La amenaza de las elecciones y la presión judicial apremian al independentismo a desbloquear la legislatura
La eterna pregunta que se ha instalado en la política catalana sigue siendo la pregunta que sigue sin respuesta: ¿Y ahora qué? El independentismo intenta recuperarse del mazazo emocional que han supuesto los últimos encarcelamientos y la decisión de Marta Rovira de huir a Suiza, mientras trata de rehacer una estrategia política que deberá poner en marcha antes de dos meses si no quiere volver a una campaña electoral.
El pleno de este sábado ha evidenciado dos realidades: El intento fallido de investir a Jordi Turull, de nuevo encarcelado, obliga a cambiar la estrategia de JxCat y ERC, y buscar un nuevo nombre. Podría ser ya el turno de Elsa Artadi, pero nadie lo da por hecho. El reloj hacia unas nuevas elecciones ya ha empezado a correr. Si los partidos no lo evitan los catalanes tendrán que regresar a las urnas a primeros de junio. Dos meses más en los que el autogobierno seguirá intervenido puesto que el artículo 155 seguirá siendo vigente.
La segunda evidencia que ha dejado la sesión de este sábado es que empiezan a desdibujarse los bloques. Los 'comuns se han sumado a los grupos independentistas para denunciar lo que consideran un abuso de la justicia con el propósito de acabar con las pretensiones del secesionismo. La imagen del presidente del Parlament, Roger Torrent, junto a sus predecesores y los máximos representantes de JxCat, ERC, CUP y los 'comuns' tal vez sea algo más que una fotografía. El partido de Xavier Domènech puede jugar en las próximas semanas un papel que hasta ahora no tenía.
Tambien los socialistas, todavía situados mucho más cerca de Ciudadanos y el PP, insistieron en que hay opciones para explorar consensos. El grupo de Miquel Iceta volvió a tender la mano al independentismo pero se negó a aplaudir a los familiares de los presos. Es más que improbable que el PSC pueda apoyar a un candidato independentista a la investidura, pero es un mensaje de cara a la legislatura que se avecina (a no ser que se imponga la alternativa de unas nuevas elecciones).
Soraya Sáenz de Santamaría acertó cuando dijo que habían “descabezado” el independentismo. Los autos del juez Pablo Llarena han sido letales para un movimiento que está noqueado pero que sigue exhibiendo músculo en la calle. Durante los últimos meses en el independentismo se han dibujado dos estrategias, una más proclive a formar un Govern autonómico pasando por el aro de las exigencias de los tribunales y Moncloa, y otra proclive a una desobediencia inmediata. Ninguna de las dos han ganado hasta ahora la pugna y, la vía intermedia que trató de dibujar Turull, ha naufragado.
El independentismo es todavía una mayoría parlamentaria. Pero solo mantendrá esta condición en la medida que sea capaz de consensuar una vía unitaria entre los dos grandes partidos. El anuncio de la CUP en el pleno del jueves de que se desentendía de las alianzas suscritas hasta el momento con JxCat y ERC, y de que pasaba a la oposición, auguran aún más problemas para acabar de cuajar el bloque en los próximos meses.
A diferencia de la legislatura pasada, los cuatro diputados de la CUP ya no son decisivos para la investidura de un independentista. Pero, a falta de los anticapitalistas, JxCat y ERC necesita poder disponer de los dos votos que Carles Puigdemont (JxCat) y Toni Comín (ERC) hacen inválidos mientras retengan sus actas de diputado en Bélgica. El primero ya ha puesto a disposición de los suyos su acta; no así el segundo, que opina que deben mantenerla y conseguir un pacto con la CUP. Incluso aunque eso implique volver a la desobediencia que su partido quiere evitar. Cuadrar este 'sodoku' de intereses será la tarea de los independentistas en los próximos dos meses, mientras el reloj, ahora sí, corre.
