La agitación política del pasado otoño ha tenido consecuencias penales no solo en la macrocausa del Tribunal Supremo a los líderes del 'procés'. Las denuncias que los distintos cuerpos policiales recibieron por discriminación política en Catalunya crecieron el año pasado un 124%, pasando de 54 a 121. El fiscal contra los delitos de odio de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, vincula este aumento a la “elevada polarización que ha sufrido una parte de la sociedad catalana” a raíz de la fase unilateral del proceso soberanista.
Según la memoria del año pasado del servicio de delitos de odio y discriminación de la Fiscalía de Barcelona, la orientación ideológica se ha convertido en el segundo motivo más numeroso en los atestados policiales y los procesos judiciales por odio y discriminación (30,8% del total), solo superado por el racismo y las víctimas de delitos por su origen étnico (34,1%). La tercera causa es la LGTBIfobia (22,6%), seguida de la discriminación religiosa (8,7%).
La memoria de la Fiscalía no concreta qué porcentaje de las denuncias por discriminación política se ha presentado por partidarios de la independencia o de la unidad de España. Con todo, en el apartado de diligencias de investigación más relevantes abiertas en 2017 por el servicio de odio y discriminación del ministerio público destacan las investigaciones a concejales que habrían presionado a hoteleros par echar a agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional alojados en sus establecimientos.
La Fiscalía que comanda Aguilar también ha llevado la iniciativa para denunciar la supuesta humillación de profesores a hijos de guardia civiles en un instituto de Sant Andreu de la Barca. La causa permanece abierta en un juzgado de Martorell y hay cuatro docentes investigados (a cinco se les exculpó). Asimismo, se investigan los ataques a sedes de partidos constitucionalistas contrarios al 1-O.
En conjunto, en 2017 se registraron en Catalunya 393 denuncias por delitos de odio o discriminación, un 44% más que el año anterior. Los procesos judiciales han alcanzado los 291, frente a los 226 de 2016 y 136 de 2015, lo que supone un incremento del 110% en dos años. La mayor parte de los hechos denunciados se cometieron de manera presencial, por solo un 13% en Internet y redes sociales. Destaca además que el 77% de los denunciados por odio o discriminación el año pasado fueron hombres.
Además de los vinculados a la ideología, durante el año pasado aumentaron un 24% las denuncias por discriminación por origen étnico (de 108 a 134) y un 162% las relacionadas con la religión (de 13 a 34). El fiscal ve este incremento motivado por los atentados de Barcelona y Cambrils de agosto, que azuzaron las amenazas y coacciones contra la población musulmana. Se mantiene abierta una investigación por tuits “de contenido relevante penalmente”.
Más allá del incremento coyuntural por el 'procés' y los atentados, permanecen abiertas “numerosas diligencias” por comentarios vertidos en Internet o en redes sociales que promueven el odio y la hostilidad contra mujeres, musulmanes, el colectivo LGTBI y el pueblo gitano. Es el caso de la investigación en varios juzgados de Barcelona a la negativa de prestar servicios empresariales a personas negras y transgénero.
Respecto a las sentencias obtenidas a petición de la Fiscalía contra los delitos de odio, destacan la que condenó a un curso de derechos humanos y cuatro meses de cárcel a la mujer que deseó que violaran a la líder de Ciudadanos en Catalunya, Inés Arrimadas, así como la condena a un hombre por amenazar de muerte al expresident Carles Puigdemont desde un perfil falso de Francisco Franco en Facebook.
El servicio contra los delitos de odio que lidera el fiscal Aguilar fue pionero en España. De Aguilar ha partido también la propuesta, asumida en su totalidad por la Fiscalía General del Estado (FGE), de reformar el Código Penal para rebajar las penas de los delitos de odio cometidos a través de las redes sociales, que a día de hoy pueden llegar a los cuatro años de prisión.
El ministerio público, siguiendo la jurisprudencia europea y las recomendaciones del Consejo de Europa, insta a los diputados a rebajar las penas de cárcel del artículo 510.3 del Código Penal, que las agrava cuando la incitación al odio y a la discriminación se comete a través de un medio de comunicación o Internet. También se propone cambiar la pena de prisión por multas, pérdida de derechos políticos o trabajos comunitarios, por ejemplo la visita a memoriales del Holocausto o trabajos en asociaciones o colectivos de víctimas.
Y es que la experiencia ha demostrado, expone Aguilar, que muchos de los condenados “son personas comunes” que no pertenecen a grupos criminales, sino que escriben “de forma irreflexiva e impulsiva” en las redes comentarios ofensivos por motivos xenófobos, racistas u homófobos. Una buena parte de los autores estaría dispuesto a reconocer los hechos de inmediato, pero al contemplar el delito penas más altas a los tres años de cárcel, no se puede alcanzar una conformidad en el juzgado de guardia.