Giro en tiempo de descuento en el Caso Palau. El Consorcio del Palau de la Música, el ente que nutre de fondos públicos al auditorio y en el que participan la Generalitat, el Gobierno central y el Ayuntamiento de Barcelona, ha decidido que acusará a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) de cobrar comisiones de Ferrovial a cambio de obra pública a través del auditorio.
Una carta de Ada Colau forzó para este martes una nueva reunión del Consorcio del Palau. El resultado de la votación ha enmendado la reunión del Consorcio del pasado 12 de mayo, cuando los votos de los representantes del Govern, todos ellos del PDECat, la antigua CDC, impidieron el giro en la acusación que buscaba el consistorio de Ada Colau.
La reunión de este martes del Consorcio, que ha durado una hora y media, era la última oportunidad para que el Palau de la Música señalara a CDC. La votación se ha saldado con 5 votos a favor de acusar a CDC y 4 en contra. Han votado a favor los dos representantes del Ayuntamiento –el teniente de alcaldía Jaume Asens y el responsable de los servicios jurídicos, Joan Llinares–, los dos representantes del Ministerio de Cultura –Montserrat Iglesias y Eduardo Fernández Palomares, ambos directivos del Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música (INAEM)– y un miembro del Orfeó Català (el coro de canto del Palau).
Han votado en contra de acusar a CDC cuatro miembros del Orfeó Català, entre ellos su presidenta, Mariona Carulla, que ha argumentado que la votación que valía era la del pasado día 12, cuando se decidió no señalar el partido. La Generalitat se ha abstenido y ha justificado su cambio de voto –se opuso a acusar a CDC hace 15 días– por la votación del Parlament de la semana pasada que instó al Govern a señalar al partido.
Asens ha agradecido a los representantes del Estado –que no acudió a la reunión del día 12– y de la Generalitat que hayan permitido al Consorcio acusar a CDC. “Es un acto de responsabilidad, de coherencia y de justicia. En política no es fácil cambiar de opinión y esto es de agradecer”, ha aseverado.
Pendientes del tribunal
El Consorcio, al igual que el resto de acusaciones, elevó a definitivas sus conclusiones el pasado miércoles. A pesar de la presión del Parlamento y del Ayuntamiento, el abogado de la Generalitat que representa el Consorcio no acusó al partido ni a su extesorero, Daniel Osàcar. Tampoco lo hizo el letrado de la Fundación, la parte más privada del Palau.
El próximo paso será que el abogado del Consorcio presente un escrito al tribunal adhiriéndose a la acusación de la Fiscalía contra CDC antes de la sesión de juicio de este viernes, cuando las defensas elevarán a definitivas sus conclusiones. El giro del Consorcio –modificar sus conclusiones cuando ya las ha elevado a definitivas– no tiene prácticamente precedentes, según fuentes jurídicas. En todo caso, deberá ser el tribunal de la sección 10 de la Audiencia de Barcelona, presidido por la magistrada Montserrat Comas, quien permita la nueva acusación del Consorcio.
La Fiscalía, y ahora también el Consorcio, piden ocho años de prisión par Osàcar, y cinco por dos directivos de Ferrovial, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga. Con el giro de la acusación, el Consorcio se sumará a la Fiscalía y la acusación que ejerce la Federación de Asociación de Vecinos de Barcelona (FAVB) y reclamará el decomiso de 6,6 millones a CDC “o la formación que el haya sucedido [el PDECat] ”, cantidad a la que creen que ascienden las comisiones presuntamente pagadas por la constructora a cambio de obra pública en el último Gobierno de Jordi Pujol.
El Ayuntamiento argumentaba que si el Consorcio no acusaba CDC antes de terminar el juicio, luego no tendría opción de reclamar el dinero de las presuntas comisiones en la ejecución de la sentencia. Ahora esta opción no queda del todo descartada, aunque fuentes jurídicas argumentan que el dinero acabará de todas formas al fondo estatal de decomisos en lugar del Palau de la Música.
A la reclamación del consistorio de Ada Colau, que llevaba desde febrero intentando un giro en la acusación del Consorcio, se le sumó la semana pasada ERC, que no escondió sus discrepancias con sus socios de Govern neoconvergentes, así como la mayoría del Parlament de Catalunya, que instó a la Generalitat a permitir que el Palau acusara a CDC.