“Una rebelión distinta”. El fiscal Fidel Cadena empleaba esta expresión para definir el procés cuando el Ministerio Público llevaba casi cuatro horas de informe final. Tres palabras que sirven para condensar la particular rebelión que se produjo en Catalunya a criterio de los fiscales. Distinta porque no hubo armas pero hubo violencia. Distinta porque se produjo desde los propios poderes públicos y no para tomar el control de la administración desde fuera. Y distinta porque el “golpe de estado” se alargó durante los meses de septiembre y octubre de 2017, no en una intentona concretada en pocas horas como el 23-F.
Este alzamiento violento sostenido en el tiempo es uno de los elementos del informe final de los fiscales que más ha sorprendido a las defensas. Se ha encargado de sustentarlo el fiscal Jaime Moreno. “Ha sido probado que desde el 19 de septiembre hubo violencia”, ha proclamado Moreno. Pese a no ser todos los episodios de la misma intensidad, Moreno ha puesto en el mismo cajón de la violencia las protestas del 20-S en Economía, las concentraciones en los colegios el 1-O para impedir que la Policía se llevara las urnas y las manifestaciones frente a cuarteles y comisarías de septiembre y octubre de 2017, que Moreno ha calificado de “hostigamiento”.
Dentro de este “periodo insurreccional” –misma expresión que empleó el teniente coronel de la Guardia Civil que comandó las pesquisas del 1-O, Daniel Baena–, Moreno ha llegado incluir un hecho que la Justicia ha considerado que no es delictivo: se trata del episodio en Badalona a seis días de la votación en que, con Jordi Cuixart presente, un concejal de la localidad “quitó” carteles del 1-O confiscados por la policía local. A diferencia de los fiscales, la Abogacía del Estado ha limitado como única jornada constitutiva de sedición el referéndum del 1-O.
“No se pueden disfrazar de protesta todos estos hechos, no eran solo una protesta”, ha zanjado Moreno, apuntando así hacia una de las líneas principales de las defensas –en especial las de los líderes cívicos Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, acusados de rebelión pero no de malversación–, que enmarcan tanto la protesta del 20-S como lo sucedido el 1-O dentro de los derechos de reunión y manifestación. Alegan que si bien el referéndum estaba suspendido, no lo estaban las concentraciones en los centros que promovieron los acusados.
La violencia y la autoría
De esta forma, el tribunal tendrá que valorar no solo la disyuntiva planteada entre considerar los hechos como ejercicio de derechos fundamentales o un alzamiento violento para lograr la independencia de Catalunya. Los siete magistrados tendrán que determinar si las continúas y públicas llamadas de los acusados a protestar el 20-S “sin caer en provocaciones”, en palabras de Cuixart; o a votar el 1-O eran reales o eran en realidad una manera de llamar a la violencia, tal y como han sostenido los fiscales.
Respecto a la autoría, Moreno ha empleado tuits, discursos públicos y entrevistas que concedieron los acusados en vísperas al 1-O en los que piden votar para sostener que los líderes del procés “llamaron al enfrentamiento” con la Policía. Por ejemplo, un tuit del exconseller Josep Rull en el que agradecía las concentraciones en los centros previas el 1-O, o otro de Carme Forcadell en el que aseguraba que “nada nos parará”. Asimismo, el fiscal ha incluido en la violencia las palabras de Cuixart sobre el vehículo de la Guardia Civil el 20-S, porque si bien el líder de Òmnium llamó a “no permitir la violencia, lo dijo sobre un coche devastado”.
Las llamadas a votar el 1-O eran en realidad al enfrentamiento con los cuerpos policiales porque los acusados, según los fiscales, sabían que los incidentes no eran una posibilidad sino una certeza. El motivo es la trascendental reunión de la cúpula de los Mossos con Puigdemont, Junqueras y Forn el 28 de septiembre en la que Trapero y López advirtieron de que “era seguro que iba a haber enfrentamientos”, ha recalcado Moreno. El fiscal ha dudado de que el resto de miembros del Govern no conocieran el contenido de la reunión, si bien solo participaran en la misma los entonces president, vicepresident y conseller de Interior. El resto de acusados ha negado saber los avisos de los Mossos formulados en el encuentro.
Además, la Fiscalía ha extendido este martes la violencia del procés a la aprobación de las leyes independentistas en el Parlament en contra de lo advertido por el Constitucional, algo que el fiscal Cadena ha calificado de “violencia normativa” perpetrada por la expresidenta Carme Forcadell.
Rebelión sin armas, pero con los Mossos
¿Si no hay armas, puede haber rebelión? Sí, a criterio de los fiscales. Lo ha expuesto el fiscal Javier Zaragoza en su intervención inicial. “El carácter violento de un alzamiento no implica que sea necesario ni la violencia grave ni la violencia armada. No hacen falta ni armas ni militares”, ha aseverado, para a renglón seguido afirmar que hubo una “violencia física, compulsiva e intimidatoria” y defender que el procés fue “un golpe de Estado” en el sentido de lo propugnado por el filósofo Kelsen.
El fiscal Cadena ha cogido el hilo desplegado por Zaragoza, y ha hecho una comparación del procés con el 23-F –a día de hoy la única condena por rebelión de la democracia española– a cuenta de la intimidación como forma de violencia. “La existencia de la violencia física [en el 23-F] quedaría reducida al zarandeo a Gutiérrez Mellado, que en paz descanse”, ha dicho Cadena, obviando los tiros al techo del Congreso o el despliegue de tanques en Valencia en el golpe de Estado.
Pese a tratarse de una rebelión sin armas, el papel de los Mossos fue “fundamental”, en palabras de Cadena, ya que fueron “utilizados” por el Govern para facilitar la votación mediante el despliegue de una “ineficaz” pareja de agentes en cada colegio. La Fiscalía ha mantenido así su posición del pasado jueves, cuando elevó a definitivo un escrito de acusación en el que sitúa al mismo tiempo a Trapero enfrentado con el Govern por el aviso de disturbios que lanzó tres días antes del 1-O y supeditado a los órdenes políticas del Ejecutivo para facilitar la votación tres días después.
Las defensas, atónitas por las críticas personales
El informe de los fiscales ha dejado atónitas a no pocas defensas por las alusiones personales a los acusados de los fiscales Zaragoza y Madrigal. Más allá de tildar de “motor principal dela rebelión” a Junqueras, el fiscal Zaragoza ha cargado contra el “monólogo” del exvicepresident en su declaración como acusado. “Fue un ejercicio de cinismo sin precedentes”, ha apostillado Zaragoza.
El fiscal, que ha liderado los interrogatorios de la Fiscalía en las 50 sesiones de juicio oral, ha dedicado buena parte de su intervención a negar que los líderes soberanistas sean “presos políticos” y a rechazar que se les juzgue “por sus ideas”. “Los acusados, y todas sus terminales políticas y mediáticas, son conscientes de ello”, ha agregado, en una referencia velada a los medios de tendencia independentista que también ha sorprendido a las defensas.
Tampoco ha dejado indiferente la alusión de la fiscal Consuelo Madrigal a que los acusados formaban “una organización criminal que ha hecho de la administración catalana su particular cortijo”, en especial porque la Fiscalía no acusa de este delito y porque la representante del Ministerio Público ha obviado el control total sobre las finanzas catalanas que tenía el Ministerio de Hacienda. El próximo martes será el turno de réplica de las defensas.