Cuando se cumple medio año desde que Convergència Democràtica de Catalunya pasó a ser el Partit Demòcrata Europeo Català, una operación judicial destinada a esclarecer la posible financiación irregular de la formación ha echado por tierra el principal objetivo de la refundación de la derecha independentista: tener una imagen nueva y limpia.
La operación, ordenada por el juez de El Vendrell que investiga el caso del 3% a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha registrado este jueves diversas instituciones de la capital catalana y varias empresas, y ha detenido a dos miembros destacados de la antigua Convergència, el exteniente de alcalde de Trias, Antoni Vives, y el excoordinador de régimen interno de CDC, Francesc Sánchez, uno de los más estrechos colaboradores de Artur Mas, actual presidente del PDECat, durante su última etapa al frente de Convergència.
Con el nombre de 'Pika', el operativo es continuación de 'Petrum', en el que fueron detenidos diversos cargos de Convergència en octubre de 2015, entre ellos su tesorero, y varios empresarios del sector de la construcción.
Más de un año después y tras haberse desembarazado de las viejas siglas, el operativo de este jueves ha tenido su epicentro político no tanto en el paso de Convergència por la Generalitat, sino sobre todo en la etapa de Xavier Trias en el Ayuntamiento de Barcelona.
Este cambio de escenario viene a ensombrecer la herencia de Trias, una de las pocas que el partido exhibía como fuera de toda duda ante la opinión pública. La aparición de un supuesto informe policial dos semanas antes del 9-N que acusaba al exalcalde de tener una cuenta en Suiza, una información que después se demostró falsa y parte de la 'operación Cataluña', fue usada por el partido para acallar cualquier rumor sobre una posible gestión deshonesta en su etapa en el Gobierno de Barcelona.
Con aquello en la memoria, el partido ha jugado este jueves la carta de la persecución política, estableciendo una conexión directa entre el juicio a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por el 9-N, que comenzará el próximo lunes, y la operación anticorrupción de este jueves. “No es casualidad”, ha sido la sintonía de fondo de la mayoría de las comparecencias del entorno convergente, desde el abogado de Antoni Vives hasta el exalcalde Trias.
El PDECat se ha desvinculado de cualquier responsabilidad sobre la operación, dejando que fueran los nombres más ligados a la antigua marca los que hicieran las comparecencias públicas. Pese a esto, la detención de Francesc Sánchez, que pasará la noche en dependencias de la Guardia Civil de Tarragona, subraya la continuidad entre ambas formaciones. Fue Sánchez el encargado de pilotar la transición entre uno y otro partido y, aunque sin cargo en el nuevo PDECat, quedó al frente de los asuntos jurídicos y contables de la Convergència en hibernación.
Los casos de corrupción y el constante goteo de detenciones y registros en Convergència fueron las razones de más peso a la hora de impulsar una refundación integral, con cambio de marca, sede y NIF. Pero este proceso no es exactamente una historia de éxito. El PDECat tuvo serios problemas para registrar su nombre, está afrontando una agitada transición en sus grupos municipales, ha tenido problemas para componer su cúpula ante el estricto régimen de incompatibilidades que se impuso y está sufriendo un fallido traspaso de afiliados de un partido a otro.
Y, lo que es más importante, según las encuestas la refundación no ha logrado taponar la sangría electoral en la que el partido lleva inmerso más de cinco años. El cambio de partido ha funcionado como bálsamo unos meses, pero este jueves no ha sido suficiente para evitar que los fantasmas de la corrupción de CiU, que carcomían a la Convergència de la recta final de la presidencia de Mas, hayan vuelto a aparecer en pleno 2017 ante el PDECat.