El concejal de Badalona Jose Téllez (Guanyem Badalona en Comú), exteniente de alcaldía del municipio, irá a juicio este jueves acusado de un delito de desobediencia grave a la autoridad por impedir supuestamente una requisa de carteles durante la campaña electoral del 1-O. La Fiscalía pide para Téllez seis meses de prisión y de inhabilitación y especifica que se prive “definitivamente” al concejal del cargo público que ostenta.
Los hechos ocurrieron el pasado 25 de septiembre de 2017 en Badalona. Sobre las 23:30h., una patrulla de la Guardia Urbana de Badalona identificó a cinco personas que estaban colgando 45 carteles en favor del 'sí' al referéndum. Según la fiscal, mientras los agentes les pedían los documentos de identidad, las cinco personas llamaron por teléfono “reclamando la presencia de más personal de forma consciente y deliberada”.
Hasta el lugar llegaron, continúa la fiscal, una veintena de personas, entre ellas Téllez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. La fiscal asegura que se produjeron gritos de “sois escoria”, “sois unos fascistas y unos ladrones” contra los agentes, aunque no identifica quién los profirió. Se da la circunstancia, no obstante, que Téllez es el único acusado de los 25 implicados en los hechos.
Y es que la fiscal acusa al concejal, por aquel entonces teniente de alcaldía, de obligar a los agentes a devolver los carteles incautados haciendo valer su condición de autoridad. “Les espetó 'que o devolvían los carteles o él mismo, como representante del Ayuntamiento, se los iba a entregar a las personas congregadas'”, dijo Téllez a los agentes, según la fiscal.
Ante la negativa de los agentes, que alegaron ante el teniente de alcaldía que cumplían las órdenes dictadas por la Fiscalía para impedir el 1-O, la fiscal asegura que Téllez abrió el coche policial, se apoderó de los carteles incautados “e hizo entrega de ellos a Cuixart, que a su vez, los repartió entre los congregados al grito de 'hem guanyat, visca la república'”. La Fiscalía no ha propuesto como testigos ni a Cuixart ni a ningún otro de los presentes, salvo los dos policías locales que decomisaron la propaganda.
La orden de la Fiscalía a los cuerpos policiales para requisar cualquier material de difusión del 1-O fue una de las instrucciones más polémicas para impedir el referéndum, por abarcar también la propaganda electoral de partidos políticos y particulares y no solo la publicidad institucional de la Generalitat.
Por su lado, Téllez se enfrentará a dos juicios en los próximos meses derivados del proceso soberanista: además del de este jueves, en mayo se sentará en el banquillo junto a otros concejales del consistorio por la apertura simbólica del Ayuntamiento que realizaron el 12 de octubre de 2016. “Lo que va a juicio es la libertad de expresión”, ha afirmado Téllez en Twitter.