Primero fueron el alcalde y los concejales independentistas, luego cuatro bomberos y los responsables de un gimnasio, y finalmente ha sido el turno de un mecánico de Reus (Tarragona). Jordi Perelló ha declarado este miércoles como imputado por negarse a arreglar el coche de un policía en una causa instruye el juzgado de instrucción 3 de la localidad tarraconense. En concreto, la modalidad del delito de odio y discriminación por el que se le investiga se refiere a los que en el ejercicio de sus actividades profesionales denieguen a una persona la prestación de un servicio por ideología, religión, raza o creencias.
Perelló fue denunciado por una pareja, un hombre agente de la Policía Nacional y una mujer miembro de los Mossos d'Esquadra, tras negarse a reparar cualquier coche oficial o particular del primer cuerpo policial por las cargas del 1-O, lo que provocó una discusión entre ellos. Según explicó el propio mecánico en RAC1, el decreto que regula el sector le permite “escoger los vehículos” que atiende al no ser un taller marquista.
Fuentes judiciales han explicado que en la sesión de este miércoles han declarado los dos denunciantes en calidad de testigos y el mecánico como imputado, que sólo ha contestado a las preguntas de su abogado. En la causa también está personada la Abogacía del Estado y se han solicitado más diligencias testificales que se practicarán en los próximos días.
El abogado del mecánico, David Piqué, ha explicado que una vez examinado el atestado policial y la versión de los denunciantes, el caso se tendría que archivar, pues, a su juicio, ha quedado claro que Perelló no incitó al odio. En los juzgados de Reus hay 13 personas investigadas por incitación al odio, además de Perelló: el alcalde de la localidad, Carles Pellicer (PDeCAT), seis concejales, cuatro bomberos y dos responsables de un gimnasio.
En Manresa, por desobediencia
Por otro lado, en los juzgados de Manresa, el concejal de ERC y teniente de alcalde de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), Jordi Pesarrodona, se ha negado a declarar por desobediencia el 1-O. “El delito de desobediencia no tiene ninguna base jurídica y no llevaría a ninguna parte dar cualquier tipo de explicación”, ha explicado.
Se da el caso que tanto como Pesarrodona como Joan Badia, el alcalde de Callús, otra localidad de la comarca de El Bages imputado en el juzgado de Manresa y que también se negó a declarar este martes, fueron denunciados por desobediencia el 1-O tras ser golpeados y empujados por la Guardia Civil el día de la votación.
Según la versión de Pesarrodona, los agentes de la Guardia Civil se dirigieron a él como “el famosillo” el 1-O por la foto que devino viral el 20 de septiembre, cuando el concejal, payaso de profesión, se situó al lado de un agente del Instituto Armado para protestar contra los registros de esa jornada ordenados por el juez de instrucción 13 de Barcelona.
Fuentes judiciales han aclarado que, al contrario de lo que ha circulado por redes sociales y algunos medios de comunicación, el único delito que imputa la jueza a Pesarrodona es el de desobediencia por los hechos del 1-O, y no el de incitación al odio por la protesta con su nariz de pallaso.
Pesarrodona es el hombre con gafas y camiseta negra que aparece al principio del segundo vídeo y que posteriormente es empujado por los agentes, mientras que Badia es el hombre que recibe un golpe con el escudo por parte de un agente.