La tesis del juez que investiga los preparativos del 1-O, Juan Antonio Ramírez Sunyer, sobre presuntas subvenciones entregadas por el Govern a las entidades soberanistas no tiene soporte en las cuentas de la Generalitat. Así lo ha asegurado la interventora general de la Generalitat, que ha certificado ante el juzgado que Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) no han recibido ningún tipo de subvención o ayuda durante el ejercicio contable de 2017.
El juez quería que la interventora certificase “las subvenciones entregadas” por el Govern a la ANC y Òmnium así como “los pagos realizados” a ambas entidades por el acto de clausura de la campaña del referéndum del 1-O celebrado dos días antes en la montaña de Montjuic de Barcelona. El resultado es negativo: no hay dinero público para ninguna de las entidades, constata la interventora.
“No consta que los departamentos de la Generalitat de Catalunya, los organismos autónomos administrativos del sector público, el Servei Català de la Salut y el Institut Català de la Salut hayan concedido ni pagado ninguna subvención a Òmnium Cultural o la Assemblea Nacional Catalana (ANC)”, reza el certificado elaborado por la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, aportado al juzgado de instrucción 13 de Barcelona y al que ha tenido acceso este diario.
Respecto al mitin final del referéndum, la interventora destaca que “no se ha detectado ningún compromiso de gasto, obligación reconocida ni pago del que se deduzca que se ha destinado a la organización del acto de clausura de la campaña del referéndum”.
Además del juez, el ministerio de Hacienda, cuando estaba dirigido por Cristóbal Montoro, también requirió a la interventora para que documentara supuestos pagos del Govern a las entidades soberanistas. Tampoco entonces el ministerio obtuvo una respuesta positiva. Sólo se encontraron pagos a empresas de asesores informales del Govern, que la Guardia Civil vincula con la malversación del 1-O, pero no con Òmnium y la ANC. En otro informe aportado en este caso al Tribunal Supremo, la UCO cifra en 1,5 millones de euros la financiación de la última fase del proceso soberanista a cargo de la ANC y Òmnium, si bien no lo vincula con subvenciones.
Los sucesivos certificados de la interventora por los que ha negado el uso de partidas públicas para la votación han llevado a la Guardia Civil a sospechar de esta alta funcionaria. También el juez Ramírez Sunyer no ahorra críticas a Vidal en un auto por el que rechaza al recurso de uno de los investigados que el servicio contra el blanqueo de capitales de la Guardia Civil investigue sus cuentas para rastrear pagos relacionados con el 1-O.
Así, el juez cree que los documentos de la interventora por los que negaba gasto público en el 1-O “atentan contra las más elementales reglas de la lógica”. Es más, le afea no haber aportado al juzgado “el listado comprensivo de los donantes y contribuyentes con sus respectivas cuantías” para los gastos del 1-O, esto es, los financiadores privados de la votación.