La portada de mañana
Acceder
16 grandes ciudades no están en el sistema VioGén
El Gobierno estudia excluir a los ultraderechistas de la acusación popular
OPINIÓN | 'Este año tampoco', por Antón Losada

La Fiscalía se querella contra Carme Forcadell y la acusa de despreciar la Constitución

La Fiscalía Superior de Catalunya ha presentado este miércoles una querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a la que acusa de los delitos de prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) por no impedir que el pleno de la Cámara catalana votara las conclusiones de una comisión parlamentaria sobre la hoja de ruta independentista. Entre otras cosas, acusa a Forcadell de actuar con “total desprecio” a la Constitución y de permitir que se aprobase un texto “que se encamina a la derogación por la vía de hecho” del ordenamiento constitucional

Para la Fiscalía, Forcadell cometió un “ejercicio desviado de sus funciones” como presidenta del Parlament al permitir votar las conclusiones sobre el proceso constituyente catalán “pese a su contradicción flagrante con la Constitución”.

La querella va más allá de atribuir unos hechos a unos delitos y realiza duros reproches contra Forcadell. Así, la Fiscalía le recrimina que utilizara “torticeramente” el reglamento del Parlament para poner en marcha por la “vía de hecho” su “designio secesionista” de forma “inequívoca e irreversible”, pese a la advertencia del Tribunal Constitucional.

Asimismo, el ministerio público considera a la presidenta responsable de avalar la aprobación de una resolución “que de manera expresa trata de desvincular a las instituciones de Cataluña del sistema constitucional, dinamitando el sistema de distribución de competencias establecido en el modelo de ordenación territorial del Estado” incluido en la Constitución.

Las conclusiones, anuladas la semana pasada por el TC, incluían activar un “mecanismo unilateral de ejercicio democrático” para convocar una asamblea constituyente , que el Parlament y Puigdemont han fijado ahora en forma de un referéndum para septiembre del próximo año.

El periódico La Vanguardia, en su edición de este miércoles, ha avanzado las principales tesis de la Fiscalía. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha informado que ha recibido la denuncia contra la presidenta del Parlament este mismo miércoles, y que ha procedido a registrarla. El alto tribunal catalán ha añadido que decidirá “en unos días” decidirá si la admite a trámite, aunque desde fuentes judiciales se da por hecho que la causa contra la presidenta del Parlament continuará.

Responsabilidad por no parar la votación

En julio, la Mesa del Parlament no incluyó en el orden del día del pleno la votación independentista tras recibir el aviso del TC, sino que lo solicitaron los portavoces de JxSí y la CUP, Jordi Turull y Anna Gabriel. Forcadell, tal y como permite el reglamento del Parlament, sometió a votación del pleno la inclusión del punto en el orden del día, que fue aprobado por la mayoría independentista.

Pero para la Fiscalía, Forcadell tiene igualmente una responsabilidad penal por no parar la votación. “La querellada [Forcadell] tenía cabal conciencia de que con su pronunciamiento impulsaba un trámite constitucionalmente ilegítimo, viciado de raíz por falta absoluta de competencia dentro de la ordenación territorial del Estado”, asevera el ministerio público.

Añade la Fiscalía que la “arbitrariedad” de Forcadell al permitir que se votasen las conclusiones del proceso constituyente “radica no ya en la desobediencia a las decisiones del TC”, sino en que el texto independentista “implica un expreso rechazo a la fuerza de obligar a la Constitución misma”.

La querella ha sido interpuesta ante el TSJC dada la condición de aforada de Forcadell, que este mismo miércoles está presidiendo el pleno en el Parlament. Hace dos días, la Fiscalía General del Estado ordenó a la Fiscalía catalana que la presentara a raíz de una denuncia del Constitucional. La querella se presentará ante la sala de lo civil y de lo penal del TSJC, la misma que ha enviado a juicio a Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega por la consulta del 9-N.