La tarea en el Govern de Lluís Salvadó fue desplegar la Hacienda catalana pero nunca rebasando el marco competencial autonómico. Y en ningún caso participó en la organización o preparación del referéndum. Así lo ha sostenido el exsecretario de Hacienda del Govern y estrecho colaborador de Oriol Junqueras en una declaración como imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que se ha alargado tres horas.
Según fuentes presentes en la declaración, Salvadó se ha desvinculado por completo de cualquier papel en la logística de la votación, llegando a alegar que solo supo que se iba a votar el 1 de octubre porque recibió un correo electrónico, como el resto de militantes de ERC, llamando a participar en la votación. El sumario del caso, sin embargo, señala que Salvadó, uno de los cargos detenidos en la operación del 20-S de 2017, sí estaba en la cocina del referéndum, y en documentos reconstruidos de la papelera de su despacho se muestran incluso los planes del Govern para después del 1-O, que nunca se llevaron a cabo por las discrepancias internas del independentismo.
Salvadó fue uno de los primeros investigados de la causa del 1-O del juzgado instrucción 13 de Barcelona y ha declarado en el TSJC por su condición de diputado en el Parlament. La Fiscalía lo señala como el promotor de la Hacienda propia en caso de independencia, una de las estructuras de Estado que el Govern de Carles Puigdemont anunció que impulsaba pero que no existían cuando el Parlament declaró unilateralmente la independencia. En este capítulo Salvadó también ha negado la mayor y ha alegado que nunca rebasó las competencias tributarias autonómicas, según las mismas fuentes.
En su comparecencia, Salvadó se ha acogido a su derecho a no contestar a las preguntas de la Fiscalía y de la acusación popular ejercida por el partido de extrema derecha Vox y únicamente ha respondido a su abogada y a la magistrada instructora, Maria Eugènia Alegret, que lo investiga en la misma causa que al diputado de ERC Josep Maria Jové, exnúmero dos de Oriol Junqueras, considerado otro alto cargo clave del 'procés' junto al exsecretario de Hacienda.
Según ha argumentado el investigado, el sistema e-Spriu que la Agencia Tributaria Catalana (ATC) desarrolló era un aplicación informática diseñada para recaudar los impuestos de los catalanes de forma más eficiente, aunque con la finalidad de transferirlos posteriormente a la Hacienda española, dentro de los estrictos límites de las competencias autonómicas. Esta versión concuerda con la de los empresarios y técnicos informáticos que testificaron en el caso. Por contra, la Fiscalía ve en el e-Spriu el embrión de la Hacienda propia.
Según las mismas fuentes, Salvadó ha llegado a desarrollar como argumento exculpatorio el hecho de que durante la etapa de intervención de la Generalitat bajo el artículo 155 el Gobierno validara el modelo de Agencia Tributaria Catalana y solo introdujera pequeñas modificaciones al diseño que se había desarrollado durante el gobierno de Carles Puigdemont.
Para sustentar su tesis, la defensa de Salvadó ha presentado ante la magistrada 35 documentos con los que pretende acreditar que en ningún caso el Govern rebasó el marco constitucional con el despliegue de la ATC. Según el diputado, que sigue ocupando un escaño tras sus palabras machistas obtenidas en una conversación privada pero que la Guardia Civil incluyó dentro de los pinchazos telefónicos autorizados y de interés para la investigación del 1-O, simplemente se pasó de desplegar el 50% de las competencias autonómicas tributarias al 100%, sin rebasar en ningún caso el marco estatutario.
Además de negar su papel en la creación de Estructuras de Estado, Salvadó se ha desvinculado de la organización del referéndum -que ha costado el procesamiento por el juzgado de instrucción 13 a numerosos cargos de su departamento- porque, ha apuntado, él se dedicaba únicamente a la gestión tributaria, sin inmiscuirse en otras cuestiones de índole política.
Y como ya hiciera Jové, al que se incautó la agenda “Moleskine”, Salvadó se ha negado a someterse a una prueba caligráfica, diligencia con la que la jueza pretendía certificar si es el autor de algunas anotaciones manuscritas que la Guardia Civil intervino en los registros del 20S y que presuntamente le relacionan con el 1-O y las Estructuras de Estado.