La Fiscalía ha solicitado el “inmediato” ingreso en prisión de Oriol Pujol Ferrusola para que el hijo del expresident de la Generalitat cumpla con la condena de dos años y medio de cárcel que aceptó por haber cobrado comisiones ilegales en caso el de las ITV. En un informe, al que ha tenido acceso este diario, Anticorrupción se opone a la suspensión de la pena solicitada por la defensa de Pujol Ferrusola, que en la práctica busca evitar la cárcel, y pide a la Audiencia de Barcelona que “requiera” ya al exdirigente de Convergència para que entre en prisión.
Tras el pacto alcanzado con Anticorrupción en verano, Pujol Ferrusola aceptó la sentencia que lo condenó a dos años y medio de cárcel por los delitos de falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias, así como una multa de 76.000 euros, que ya ha pagado. Al haber sido fruto de un pacto, la sentencia no fue recurrida por ninguna de las partes. Esto implica que la sentencia ya es firme y que ya se puede ejecutar, lo que ha permitido a la Fiscalía solicitar la entrada inmediata de Pujol Ferrusola en la cárcel.
Por contra, la defensa del hijo del expresident ha pedido al tribunal suspender la entrada en la cárcel de Pujol Ferrusola porque el ingreso en prisión perjudicaría “gravemente” a su entorno familiar, así como a su arraigo social y laboral “en plena reconstrucción”. Pujol Ferrusola, que ahora trabaja como autónomo, paga los estudios y la mutua privada de sus hijos y su mujer, indicó la defensa, que añadió que el expolítico de CDC también realiza un voluntariado.
La Fiscalía es contundente a la hora de negar que estas circunstancias personales impidan pisar la cárcel a Oriol Pujol Ferrusola. “La situación que se describe no es distinta a la de muchos otros ciudadanos, sin que concurra ninguna circunstancia excepcional a tener en cuenta”, zanja la fiscal Teresa Duerto, que recuerda que en España hay sanidad pública y que Vidal cuenta con estudios superiores suficientes para encontrar un trabajo que sustente a la familia mientras su marido esté en prisión.
“Es de dominio público que la Pujol Ferrusola no se trata de una familia con escasos recursos económicos”, concluye la fiscal. De hecho, Duerto va más allá y desvela que Oriol Pujol Ferrusola ha adquirido una segunda residencia en la Cerdanya para negar que el ingreso en prisión del hijo del expresident deje desamparados a su mujer y a sus hijos.
La defensa también quiere evitar que Pujol Ferrusola pise la cárcel en base a la última reforma del Código Penal que el PP aprobó gracias a su mayoría absoluta en 2015. Gracias a este cambio legal, el ingreso en prisión de los condenados en firme a más dos años de cárcel dejó de ser obligatorio, ya que el nuevo Código autoriza “excepcionalmente” a suspender las penas de prisión por los delitos que individualmente no superen los dos años.
Para alcanzar el acuerdo fue clave que su esposa, Anna Vidal, se salvara de entrar en prisión: aceptó una pena de multa de quince meses sustituible por 83.250 euros. El resto de empresarios implicados en el caso se conformó con penas menores. Todos los condenados deberán pagar cerca de 800.000 euros como responsabilidad civil.
Este es precisamente el caso de Pujol Ferrusola, que aceptó una condena por tres delitos pero ninguno de ellos de más de dos años: falsedad documental (un año y cinco meses), cohecho (ocho meses) y tráfico de influencias (cinco meses). La Fiscalía se opone a la petición del hijo del expresident dada la “naturaleza y gravedad” de la “corrupción política” por la que fue condenado y porque, argumenta Duerto, sólo con la cárcel se podrá llevar a cabo la “función reeducadora”.
“Luchar contra la corrupción y el fraude es una de las prioridades absolutas a nivel nacional y europeo, por cuanto la corrupción es una lacra de la sociedad y supone un ataque a la estructura democrática de cualquier estado. De tal modo que, precisamente en casos como el que ahora nos ocupa, es cuando más necesaria es la ejecución de la pena de prisión a fin de atender el orden jurídico”, asevera la fiscal.
El hijo del expresident admitió que cobró comisiones de empresarios afines a cambio de utilizar su influencia política para favorecer sus negocios en las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) catalanas y las deslocalizaciones de empresas como Sharp o Yamaha. A cambio, Vidal facturó a empresarios afines 381.450,4 euros, que se intentaron justificar como trabajos de asesoría pero que eran en realidad “retribuciones a la inestimable colaboración prestada por Oriol Pujol Ferrusola”, destacó la sentencia.