La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido este lunes la sentencia del caso Palau ante el Tribunal Supremo. Su objetivo es que el alto tribunal revoque la absolución a los dos exdirectivos de Ferrovial que sentenció la Audiencia de Barcelona al considerar que los delitos de los que estaban acusados habían prescrito.
El Supremo tendrá ahora que resolver recursos tanto de las defensas de los saqueadores confesos del Palau de la Música como de la acusación. Las partes han recurrido con objetivos distintos: Fèlix Millet, Jordi y Gemma Montull, Daniel Osàcar y Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) buscan que el Supremo les rebaje las condenas y exima al partido de devolver los 6,6 cobrados en comisiones ilegales. Anticorrupción quiere que se condene a Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, los exdirectivos de Ferrovial acusados de pagar las comisiones a CDC.
La Audiencia de Barcelona absolvió a Buenaventura y Elizaga porque los hechos por los que estaban acusados –el pago de patrocinios al Palau que en realidad eran comisiones a CDC– estaban prescritos. En concreto, la sentencia señaló que el último ingreso de Ferrovial al Palau fue en febrero de 2006, y los directivos no fueron procesados hasta seis años después, uno y tres años año más que el plazo de prescripción de los delitos de administración desleal y tráfico de influencias.
La sentencia considera probado que Ferrovial pagó comisiones del 4% a cambio de “como mínimo” cuatro obras públicas: un pabellón en Sant Cugat, la Ciudad de la Justicia, la línea 9 del metro y la obra de revestimiento de la acequia Bellet en Tarragona, todas ellas adjudicadas en el último gobierno de Jordi Pujol (1999-2003).
Ferrovial reiteró tras conocer la sentencia del caso que las adjudicaciones en las que participó en Catalunya se realizaron siempre de forma regular y que la empresa ha sido ajena al destino final dado a los fondos que entregó al Palau de la Música a través de contratos de patrocinio.
Los magistrados condenaron a nueve años y ocho meses de cárcel a Felix Millet; a siete años y seis meses a su mano derecha, Jordi Montull; a 4 años y medio a Gemma Montull; a cuatro años y cinco meses al extesorero de CDC Daniel Osàcar; y ordenaron decomisar 6,6 millones al partido por el cobro de “comisiones ilegales” de Ferrovial.
En el mismo comunicado por el que ha anunciado que recurrirá la sentencia, Anticorrupción ha evitado confirmar si pedirá cárcel para Millet, los Montull y Osàcar en la vista sobre medidas cautelares del 5 de febrero, y ha emplazado al día de la vista para comunicar su decisión.
Fuentes jurídicas dan por hecho que Anticorrupción pedirá prisión provisional para los principales condenados mientras el Supremo no emita la sentencia definitiva del caso. Con todo, de finalmente producirse, la petición fiscal de prisión provisional tiene pocos números de prosperar, porque debido a su edad avanzada y delicado estado de salud es poco probable que el tribunal aprecie riesgo de fuga en los condenados. Y los otros dos supuestos en que se podría justificar la prisión provisional –reiteración delictiva y destrucción de pruebas– son inexistentes.