El aval que Junts pel Sí y la CUP dieron a la vía unilateral hacia la independencia ha dejado a los anticapitalistas como la única alternativa del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, para superar la cuestión de confianza a la que se someterá el 28 de septiembre. Puigdemont tanteó el terreno con otros grupos justo después del portazo cupaire a los presupuestos, pero tras la votación de este miércoles no le queda otra salida que la CUP a no ser que renuncie a su máximo objetivo político: la independencia de Catalunya. Los presupuestos para 2017 y el referéndum unilateral de independencia son las carpetas que Puigdemont y la CUP deben abordar para que el president supere su particular sesión de investidura. Quedan menos de dos meses.
Presupuestos
Será el hueso más duro de roer. La CUP ha indicado en público y en privado que no está de acuerdo con que el president se presente ante la Cámara para seguir en el Govern con los presupuestos bajo el brazo. Pero desde el Palau de la Generalitat no quieren volver a firmar un acuerdo con los anticapitalistas que no asegure la gobernabilidad práctica, empezando por los presupuestos, la ley más importante de todo ejecutivo.
Puigdemont busca evitar así que Junts pel Sí y la CUP vuelvan a interpretar cada uno a su manera un acuerdo político, como sucedió en enero. La CUP avisó desde el mismo día en que firmó el pacto con JxSÍ que los presupuestos no estaban incluidos en el texto por el que se comprometía a “garantizar la estabilidad parlamentaria”.
Pese a este aviso, antes de provocar que por primera vez desde la recuperación de la democracia un Govern no consiguiera siquiera tramitar sus presupuestos, los cupaires aparcaron el anticapitalismo para coquetear con la socialdemocracia. Buscaban así forzar que ERC incluyera en las cuentas reformas progresivas del sistema fiscal que depende de la Generalitat, en línea con lo aprobado por el Parlament en el último pleno sobre pobreza. Pero Convergència se cerró en banda a tocar cualquier impuesto, lo que aceleró el 'no' cupaire a las cuentas, la rotura del pacto con Junts pel Sí y la cuestión de confianza.
De momento el Govern no ha dado pistas sobre las nuevas cuentas. Todavía resuenan las discrepancias públicas entre CDC y ERC a cuenta del IRPF. Con todo, tanto Puigdemont como el vicepresident y conseller de Economía, Oriol Junqueras (ERC) tienen claro que el apoyo a las cuentas para 2017 es indispensable para la cuestión de confianza. “No tendría sentido superar la cuestión de confianza y que volviéramos a quedar atascados en el mismo punto. ¿Si se supera y luego no hay acuerdo presupuestario, de qué ha servido?”, aseveró hace pocos días Junqueras.
La ley de la presidencia no marca que el inquilino de la Generalitat deba incluir sus presupuestos en la cuestión de confianza. Indica, eso sí, que el president puede plantear al Parlament una cuestión de confianza “sobre su programa, sobre una declaración de política general o sobre una decisión de trascendencia excepcional”.
Referéndum unilateral
La otra pata de la cuestión de confianza versa sobre la unilateralidad del proceso soberanista. Este sábado el diputado de la CUP, Benet Salellas, pidió a Puigdemont que fijara “una fecha y un instrumento” para ejercer el derecho a la autodeterminación y encarar de paso la cuestión de confianza.
Desde que rechazaron discutir los presupuestos, los cupaires han apostado por celebrar un referéndum unilateral de independencia, el llamado RUI. De hecho, el punto más destacado de la votación de desobediencia que JxSí y la CUP forzaron este miércoles es el que contempla un “mecanismo unilateral de ejercicio democrático” para “activar la convocatoria de la Asamblea Constituyente”.
Los jóvenes dirigentes del Partit Demòcrata Català (PDC), la antigua Convergència, no ven el RUI con malos ojos, aunque sectores del partido lo rechazan de plano. El conseller de Cultura, Santi Vila, lo tildó de “aportación inoportuna e injustificada”.
Con todo, aunque los independentistas se pongan de acuerdo en el llamado RUI o cualquier otro ejercicio de autodeterminación que lleven a cabo las instituciones catalanas, les seguirá faltando la parte más importante: partidos y ciudadanía favorables al derecho a decidir pero no a la independencia que participen y den legitimidad a la votación. De momento, ni el entorno de los 'comuns' ni, en especial, Catalunya Sí Que es Pot, han recibido con entusiasmo la vía unilateral.
Un cambio en la negociación
Además del qué, en la negociación sobre la cuestión de confianza importa el cómo. Desde la CUP lamentan que Puigdemont no les haya convocado todavía para debatir la cuestión de confianza. No se descarta una reunión oficial algún día de esta semana.
Por su lado, en el PDC no ha sentado bien la exigencia de Salellas para que Puigdemont feche el RUI para superar la cuestión de confianza. “Que nos demuestren que también son leales al pueblo de Catalunya por encima de la asamblea antes de exigir nada”, afirmó este sábado el president.
“Nadie está en disposición de poner condiciones. Y la CUP tampoco”, ha sentenciado este domingo la coordinadora general del PDC, Marta Pascal. La dirigente también ha querido situar a los cupaires en una disyuntiva: “La CUP tiene que decidir si está entre los que bloquean o entre los que suman”.
La intención de los cupaires era tener resuelta la cuestión de confianza antes de que terminase el mes de julio, aunque no será así. Cabe señalar que la CUP se encuentra en una fase de interinidad que terminará el 7 de agosto, cuando se hará público el nuevo secretariado nacional que liderará la lista encabezada por el exdiputado Quim Arrufat (la única que se ha presentado).
Sea en agosto o en septiembre, el objetivo de la CUP es evitar una nueva negociación agónica que acentúe más su división interna. Voces destacadas de la CUP creen que la manera en la que se han gestionado los procesos de toma de decisiones –asambleas navideñas que terminan en empate, consejos políticos que acaban al filo de la medianoche– han contribuido a poner de manifiesto la división del partido, al margen de las discrepancias políticas internas.
En este sentido, Salellas descartó la convocatoria de una asamblea extraordinaria para decidir sobre la posición de la CUP, como ocurrió con la investidura. No obstante, basta con que tres asambleas territoriales cupaires la reclamen para forzarla. Hay todavía mucha tela que cortar cuando faltan 59 días para la cuestión de confianza.