ya que el referéndum unilateral fue aprobado en la última asamblea general de formación. Con ese mandato, para los diputados de formación de la izquierda independentista reafirmar su apoyo al president en la cuestión de confianza sería casi automático.
Pero es poco probable que el escollo de la cuestión de confianza sea tan fácil de superar para el independentismo. Los problemas estriban en la pretensión manifestada por el Govern de incluir la aprobación de los presupuestos en el programa de gobierno con el que el president se presentará ante la Cámara para reclamar su apoyo. Es aquí donde la CUP recuerda que debería volver a convocar sus implacables asambleas de militantes, puesto que fueron estas las que rechazaron las anteriores cuentas.
Temor a una nueva brecha en el independentismo
La diferencia de criterios entre ambos grupos vuelve a despertar temor en todas las formaciones del independentismo. La CUP es consciente de que debe jugar bien sus cartas para obtener el máximo de sus objetivos, siendo a la vez aceleradores del proceso independentista y sin soliviantar a ninguno de sus sectores. Este será uno de los principales retos del nuevo Secretariado Nacional, presentado este sábado, que ha logrado poner de acuerdo a la mayoría de sus bases y que tiene el encargo de recoser los sectores enfrentados durante los últimos meses.
Pero también la operación en torno a la cuestión de confianza, lanzada como un órdago por Puigdemont el mismo día que el Parlament rechazó el primer proyecto de cuentas de su gobierno, preocupa en la antigua Convergència y en ERC. El objetivo de reclamar el apoyo al Parlament no era otro que conseguir aprobar los presupuestos, una fórmula que se usa habitualmente en las entidades locales, pero las reticencias de la CUP a dar un apoyo gratuito a las cuentas podría volver a sembrar la discordia no solo entre el independentismo, sino también en el Govern. Durante la pasada negociación, el departamento de Economía, dirigido por Oriol Junqueras, chocó en diferentes ocasiones con los consellers de Convergència por la voluntad del primero de subir el IRPF a las rentas altas. El Ejecutivo quiere evitar que vuelvan a producirse capítulos así a toda costa.
El RUI, cada vez más probable
Vinculado o no a los presupuestos, de lo que cada vez hay menos dudas es de que el Govern aceptará la idea del referéndum sobre la independencia convocado desde la presidencia de la Generalitat, el llamado “RUI”. Tanto es así que durante este verano el Govern ha estado estudiando diferentes aspectos técnicos sobre su celebración, según reconocen a este diario fuentes gubernamentales. Según esta información, el president y su gabinete tendrían la voluntad de impulsar un referéndum de este tipo, pero aún no habrían tomado la decisión final, que estaría vinculada a las posibilidades fórmulas para llevarlo a cabo.
El denominado “referéndum unilateral de independencia” es una idea que ha sido recurrente durante el proceso soberanista, especialmente durante la fase de redacción de la “hoja de ruta” con la que Junts pel Sí acudió a las elecciones del 27-S. Meses después la idea resurgió como una de las enmiendas aprobadas por la asamblea de la CUP de mayo pasado. A partir de entonces, un manifiesto lanzado por independientes a favor de la idea recogió más de 10.000 firmas en las primeras semanas y, finalmente, la ANC sometió la decisión a sus militantes, que votaron a favor de reclamar el RUI al Govern.
Más allá de la voluntad y el acuerdo entre partidos para convocar esta fórmula de referéndum, los problemas técnicos para hacerlo son evidentes puesto que la Generalitat no dispone de competencias, en principio, para llevarlo a cabo. La ley de Consultas aprobada por Artur Mas antes del proceso participativo del 9-N no prevé la posibilidad de celebrar referéndums y ni siquiera sirvió para dar cobertura legal a la consulta del 9-N, que fue paralizada por el Constitucional. En esta ocasión podría optarse por la desobediencia abierta al Alto Tribunal, pero incluso así la Generalitat encontraría problemas logísticos de primer orden, como la utilización de funcionarios, la dificultad para dotar al proceso de garantías mediante un organismo independiente supervisor o la elaboración del censo de votantes.