La Fiscalía Superior de Catalunya ha abierto diligencias para investigar por qué los Mossos d'Esquadra no disolvieron los cortes de autopista y las protestas de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) en peajes catalanes durante el pasado puente de la Constitución.
En un decreto, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, da diez días al comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius, para que le remita un informe en el que detalle las actuaciones de la policía catalana ante los cortes de autopista y el levantamiento de barreras de peaje. En concreto, el fiscal pide los responsables del cuerpo encargados de frenar las protestas, así como las órdenes o comunicaciones cursadas durante las acciones de los CDR y “los incidentes que pudiesen haber surgido durante su ejecución”.
La advertencia de la Fiscalía a los Mossos es clara pese a tratarse del primer paso de la investigación. Y es que Bañeres destaca que ha tenido constancia de que, tanto en el corte de la AP-7 en l'Ampolla (Tarragona) del sábado, que duró 15 horas, como el domingo en la protesta en varios peajes, el comportamiento de las unidades de Mossos d'Esquadra desplazadas “no se orientó a disuadir a los concentrados de su conducta, ni a emplear, de haber sido necesaria, la fuerza imprescindible y proporcional para restablecer el orden jurídico ante una actuación ilegal”.
Abunda el fiscal que la pasividad de la policía catalana provocó “una permanencia injustificada en la lesión de los derechos de la multitud de usuarios de la autopista y a una multiplicación en el quebranto [económico] de la empresa concesionaria”. Por todo ello, la Fiscalía ve necesaria abrir una investigación para esclarecer la actuación de los Mossos.
Y es que, a criterio del fiscal, si se concluye que los Mossos actuaron de manera benevolente con los CDR, y en consecuencia con dejadez de sus funciones para controlar el orden público, podrían reclamarse responsabilidades a la policía catalana, aunque no precisa si serían penales o de tipo administrativo por parte de la empresa concesionaria de los peajes y la autopista. En palabras del fiscal: “De confirmarse la ausencia de conminación por parte de las unidades desplegadas o la lenidad en exigir el restablecimiento del orden [...], dicha conducta podría dar lugar a responsabilidad”.
En anteriores acciones de los CDR como cortes en las vías del AVE y autopistas, los Mossos d'Esquadra habían enviado directamente los atestados sobre las protestas a los juzgados, que a su vez han archivado la mayoría de causas al no poder identificar a los autores concretos de las protestas. Ningún juzgado ni tampoco la Fiscalía había apreciado hasta ahora pasividad en los Mossos para disolver las protestas de la pasada Semana Santa o de las huelgas del 3 de octubre y 8 de noviembre del año pasado, a diferencia del 1-O.
Cabe destacar que la investigación nace de oficio de la Fiscalía Superior catalana, no por indicación oficial de la Fiscalía General del Estado. De esta forma, el ministerio público añade un componente penal al enfrentamiento político entre el Gobierno central y la Generalitat. El Ejecutivo de Pedro Sánchez recordó este lunes que no le temblará el pulso para garantizar el orden público en Catalunya si no lo hacen los Mossos, a lo que la Generalitat ha respondido este martes con una llamada a la calma. Todo ello a diez días del Consejo de Ministras en Barcelona, jornada en la que los CDR han hecho un llamamiento para paralizar Catalunya.
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