El Estado no puede impedir la publicación del nombramiento de consellers en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), y si lo hace está cometiendo una ilegalidad. Esta es la primera conclusión que se desprende del dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat, que ha respondido con un informe de 30 páginas a la petición que el president Quim Torra les hizo para que buscaran vías legales ante el bloqueo de la formación del nuevo Govern decidida por el Gobierno de Mariano Rajoy.
La comisión jurídica entiende que la publicación de decretos en el DOGC está regulada por la ley catalana del diario oficial, que prevé que cualquier control de legalidad sobre las medidas tomadas por los órganos competentes se lleve a cabo tras la publicación de estas, nunca antes. El president de la Generaliat puede así ordenar la publicación del decreto de nombramiento y nadie puede oponerse, solo recurrirlo posteriormente ante el Constitucional.
El Gobierno de Mariano Rajoy tiene 10 días desde el pasado sábado para publicar los nombramientos en el Diario Oficial, que controla gracias a las medidas del 155. El secretario del Govern, Victor Cullell, envió una carta el pasado martes en la que reclamaba al Gobierno central autorización para publicar el decreto, pero aún no ha recibido respuesta.
Los juristas consideran además que no hay problema alguno para que personas presas o fuera del país tomen posesión de su cargo si han sido nombradas. “No tienen limitado el ejercicio de sus derechos políticos y no concurre ninguna circunstancia legal que impida la toma de posesión”, aseguran en su escrito.
El informe indica también que el president de la Generalitat no tiene ninguna de sus facultades constitucionales y estatutarias limitadas por el 155, por lo que el nombramiento de consellers no puede estar sujeto a la voluntad del Gobierno. “Las atribuciones estatutarias del presidente de la Generalitat tendentes a la constitución del Govern tienen naturaleza discrecional y no están sometidas a ninguna autorización ni control derivados de las medidas adoptadas en aplicación del artículo 155”, aseguran.
Con este informe en la mano, el president de la Generalitat se inclina por pedir medidas cautelarísimas (las que se toman sin necesidad de escuchar a la otra parte) ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, para garantizar que el decreto ordenado se publique en Diario Oficial. Además de esto, desde el Govern se informe de que Torra no descarta tomar otro tipo de medidas legales contra el Gobierno central si continúa paralizando el bloqueo.