Querella contra uno de los miembros del núcleo duro de Quim Torra. La Fiscalía se ha querellado contra Joan Ramon Casals (PDeCAT), jefe de gabinete del president, por un presunto delito de desobediencia en relación a su papel en el 1-O como alcalde de Molins de Rei (Barcelona). Se trata de uno de los dos alcaldes de la provincia de Barcelona que han resultado querellados tras la conclusión de las diligencias de investigación que el Ministerio Público abrió a centenares de alcaldes en vísperas a la votación. Casals dejó el cargo de alcalde este año para pasar a la Generalitat.
En la querella, a la que ha tenido acceso eldiario.es, la Fiscalía acusa a Casals de “desatender deliberada y conscientemente” el requerimiento del Tribunal Constitucional que le advertía de su deber de impedir cualquier iniciativa relacionada por el referéndum. La querella está firmada por la fiscal jefa de Barcelona, Concepción Talón.
Sostiene la fiscal que Casals “permitió la apertura de los locales de titularidad municipal” del municipio como centros de votación del 1-O, en contra de lo establecido por el Constitucional. El otro alcalde querellado en la provincia de Barcelona es Miquel Solà (ERC), primer edil de Collbató. Los delitos y los motivos de la querella son los mismos que los de Casals: desobediencia por permitir la apertura de locales para la votación.
De esta forma, ascienden a tres los alcaldes finalmente querellados a raíz de las diligencias abiertas en vísperas al 1-O por orden del entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza (fallecido en noviembre de 2017), contra los 712 alcaldes y alcaldesas (el 75% del total) que mediante decretos de alcaldía apoyaron al Govern por el 1-O.
Más de un año después, solo menos de un centenar permanecían investigados y a finales de 2018 la Fiscalía decidió que no interpondría querella contra todos los alcaldes, sino solamente contra los que se hayan logrado indicios sólidos de su colaboración contra el 1-O mediante la cesión de locales municipales.
En el caso de Girona, la Fiscalía archivó las diligencias abiertas contra los alcaldes de Santa Coloma de Farners, Olot y Palafrugell, pero se querelló contra el primer edil de La Bisbal d'Empordà, Lluís Sais. Respecto a Barcelona, a lo largo de 2019 se han archivado las diligencias abiertas a los alcaldes y alcaldesas de Badalona, Sant Vicenç dels Horts, Masquefa, Castellví de Rosanes, Corbera de Llobregat, El Papiol, La Palma de Cervelló, Martorell, Olesa de Montserrat y Montgat.
En todos los casos archivados, la Fiscalía ha concluido que pese a las “fundadas sospechas”, de la investigación “no ha podido constatarse que los alcaldes dictara acuerdo, resolución o disposición alguna que coadyuvase efectivamente a la preparación y/o celebración del referéndum prohibido por el Constitucional”, y, que, en concreto, hubieran cedido locales para la votación.
“Tampoco ha resultado acreditado que los alcaldes, sin formalización escrita alguna, hubieran cedido expresa y materialmente el uso de ninguno de dichos locales para su utilización como colegios electorales ni ha podido constatarse que hubiera dado ninguna orden o instrucción para que otros empleados públicos o terceras personas posibilitaran la apertura de tales locales”, indica la Fiscalía.