La Fiscalía pide 8 años y medio de cárcel a 13 estudiantes por “deteriorar mobiliario urbano” en una manifestación

La Fiscalía pide ocho años y medio de cárcel y una multa de 11.400 euros a 13 jóvenes por “deteriorar el mobiliario urbano” y “poner en grave peligro el desarrollo cotidiano de la vida” durante una manifestación estudiantil de marzo de 2017 en Barcelona en el marco de una huelga para reclamar la rebaja de las tasas universitarias.

El Ministerio Público considera a todos los acusados bien autores bien cooperadores necesarios de los delitos de desórdenes públicos y daños, al entender que actuaron conjuntamente para cometer los altercados. Señala además la fiscal que los acusados se cambiaron de ropa y se pusieron indumentaria oscura para “dificultar aún más su identificación”, que fue realizada por los Mossos d'Esquadra.

En concreto, la Fiscalía señala en su escrito que los jóvenes movieron un contenedor a la calzada de la calle Pelai y le prendieron fuego, quedando “totalmente calcinado”. Después, en la plaza Catalunya, la fiscal relata que los acusados lanzaron globos de pintura contra la tienda Movistar y contra los agentes de los Mossos d'Esquadra.

Ya en Via Laietana, continúa la Fiscalía, los jóvenes “golpearon con martillos y otros objetos contundentes” los vidrios y el cajero automático de una oficina bancaria “causando el deterioro de los mismos”. También habrían lanzado huevos y pintura contra la fachada. Ninguno de los altercados dejó heridos.

En conjunto, los daños causados en el contenedor y la entidad bancaria han sido valorados pericialmente en casi 6.000 euros, cantidad que la Fiscalía solicita que los acusados devuelvan a FCC y al Banco Sabadell en concepto de responsabilidad civil. El escrito de acusación agrega que los Mossos incautaron a los jóvenes “y a sus acompañantes” tres extintores, tres martillos, un bidón de líquido inflamable que resultó ser gasolina y una bolsa de petardos.

Los únicos testigos de cargo de la Fiscalía son los agentes de los Mossos que redactaron los atestados del caso e identificaron e intervinieron los objetos a los acusados. Solicita además la fiscal que dos agentes de la policía autonómica declaren como peritos por el informe de comparativa facial de los acusados que realizaron.

En este sentido, el abogado de algunos de los acusados, Xavier Monge, del colectivo Alerta Solidària, ha considerado que la investigación de los Mossos fue “absolutamente prospectiva” y dirigida únicamente al Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC). “Los atestados no parten de posibles hechos delictivos sino del intento de atribuir hechos delictivos a miembros del SEPC”, ha manifestado. El letrado ha tildado de “absolutamente desproporcionada, injusta y arbitraria” la petición fiscal, y ha considerado que la acusación tiene como objetivo “perseguir la disidencia político, algo que no sería posible sin la connivencia del Gobierno, la Generalitat y los Mossos”.