Entregas de sobres de la Generalitat con una furgoneta en un polígono industrial, “un tal Toni” que hablaba en nombre del Govern, registros de la Guardia Civil sin orden judicial.... La declaración de tres exempleados de Unipost este lunes en el Tribunal Supremo ha servido para exponer situaciones más propias de un guion de cine que de un juicio penal. Pero sobre el millón de euros presuntamente malversados por el Govern a través de la empresa de mensajería han quedado las mismas dudas que antes de su declaración como testigos.
Según las acusaciones, la Generalitat tenía previsto destinar a Unipost un millón de euros para el envío de papeles y notificaciones censales a miembros de las mesas del 1-O. Este millón supone un tercio de los casi tres millones de euros que se habrían malversado en conjunto para el 1-O según Fiscalía y Abogacía del Estado. Las defensas lo niegan y recuerdan que la propia administración concursal de Unipost –que quebró tras el 1-O– ha certificado que no ha cobrado de la Generalitat y no le reclama cantidad alguna.
La declaración de los tres exempleados no ha llegado a ser de ayuda para las tesis acusatorias sobre el dinero gastado en la votación, si bien sí ha constatado que la Generalitat pretendía camuflar con sus envíos ordinarios que tenía contratados con Unipost el reparto de material del 1-O. Sin embargo, han evitado concretar si se cobraron los envíos relacionados con el referéndum, básicamente porque ellos no se encargaban de la facturación en la empresa, han explicado.
De hecho, el exresponsable de repartos de Unipost, Francisco Juan Fuentes, ha afirmado que frenó el envío de cartas a los miembros de las mesas del 1-O porque la Generalitat las entregó sin albarán. Al llegar el paquete a las oficinas de Unipost, ha revelado, no contenía “ni un albarán, ni un documento de entrega, ni un triste papel que dijera si quién lo traía era cliente de la Generalitat”.
Ante esa anomalía, Fuentes ha explicado que llamó al director general de la compañía, Pablo Raventós. Su jefe le instó a que no se repartiera nada “hasta que no llegara la orden de la Generalitat”. Por la tarde del 18 de septiembre, añade, lo llamó “un tal Toni” que le aseguró, en nombre de la Generalitat, que al día siguiente alguien vendría a recoger la entrega en una oficina de Terrassa. Al día siguiente la Guardia Civil se incautó de las notificaciones a los miembros de las mesas.
Otro envío de sobres con el logotipo de la Generalitat llegó a las oficinas de Unipost no solo sin albarán sino que de forma más extravagante. Según ha contado Fuentes en respuesta a preguntas de la Abogacía del Estado, él mismo acudió a un punto de encuentro que no ha especificado “en las inmediaciones de un bar”, y dos personas, un hombre y mujer, llegaron en una furgoneta blanca y dijeron que “eran de la Generalitat”.
Le dieron tres palés con sobres, que Fuentes aceptó llevar hasta una sede de la empresa porque la Generalitat era un “buen cliente” de Unipost y la empresa se encontraba en concurso de acreedores. “Si un buen cliente te pide un favor, pues lo haces...”, ha justificado, teniendo en cuenta la mala situación en la que se encontraba la empresa.
Conscientes de que los testigos no han presentado ningún dato revelador ni plenamente incriminador, las defensas han preguntado a los exempleados de Unipost por los registros de la Guardia Civil a varias oficinas de la empresa que se sucedieron en vísperas al 1-O. Tanto Fuentes como Antonio Manuel Santos, exempleado de Unipost y responsable de las oficinal de Barcelona y Badalona, han afirmado que el Instituto Armado entró en oficinas de Unipost sin orden judicial.
“La Guardia Civil no hizo mención a ninguna orden judicial, dijeron que venían a registrar la delegación, y yo les dije que entraran y miraran lo que les viniera en gana”, ha aseverado Santos sobre el registro en una oficina del barrio barcelonés de La Sagrera.
Por su lado, Fuentes ha explicado que la Guardia Civil registró una oficina de la empresa en Terrassa el 19 de septiembre, donde se incautaron 43.000 sobres y notificaciones a miembros de las mesas del 1-O, sin orden judicial. Cuando les reprochó que efectuaran una entrada y registro sin orden judicial, Fuentes ha relatado que los agentes le respondieron alegando que “no hacía falta ninguna orden judicial”, ya que actuaban en base a la instrucción de la Fiscalía que ordenaba a los cuerpos policiales incautar material institucional vinculado a la votación.