La Fiscalía del land alemán de Schleswig-Holstein ha vuelto a reclamar la extradición a España de Carles Puigdemont por los delitos de rebelión y malversación. Se trata de los cargos por los que el expresident de la Generalitat fue procesado por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena y que se incluyeron en la euro–orden el pasado mes de marzo. El ministerio público ve riesgo de fuga en el expresident y solicita su reingreso en prisión.
La defensa del expresident tendrá ahora unas dos semanas para presentar sus alegaciones contra la petición de extradición de la Fiscalía. Después será el turno del tribunal para estudiar las solicitudes de las partes y pronunciarse de forma definitiva sobre la entrega del expresident, algo que podría suceder a finales de junio, tres meses después de la detención de Puigdemont en una gasolinera del norte de Alemania.
El ministerio público alemán sigue alineado con el Supremo tras los dos reveses que ha recibido del tribunal alemán que debe decidir sobre la extradición. Los jueces alemanes rechazaron la entrega de Puigdemont por rebelión pese a que Llarena enviara hace unas semanas documentación y dos DVD con 70 vídeos para intentar demostrar la violencia del otoño soberanista.
En un comunicado, la Fiscalía ha informado de que acoge la tesis esencial del Supremo, es decir, atribuir a Puigdemont el impulso de la violencia del pasado 1-O. Recuerda la Fiscalía, en línea con Llarena, que Puigdemont “fue advertido de inminentes disturbios violentos el día del referéndum” en la reunión de la Junta de Seguridad del 28 de septiembre, pero que no sólo no suspendió la votación sino que “ordenó” a los Mossos d'Esquadra que la permitieran, en contra del mandato del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
“La intensidad y dimensión de los violentos disturbios podrían haber servido para presionar al Gobierno para ceder a los separatistas”, abunda la Fiscalía. Con esta frase el ministerio público intenta rebatir la primera negativa del tribunal. Los magistrados rechazaron la rebelión porque, a la práctica, Puigdemont no logró la independencia de Catalunya ni doblegar al Estado, tal y como exige el delito alemán de alta traición. Asimismo, la Fiscalía, tal y como le planteó Llarena, ve en Puigdemont un posible delito de alteración de la paz pública por los “disturbios violentos contra funcionarios” de policía el 1-O.
La Fiscalía también replica al tribunal, que calificó de “contradictorio” el material adicional enviado por Llarena y rechazó hacer responsable a Puigdemont de los altercados cometidos por terceros. “El material facilitado a posteriori por las autoridades españolas no es contradictorio, sino que prueba la dimensión de los enfrentamientos violentos ocurridos en Catalunya el día del referéndum y que son atribuibles a Puigdemont”, asevera el fiscal.
Sobre la malversación, la Fiscalía mantiene que Puigdemont “utilizó el dinero público” para llevar a cabo el referéndum, algo que el expresident negó en su primera declaración. Puigdemont aseguró el 1-O se pagó con fondos privados.
La Fiscalía remarca que “no hay obstáculos de extradición” porque se cumplen todos los requisitos. Por un lado, porque la actuación de Puigdemont en el otoño soberanista también sería castigada en Alemania. Por el otro, porque el expresident no “está amenazado con sufrir persecución política” en España, uno de los requisitos para rechazar la euro–orden. “Un estado constitucional y democrático tiene derecho a responder a los ataques con el derecho penal”, zanja el fiscal.