El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha imputado este viernes al exconseller de Justicia de la Generalitat y actual diputado de JxSí, Germà Gordó, por su presunta participación en el caso del 3%, que investiga si Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) cobró comisiones a cambio de obra pública. Entre los delitos que se le imputan se cuentan los de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de fondos públicos.
El juez de El Vendrell que investiga el caso ya solicitó por primera vez imputar a Gordó, que es aforado ante el TSJC por su condición de diputado, a finales del año pasado por las sospechas de que el exconseller sería el mediador en la gestión de donaciones de empresas a CDC y a fundaciones afines a cambio de facilitar adjudicaciones de obra pública. El TSJC, sin embargo, rechazó investigarle, y reclamó al juez que expusiera de forma más detallada sus motivos para pedir la imputación.
El juez se apoya en los informes de la Fiscalía Anticorrupción, que considera a Gordó como el “conseguidor” o “recaudador” en la trama del 3%. Los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo, apartados del caso el pasado mes de abril por su antiguo jefe en Anticorrupción, el dimitido Manuel Moix, consideran que el exconseller habría supervisando la labor del tesorero de CDC, Andreu Viloca –imputado y detenido dos veces en la causa– que controlaba de forma “sistemática” las supuestas mordidas.
Además de las sospechas sobre su participación en la presunta financiación ilegal de CDC a través de comisiones a cambio de obra pública, los investigadores tienen el foco sobre Gordó por sus conversaciones con un empresario imputado en el 3%, marido de la magistrada del TSJC, Núria Bassols.
Según las pesquisas, Josep Manel Bassols contactó con Artur Mas y Gordó para que colocaran a su esposa en el Govern. Núria Bassols fue fichada por el Ejecutivo catalán en 2013 como responsable de Transparencia tras archivar el caso Adigsa para el diputado de CiU, Ferran Falcó.
Por su lado, Gordó, en su comparecencia ante el Parlament, reconoció haberse reunido con empresarios, pero negó que tanto él como los directivos hubieran cometido acciones contrarias al “ordenamiento jurídico”. Gordó, uno de los más estrechos colaboradores de Artur Mas, fue secretario del Govern entre 2010 y 2012, después pasó a ocupar la conselleria de Justicia y desde 2015 es diputado de JxSí.