Ni trabajar ni cuidar de familiares. La Fiscalía se opone a cualquier salida de prisión de los presos de procés y ha pedido al juez de vigilancia penitenciaria que impida a la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa salir de la cárcel de Puig de les Basses (Girona) tres días a la semana para cuidar de su madre. Argumentan los fiscales que Bassa ya tiene vínculos familiares por lo que debe trabajar la exconsellera en prisión es el “respeto a la ley” en vez de la cura de su madre.
A diferencia de las salidas laborales de prisión que se alargarán varios meses de Sànchez, Cuixart o Forn, en el caso de Bassa el permiso para cuidar de su madre –una mujer mayor con alto grado de dependencia– solo tiene un mes de duración, coincidiendo con las vacaciones de la cuidadora. Pero ni la reducida duración del permiso ha reducido la oposición del Ministerio Público a la aplicación del 100.2, el artículo del reglamento pensado para flexibilizar el régimen penitenciario y que las cárceles ya han aplicado a siete de los nueve presos del 1-O.
La argumentación de los fiscales de vigilancia penitenciaria catalanes para oponerse a las salidas de prisión de Bassa es parecida a lo que expusieron en escritos anteriores respecto a los otros presos. Sostienen los fiscales que Bassa no precisa de un programa de tratamiento penitenciario para reestablecer sus vínculos familiares, ya que los ha mantenido antes y después de ser condenada, y que tampoco es necesaria su reinserción social porque ya tiene los medios necesarios para adaptarse a la vida social fuera de prisión, a diferencia de muchos presos comunes.
Lo que es necesario para Bassa y el resto de presos del procés, reiteran los fiscales, es un programa de tratamiento penitenciario que les “enseñe a respetar la ley”. A través de dicho programa, abundan los fiscales, los presos del procés deben aprender “que sólo se puede conseguir aquello que se desea utilizando los mecanismos legalmente establecidos en la normativa que rige nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, normativa que a todos nos vincula y que es aplicada por el Poder Judicial”.
Cabe recordar que, tal y como adelantó eldiario.es, la Generalitat rechaza proporcionar este programa de tratamiento a los presos del procés. Sin embargo, la Fiscalía insiste en ello y vuelve a solicitar un programa para que los nueve condenados por sedición “aprendan que un gobierno autonómico no puede transformar la estructura del Estado y plasmarlo en un texto legal fuera de los cauces jurídicos de reforma”, tal y como declaró probado el Tribunal Supremo en su sentencia que condenó a la exconsellera a 12 años de cárcel.
Según los fiscales, Bassa “no cometió los delitos [sedición y malversación] a causa de unas relaciones familiares desestructuradas”, por lo que cuidar de su madre no es necesario. Los fiscales priorizan el citado programa para “reeducar” –uno de los fines previstos para las penas de prisión en la Constitución– a Bassa. Señalan los fiscales en base a los informes psicológicos de la cárcel que Bassa, si bien reconoce que en la fase final del procés tuvo un “dilema moral” entre la legalidad y el “mandato del pueblo” para celebrar el referéndum, a día de hoy “no asume su responsabilidad” y “no reconoce el delito”.
Agrega la Fiscalía que tampoco se ha producido todavía en Bassa –ni se producirá si sale para cuidar de su madre– el “efecto intimidatorio de la pena”, esto es, que la estancia en prisión sirva para “concienciar a la interna [Bassa] de su mal comportamiento social”. “La pena ha de constituir un medio de utilidad social y de intimidación al delincuente, tendente a prevenir futuros delitos”, apostillan los fiscales.
El informe de la Fiscalía insiste en criticar la “generalización” del artículo 100.2 pese a su carácter “excepcional”, lo que a criterio de los fiscales obedece a una “pertinaz voluntad” de la Generalitat, competente en materia de prisiones, “de ir dejando poco a poco, pero sin pausa, sin contenido” la sentencia del procés que condenó a penas de entre nueve y 13 años de cárcel a los líderes soberanistas.
Al estar presa Bassa en la cárcel gerundense de Puig de les Basses, la petición de la Fiscalía no la analizará la titular del juzgado de vigilancia penitenciaria 5 de Catalunya –magistrada que sí decidirá sobre los presos hombres en Lledoners (Barcelona)–, sino el juez titular del juzgado de vigilancia penitenciaria 1.