Mònica Osàcar, la hija del extesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) condenado por recaudar el 3% (y el 4%) en el caso Palau, Daniel Osàcar, volverá a trabajar desde el próximo lunes como cargo de confianza de la Generalitat. La Generalitat ha fichado de nuevo a Osàcar, que en esta ocasión será asesora del departamento de la Presidencia que comanda la consellera Elsa Artadi (Junts per Catalunya).
De esta forma, Mònica Osàcar habrá ocupado cargos eventuales –es decir, designados a dedo– en todos los gobiernos de las distintas marcas convergentes de los últimos años, bajo las presidencias tanto de Jordi Pujol como de Artur Mas, Carles Puigdemont y ahora Quim Torra.
Osàcar fue adjunta al gabinete de publicidad institucional entre 2002 y 2003 en el último gobierno de Pujol. Tras el tripartito de izquierdas, volvió a la Generalitat que presidía Artur Mas y fue la responsable de la misma área entre 2011 y 2016. Con la llegada de Carles Puigdemont, pasó a dirigir la publicidad institucional del consejo catalán del deporte, pero fue cesada en octubre de 2017 en aplicación del artículo 155, al igual que decenas de altos cargos y eventuales.
Su nueva ocupación será asesorar a la conselleria de Artadi “en el ámbito de las políticas de comunicación digital para mejorar la visibilidad en las redes sociales”, según consta en la publicación de su nombramiento en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), del que ha informado en primer lugar el diario El Mundo. Su salario superará los 55.650 euros anuales, en base a las tablas salariales de la Generalitat, a los que podría sumar un complemento específico de 31.236,60 euros.
Osàcar también se dedicará a “fomentar el uso de las redes sociales como medio de interacción del Govern con la ciudadanía”, “velar por la corrección de los contenidos de las webs” gubernamentales, “elaborar contenidos digitales relativos a las políticas de comunicación digital” y “promover las nuevas tecnologías en la estrategia de comunicación digital”.
El padre de Osàcar fue condenado por la Audiencia de Barcelona a cuatro años y cinco meses de cárcel y a pagar una multa de 3,7 millones de euros por los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en concurso con falsedad documental y contable. Los jueces consideraron probado que Osàcar recogió sobres en el Palau de la Música con mordidas de 3,7 millones de euros a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a cambio de obras públicas otorgadas a la constructora Ferrovial.
Asimismo, los magistrados concluyeron que Osàcar y su antecesor en la tesorería del partido, Carles Torrent (fallecido en 2005), “garantizaban que otros responsables del partido, que no han podido ser determinados” ejercieran la influencia necesaria “a fin de asegurar el flujo de adjudicaciones” de obras públicas pretendido por Ferrovial a cambio de las comisiones.
Según la sentencia, Osàcar, Torrent y los dirigentes que no pudieron ser identificados fueron “la clave de bóveda en CDC que permitía el funcionamiento del entramado de cobro de comisiones a cambio de obra pública”. En la época de los hechos (1999-2009) el secretario general de CDC era Artur Mas, que siempre ha negado tener conocimiento de cómo se financiaba el partido y ha puesto la mano en el fuego por Osàcar, que sigue defendiendo su inocencia tras ser condenado en primera instancia –la sentencia se ha recurrido ante el Tribunal Supremo– y también está imputado en la Audiencia Nacional en el caso del 3%.