Germà Gordó, mano derecha de Artur Mas en Convergència y en la Generalitat hasta el 2015, ya tiene fecha para comparecer ante el juez como imputado en el caso del 3%. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) Carlos Ramos ha citado a Gordó el próximo lunes, 24 de julio, a las 9.30 horas. También ha citado para el mismo día al extesorero de CDC, Andreu Viloca, en este caso como testigo –Viloca sí está imputado por el 3%, pero en el juzgado de El Vendrell.
Gordó mantiene su escaño en el Parlament como diputado no adscrito, que le da derecho al aforamiento y a ser investigado por el TSJC en vez de un juzgado ordinario. Su imputación provocó una tormenta política, que terminó con el PDECat forzando su marcha del partido y del grupo de JxSí. Como imputado, Gordó tendrá derecho a no responder a las preguntas de las partes cuando acuda a declarar. Su defensa la pilota el penalista Cristóbal Martell.
El pasado mes de junio, la sala civil y penal del TSJC consideró, en base a la exposición razonada enviada por el juez de El Vendrell, que había suficientes indicios para investigar a Gordó. La Fiscalía considera a Gordó como “el conseguidor” del 3%, mientras que, según los magistrados, Gordó habría requerido “cuantiosas donaciones” a las constructoras interesadas en obtener obras públicas de la Generalitat.
El periodo sobre el que se investiga a Gordó va de los años 2011 a 2013, cuando fue secretario del Govern y conseller de Justicia, además de miembro del consejo de administración de la empresa adjudicataria de obra pública de la Generalitat, Infraestructures.cat. Según el auto que acordó investigarle, Gordó habría “terciado directamente o indirectamente” ante las autoridades responsables de adjudicar las obras y, a cambio, los empresarios habrían donado dinero a CatDem y Fòrum Barcelona, las fundaciones de CDC.
Cinco contratos tienen a a Gordó bajo sospecha. Por ejemplo, el refuerzo del dique este del Puerto de Barcelona, adjudicado en 2012 por 39,6 millones a una UTE formada por Copisa, Comsa, Acsa y Benitó Arnó, y el mantenimiento de los colegios del Consorcio de Educación de Barcelona, que ganó Copisa por 4,7 millones. Según el auto, Gordó “negoció personalmente los importes de las licitaciones y de las donaciones” con el entonces consejero delegado de Copisa, Xavier Tauler y a cambio la constructora dio 100.000 euros a las fundaciones de CDC.
En el caso de la constructora Pasquina, la donación fue de “al menos” 147.000 euros a cambio de un contrato de 2,1 millones en obras de mejora de la carretera C-55 y otro de 7,2 millones de trabajos de mejora de las carreteras de alrededor de Berga. Según el juez, Gordó también negoció importes, donaciones y fechas de entrega de los importes con el administrador único de la constructora, Félix Pasquina.
Finalmente, Gordó habría obtenido “diversos regalos personales” de la empresa Oproler tras mediar con uno de sus directivos, Josep Manel Bassols, para que la constructora ganara un contrato de 2,6 millones para unas obras en un instituto de Manresa. En el sumario del caso también constan las gestiones que Bassols hizo con Gordó y Artur Mas para lograr un cargo en el Govern para su esposa, la magistrada Núria Bassols.