El futuro penal del major de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero se dilucidará a partir del próximo mes de enero en la Audiencia Nacional, donde será juzgado por el 1-O. La Fiscalía pide para el major once años de prisión por un delito de rebelión por, presuntamente, facilitar la votación y no impedir la protesta del 20 de septiembre en Economía. Pero la sentencia del procés del Tribunal Supremo, que condenó por sedición y no por rebelión a los líderes del procés, puede obligar al ministerio público a variar su acusación.
Así lo ha reconocido la fiscal general del Estado, María José Segarra, de visita a Barcelona este jueves. En declaraciones a los periodistas, Segarra ha afirmado que el Ministerio Público “conoce el marco que supone” la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés “y la trascendencia” de la misma de cara al juicio del major en la Audiencia Nacional y el resto de causas derivadas del 1-O.
Y es que el Alto Tribunal revisará en última instancia las sentencias que emitan la Audiencia Nacional sobre Trapero, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y las Audiencias Provinciales catalanas sobre varios capítulos judiciales concretos –las cargas del 1-O, la logística de la votación, el papel de los Mossos– que el Supremo ha juzgado en su totalidad en la causa del procés, y cuyo resultado penal ha sido la sedición en vez de la rebelión.
Además de Trapero, se sentarán en el banquillo los exjefes políticos de los Mossos Pere Soler y César Puig, que afrontan la misma petición de pena que el major, y la intendente Teresa Laplana, que se enfrenta a cuatro años de cárcel por sedición. Con todo, Segarra ya ha advertido que el momento procesal oportuno para plantear los eventuales cambios en la calificación será al final de la vista oral, no antes,
La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera a Trapero un subordinado de los políticos enjuiciados en el Supremo, por lo que al no apreciar la rebelión para los exconsellers no se podría condenar por este delito al major. Con todo, la negativa a la rebelión del Supremo no fue acompañada de un aval total a los alegatos de Trapero. Así, frente a la defensa del major de que los Mossos actuaron en todo momento para cumplir la orden del TSJC para incautarse de urnas y papeletas, el Supremo sentenció que en algunos colegios hubo “episodios de auténtica complicidad” y “casi connivencia” entre agentes de la policía catalana y los ciudadanos que estaban apostados ese día en los centros de votación.
La estrategia diseñada por Trapero y que Forn avaló, abundó el Supremo, se usó para “aparentar” que el “principio de proporcionalidad obligaba a no utilizar la fuerza para cumplir la decisión judicial”. Lo que sí resaltó el tribunal es que el major advirtió al Govern del riesgo de disturbios el 1-O Trapero se ha salvado de la rebelión, pero no de la sedición.
Amnistía y los periodistas imputados
Segarra también se ha referido a la imputación por parte de un juez de Madrid de una docena de periodistas de ocho medios de comunicación por las filtraciones de la causa de los CDR acusados de terrorismo cuando estaba bajo secreto de sumario. Si bien Segarra ha explicado que la Fiscalía está pendiente de analizar todo el procedimiento, sí ha querido avanzar que el Ministerio Público está estudiando “impugnar” la imputación de los informadores.
Por otro lado, Segarra ha evitado contestar a las preguntas de los periodistas sobre si la Fiscalía pedirá la libertad “inmediata” de los 'Jordis' y la anulación de la sentencia del procés sobre ambos líderes sociales, tal y como exigió este martes Amnistía Internacional. La fiscal general ha preferido comentar la parte del informe en que Amnistía concluyó que el juicio del procés fue justo. “Hubo un absoluto respeto al derecho al juicio justo, a la presunción de inocencia y al derecho a la defensa”, ha aseverado Segarra.