La Hacienda autonómica catalana no estaba preparada a nivel informático para sustituir a la Agencia Tributaria después del 1-O. Así lo ha relatado ante la jueza un directivo de la empresa informática que desarrolló un sistema informático para la Agència Tributària Catalana (ATC), el llamado e-Spriu, que según la Guardia Civil era el embrión de la Hacienda propia de una hipotética Catalunya independiente.
Un director de proyectos de la empresa informática IBM ha declarado este martes como testigo ante la juez del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) Maria Eugènia Alegret, en la causa que investiga a Josep Maria Jové, exnúmero dos de Oriol Junqueras, por organizar el 1-O. Se trata de la causa derivada de la investigación de los preparativos del referéndum del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que ha recaído en el TSJC porque Jové es diputado.
El directivo de la empresa informática, que desarrolló dos módulos informáticos para la Agencia Catalana, ha precisado que el sistema e-Spriu no se creó con la intención de sustituir a la Hacienda española, aunque sí se podría adaptado para acabar recaudando todos los impuestos de los catalanes.
Sin embargo, en septiembre de 2017, antes del referéndum del 1-O, el testigo ha asegurado la aplicación seguían sin estar preparada para funcionar como una Hacienda propia de Catalunya en la recaudación de los impuestos, ya que ello requeriría de por lo menos dos años de desarrollo informático.
La declaración de este directivo se sitúan en línea de lo que aseguraron los políticos independentistas catalanes cuando aprobaron la ley de la Hacienda catalana antes del 1-O. Los independentistas reconocieron que la norma se limitaba a cumplir con las competencias autonómicas en materia fiscal que tiene la Generalitat, pero que podía ser el fundamento para una hipotética Hacienda propia.
Por contra, según la Guardia Civil, el sistema e-Spriu era demasiado ambicioso como para tramitar los impuestos de una comunidad autónoma. En un informe, los agentes concluyen que el plan del Govern era “acabar supliendo” a la Agencia Tributaria en una hipotética Catalunya independiente.
Según la Guardia Civil, el Govern gastó 770.000 euros en sendas aplicaciones informáticas para recaudar de forma voluntaria los impuestos de los contribuyentes y cobrar el IRPF y de las cotizaciones sociales de las empresas públicas. En el caso de la primera aplicación, el directivo ha señalado que IBM se encargó de su mantenimiento hasta que en 2016 se desactivó por su escaso éxito.
Respecto al segundo programa, que se cerró con la activación del artículo 155 en octubre de 2017, el directivo ha dicho que se lo encargó el Govern a la empresa informática con el fin de optimizar los recursos de la Generalitat, al agrupar las recaudaciones de las empresas y organismos de su sector público.
Ante la juez han declarado también como testigos varios agentes de la Guardia Civil que investigaron los preparativos del 1-O, por orden del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, entre ellos el teniente coronel Daniel Baena, jefe de la policía judicial del instituto armado y máximo responsable de las pesquisas. Los agentes han ratificado los informes que presentaron al juez, en los que concluyen que el Govern malversó fondos públicos en el referéndum del 1-O, al pagar gastos como los del Diplocat o la distribución postal de las papeletas.