El que fuera concejal de Urbanismo de Barcelona durante el mandato del convergente Xavier Trias, Antoni Vives, empieza a conocer detalles de su futuro penal. La Fiscalía pide cinco años de cárcel para Vives, al que acusa de contratar ilegalmente en la empresa municipal Barcelona Regional a un exalcalde convergente con el único objetivo de garantizarle unos ingresos de 155.000 euros a costa del erario público sin desempeñar ningún trabajo.
En su escrito de acusación, adelantado por la agencia EFE y al que ha tenido acceso este diario, el Ministerio Público acusa a Vives, al exdirector general de Barcelona Regional Guillermo Muller y al exalcalde de Cervelló (Barcelona) Jesús Arévalo de un delito de falsedad documental, en concurso con prevaricación y malversación de caudales, y pide cinco años de prisión para cada uno de ellos.
La Fiscalía sostiene que Vives, que también está investigado en el caso 3% de presuntas comisiones ilegales a Convergència, se puso de acuerdo con Muller para contratar “ficticiamente” a Arévalo entre los años 2012 y 2015, después de que este se lo solicitara a su partido para “completar su remuneración anual” tras ser elegido alcalde. El contrato laboral para colocar a Arévalo en Barcelona Regional, destaca el fiscal, se firmó “con consciente y grosera infracción del deber de actuar conforme al ordenamiento jurídico y con evidente perjuicio económico para los intereses públicos”.
El caso se remonta al año 2011, cuando Arévalo fue elegido alcalde de Cervelló, con una retribución anual de 47.275 euros, y Vives fue nombrado concejal de Urbanismo y presidente del consejo de administración de Barcelona Regional durante el mandato de Xavier Trias. Según el fiscal, Arévalo, funcionario de carrera, pidió a su partido ser contratado por la administración “para así completar su remuneración anual”, dado que en su anterior cargo de arquitecto en el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat su salario era superior al que percibía en el consistorio de Cervelló.
“De común acuerdo con su amigo” Guillermo Muller, Vives decidió colocar a Arévalo en Barcelona Regional, formalizando el contrato desde el día 9 de enero de 2012 hasta fin de obra, para realizar funciones de “asistencia técnica al proyecto modelo urbano y metropolitano de dispersión de contaminantes”, con una jornada laboral a tiempo completo de 40 horas semanales y un salario de 34.000 euros brutos anuales.
Sin embargo, continúa el fiscal, no consta que Árevalo participara en el proyecto indicado “ni en ningún otro ejecutado por la entidad”, ni que ni siquiera dispusiera de despacho propio o acudiera a las oficinas de Barcelona Regional. “Los tres acusados se concertaron para simular el contrato y darle apariencia de legalidad al objeto de obtener un ilícito enriquecimiento a cargo de los caudales públicos y en favor de Jesús Arévalo”, concluye el ministerio público.
Por ese motivo, el escrito de acusación pide que se condene a los tres acusados a indemnizar, conjunta y solidariamente, a Barcelona Regional con 155.067 euros en total, la cantidad que Arévalo cobró supuestamente de las arcas públicas entre los años 2012 y 2015, y a una multa de 60.000 euros.
Inicialmente, la Fiscalía se querelló también contra Antoni Miquel, “Leslie”, cantante de Los Sírex y también militante de CDC, por haber estado contratado por Barcelona Regional sin haber desempeñado trabajos para la entidad municipal. Sin embargo, el ministerio público ha decidido finalmente no acusar a Miquel –contra el que sí ejerce cargos el Ayuntamiento de Barcelona, acusación particular en la causa–, a la vista de la documentación que su defensa aportó para acreditar que sí había trabajado para Barcelona Regional.