¿Pusieron Artur Mas y su Govern las urnas el de 9 de noviembre del 2014, desobedeciendo la prohibición del Constitucional, o lo hicieron los voluntarios sin participación del Ejecutivo? La respuesta a esta pregunta es lo que podría librar a Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs de ser condenados por los delitos de desobediencia y prevaricación que se les imputan, pero también tiene relevancia política para un partido que ha hecho del 9-N su principal galón de compromiso independentista. Encajar la estrategia de defensa de los imputados con el relato del proceso conveniente para Convergència es un tarea compleja y a menudo imposible, como ha ocurrido este lunes.
El exconseller de presidencia, Francesc Homs, ha declarado este lunes como imputado ante el Tribunal Supremo para explicar su relación con los hechos que se le imputan, que incluyen delitos de prevaricación, desobediencia y malversación de dinero público. Según el comunicado enviado por el partido y las explicaciones dadas por su defensa, el actual líder de Convergència en el Congreso ha defendido ante el juez la legalidad del 9-N y ha considerado que el Govern actuó guiado por “el mandato democrático del pueblo de Catalunya”.
“Aquello [el proceso participativo del 9-N] era para escuchar a la gente, no para declarar la independencia”, ha asegurado Artur Mas a las puertas del Supremo, donde ha acudido con buena parte de la plana mayor del partido y como imputado en la misma causa. Ante los medios, el expresident de la Generalitat ha incidido sobre uno de los principales argumentos de defensa de los cuatro imputados, según el cual, una vez el Constitucional prohibió la segunda convocatoria, el Govern le reclamó que aclarara qué estaba suspendiendo exactamente sin obtener respuesta.
La estrategia de defensa de los convergentes ante los juzgados durante la instrucción del caso, que muy probablemente se repetirá en el juicio, se basa en asegurar que no hubo desobediencia al Constitucional sino, en todo caso, obediencia a las instituciones catalanas. Según ha repetido en diferentes ocasiones la defensa de Artur Mas, fueron los voluntarios quienes abrieron los colegios, pusieron las urnas y quienes llevaron a cabo el proceso participativo, sin participación directa del Govern una vez el Constitucional lo prohibió.
En cambio, el discurso de Mas ante del TSJC en octubre pasado, cuando declaró como imputado por esta causa, conllevó matices sobre esto. Si bien se reiteró en que a nivel logístico el proceso recayó enteramente en los voluntarios, Mas no dudó en declararse entonces “único responsable de haber ideado e impulsado” el 9-N. Unos días antes Ortega y Rigau habían negado cualquier responsabilidad personal en cuanto a la organización, y Mas llegó a decirle al juez: “No hace falta que busque más, el responsable soy yo”.
Tanto las explicaciones de Homs como la del resto de los imputados chocan con lo que el partido ha mantenido en diferentes discursos y comparecencias públicas, asegurando que fue el Govern de Convergència el que “puso las urnas” e hizo posible el 9-N. Según ha asegurado Mas en diferentes ocasiones, como tras el estallido de el caso de Ferández Díaz y Daniel de Alfonso o la negativa de Interior a registrar el nombre del Partit Demòcrata Català (PDC), a su partido “lo han querido destruir por poner las urnas”.
Dos discursos sobre el 9-N
Desde que la jornada participativa entrara en los juzgados y durante todo el procedimiento, Convergència ha hecho encaje de bolillos para componer un relato político sobre el 9-N que, por un lado, les exima de responsabilidades penales ante los jueces, pero, por otro, les permita capitalizar el éxito de la jornada como “únicos responsables”.
Para ello, los imputados han considerado ante los tribunales que era “imparable” que el proceso se produjera cuando el Constitucional suspendió todos los actos, apenas 4 días antes de la fecha señalada, mientras en sus discursos públicos han considerado que Convergència fue el partido que “más se la jugó” porque los catalanes pudieran votar.
Otra de las fórmulas que ha hecho fortuna en Convergència, que necesita moverse entre los estrechos límites que impone el código penal pero sin renunciar a la medalla que homologa al partido como dispuesto a hacer sacrificios con la independencia, es la de la “obediencia única a las instituciones/pueblo/Parlament catalán”.
Este argumento es repetido no solo para el 9-N, sino también para el proceso soberanista en su conjunto. Muy especialmente, para la llamada “desconexión de la legalidad”. Mientras que desde la CUP y algunas voces de Esquerra se habla abiertamente de desobediencia, desde Convergència optan por hablar de “obediencia única a las instituciones catalanas”.