El empresario Joan Manuel Parra, que se enfrenta a dos años de cárcel por falsear facturas para defraudar a Hacienda, ha acusado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata a la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) de emplear un sistema de facturaciones falsas con una productora de programas de TV3 para financiar actos de la campaña electoral de 2010.
Parra ha sido llamado a declarar como testigo en el caso del 3% que instruye De la Mata después de que el empresario entregara al magistrado de Barcelona que lo juzgará un escrito en el que sostenía que el exgerente de Convergència Germà Gordó –imputado por el 3%– le obligó a cobrar trabajos para el partido durante la campaña a través de una productora audiovisual.
En la Audiencia Nacional, según fuentes presentes en la declaración citadas por la agencia Europa Press, Parra ha concretado que la productora se trataba de Triacom, y que los conceptos en las facturas se hicieron a programas como Fish and Chips y El gran Dictat por valor de más de 200.000 euros.
Siempre según la versión de Parra, Gordó le remitió a Oriol Carbó, exgerente de TV3 y responsable de Triacom, para que éste le girara las facturas con el concepto de servicios a los programas citados. Además de confesar el presunto amaño, Parra ha entregado al juzgado varios documentos, entre ellos un DVD con la grabación de su reunión con Gordó en la sede de Convergencia, en la calle Córcega de Barcelona, así como los albaranes que elaboró inicialmente.
También ha explicado que cuando en un momento determinado Carbó dejo de pagar y “hubo un problema” volvió a reunirse con Gordó, concretamente el 17 de octubre de 2011, si bien finalmente le pagaron todo de una vez mediante el mismo sistema. Parra irá a juicio por idear otro sistema de facturas falsas junto a David Madí, antigua mano derecha de Artur Mas y a quien la Fiscalía también pide dos años de cárcel.
El presunto sistema de facturas falsas para cobrar de Convergència se asemeja al que Parra ya confesó haber empleado en el caso Palau. Y es que el empresario fue condenado a ocho meses de prisión y multa de 900 euros por haber girado facturas al al Palau de la Música, presidido entonces por Fèlix Millet, que correspondían en realidad a trabajos prestados para CDC en la campaña de las elecciones generales de 2004.
Parra también declaró como testigo ante el mismo juez en su investigación sobre la fortuna de la familia Pujol. Entonces, en marzo de 2018, dijo al magistrado que suscribió un crédito de 150 millones de pesetas para CDC en el año 2000 porque este partido se lo pidió, operación que sirvió para pagar gastos electorales y en la que figuró como avalista Jordi Pujol Ferrusola con dinero de Andorra.