Los medios públicos catalanes no cobraron por emitir el anuncio del referéndum de la Generalitat. Así lo ha declarado la expresidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Núria Llorach, en su declaración como testigo en instrucción 13 de Barcelona, el juzgado que junto al Tribunal Supremo indaga la presunta malversación de fondos públicos para el referéndum. Según fuentes presentes en el interrogatorio, Llorach ha asegurado que, cuando la CCMA reclamó cobrar por emitir la campaña, la Generalitat se negó a pagar aduciendo que el anuncio era un servicio público.
El spot de las vías con el que la Generalitat llamaba a participar en la votación sólo fue emitido por TV3, Catalunya Ràdio y medios privados afines al soberanismo. Los grandes medios con sede en Barcelona se negaron a publicarlo. Los 277.804 euros que costó forman parte de los casi dos millones de euros presuntamente malversados para el referéndum, según la Guardia Civil, el juzgado de instrucción 13 de Barcelona y el Tribunal Supremo.
Las acusaciones han incidido en por qué la CMMA no reclamó a la Generalitat el pago del anuncio. Llorach, según las mismas fuentes, ha asegurado que desde el departamento de Presidencia de la Generalitat se indicó que el anuncio era una campaña de servicio público y que no se pagaba, al igual que algunos anuncios de prevención de accidentes de tráfico. La Fiscalía ha insistido en conocer si la CCMA ha denunciado a la Generalitat por el impago, algo que Llorach ha negado.
¿Si la factura no se pagó, hay malversación? Tanto el juez Ramírez Sunyer como Llarena creen que sí, ya que la factura implica una obligación de pago y una deuda de la administración con un proveedor, aunque finalmente no se abonase.
Las defensas podrían contraatacar, según fuentes jurídicas, alegando que, aunque haya factura, no hay malversación porque el servicio no se terminó de prestar en su totalidad (como por ejemplo el envío de sobres con notificaciones para los miembros de las mesas del 1-O, que no llegaron a sus destinatarios porque fueron incautados por la Guardia Civil). No obstante, esta escenario no es aplicable en el caso de los anuncios, que se grabaron y emitieron por los medios públicos catalanes.
Tanto Llorach como otros testigos que han comparecido este miércoles, el director de El Punt Avui Xevi Xirgu y tres publicistas, sí han explicado que han cobrado por el anuncio con el que el Govern publicitó el registro de catalanes en el exterior. Esta campaña sí fue anunciada por todos los medios la pasada primavera, meses antes del referéndum. Las defensas sostienen que no tiene una relación directa con el 1-O sino que sirve para que los catalanes residentes en el exterior puedan acceder a varios servicios. La Guardia Civil cifra el coste de la campaña en 224.835 euros.
La polémica de la jornada se ha vivido antes de la declaración como testigo del director del directe.cat, el exdiputado de ERC en el Congreso Joan Puig. Según ha denunciado el propio Puig y han confirmado fuentes presentes en la sala, el juez Ramírez Sunyer se ha negado a tomar declaración al director del medio digital porque llevaba un lazo amarillo, símbolo de la solidaridad con los políticos presos catalanes.
Según ha explicado el propio Puig a la salida del juzgado, el juez le ha advertido de que su negativa a quitare el lazo podría acarrear una multa de 200 a 5.000 euros. “Que sea lo que la justicia española quiera”, ha concluido Puig.