Tres economistas han hecho un ataque frontal contra la proposición de ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía en la sesión de la Comisión de Bienestar, Familia e Inmigración que la estudia, ante la desesperación de los promotores de la iniciativa legislativa popular que la ha llevado al Parlament. Los tres economistas habían sido invitados por CiU.
Dos catedráticos de Economía de la Universidad Pompeu Fabra -Guillem López-Casasnovas y Oriol Amat- y uno de la Universidad de Barcelona, Josep Oliver, han considerao que esta proposición es inaplicable y que el Gobierno de la Generalitat no tiene capacidad económica suficiente para hacerle frente. López-Casasnovas ha llegado a referirse a ella como un “disparate”. Josep Oliver ha afirmado que “está fuera de lugar”. Los tres economistas han planteado todas las dudas y suspicacias contra las que han venido luchando los portavoces de la ILP que recogió más de 120.000 firmas y que tiene que terminar sus trabajos a finales de mes. Oriol Amat ha sacado el espantajo del fraude en los subsidios, la falta de voluntad de buscar trabajo por parte de las personas que reciban esta Renta y del exceso de corrupción en nuestro país. “Estamos en el paraíso del fraude”, ha afirmado.
Guillem López-Casanovas ha mezclado los conceptos de Renta Garantizada de Ciudadanía y de Renta Básica para calcular los costes de la propuesta que se debate. Ha hablado de un coste de 52.900 millones de euros mientras que Oriol Amat lo ha situado en los 40.000 millones. En ambos casos, cantidades superiores al presupuesto actual de la Generalitat.
Por el contrario, el economista Jordi Arcarons, que compareció con anterioridad en esta Comisión y que ha hecho los cálculos presentados por los promotores de la ILP, redujo este costa a unos 3.000 millones. Esta ley no es la solución “, ha dicho con contundencia. Para él, la solución a los problemas de desigualdad y pobreza pasa por mejorar la educación, promover la emprendiduría y combatir el fraude. Josep Oliver considera que ”se pretende hacer un salto de escala para el que este proyecto de ley no sirve y el país no se lo puede permitir“.
Los tres economistas se han mostrado contrarios al texto de la proposición de ley que señala que los 664 euros de la Renta Garantizada de Ciudadanía se recibirán sin contrapartidas laborales, pese a que en su redactado sí que señala que los beneficiarios deberán “aceptar ofertas de trabajo que se adapten a su perfil personal profesional. Los tres han coincidido también en señalar la gravedad de la situación de pobreza que sufre Catalunya pero no ven soluciones a corto plazo.
Oriol Amat ha cerrado las comparecencias del trío de Economistas abriendo una pequeña brecha constructiva: “Mi modelo es Nueva Zelanda, donde se da mucho dinero a las personas en situación de pobreza pero también se les exigen muchas contrapartidas”. No se ha sido suficiente para compensar la indignación de los promotores de la ILP que tanto les ha costado llevar a debate a Parlament y que, si todo va bien, debería convertirse en ley en las próximas semanas.