El profesor de derecho constitucional en la Universidad de Barcelona, Gerardo Pisarello, es el número dos de la candidatura encabezada por Ada Colau para las primarias de Barcelona En Comú, el único equipo que se ha presentado hasta el momento. Pisarello es uno de los nombres de consenso que sonaba desde hacía semanas y este martes presentó la batería de propuestas del “plan de choque” que la formación pretende poner en práctica si se hace con el gobierno municipal en Barcelona. Tras años en la universidad y con una nutrida actividad en el campo del activismo a sus espaldas, con toda probabilidad Gerardo Pisarello será regidor del Ajuntament de Barcelona en la próxima legislatura.
Tras una larga carrera en la academia, ahora da el paso y se postula para un cargo público. Parece esta una tendencia generalizada en el último tiempo, ¿a qué cree que se debe?
Somos una generación que llevábamos mucho tiempo, además de enseñando e investigando, luchando por los derechos humanos y participando en movimientos sociales. De pronto nos topamos con una situación de excepcionalidad, de bloqueo institucional, donde la agresión a la democracia y a los derechos es tremenda, y donde al mismo tiempo los anhelos de cambio de la ciudadanía son enormes. Por eso decidimos que es el momento de intentarlo, teniendo consciencia de nuestros límites pero sabiendo que es un oportunidad única porque hay una ola de cambio que se extiende por toda Europa.
Acude como número dos del equipo que encabeza Ada Colau a las primarias de Barcelona En Comú. ¿Cómo se ha elegido ese equipo?
Es una propuesta que hace Ada a partir de muchas reuniones en barrios, en ejes y a partir de encuentros con las fuerzas confluyentes, intentando siempre priorizar, por un lado los conocimientos técnicos, la experiencia social y vecinal y en las instituciones, y por otro lado con un espíritu de renovación donde el protagonista sea el ciudadano. Creemos que con todos esos elementos, el resultado, a nuestro modesto entender, es inédito. Es un tipo de propuesta que nunca se había visto en nuestra ciudad.
A parte de algunos nombres de consenso, la candidatura parece la lista cremallera de una coalición, con miembros de las diversas fuerzas confluyentes. ¿Ha habido cuotas de partidos a la hora de formarla?
No, no se trata de cuotas. Hay mucha gente en esta lista que tiene identidades múltiples. Hay varios nombres de personas que participaban en diferentes espacios y que eran de consenso. Yo creo que no se trata de una lógica de cuotas, hay gente vinculada a partidos pero que estuvo desde un inicio en la propuesta de esta candidatura ciudadana, y es gente nueva en todos los casos. Es una generación que entra a hacer política a demostrar que las cosas se pueden hacer diferente y eso no puede ser pensado con un espíritu de cuotas.
¿Es casualidad entonces que en el equipo haya cuatro personas de ICV, una de EUiA, dos de Podemos, una de Procés Constituent, algo muy parecido a como quedaría una lista hecha por cuotas?
El interés ha sido que muchas personas con orígenes diversos pudiera sentirse reconocida. Que la gente que venía de organizaciones políticas pudiera sentirse reconocida pero que hubiera un reconocimiento ciudadano. Y de hecho, era importante que las personas que venían de formaciones cumplieran unos criterios de competencia técnica, de diversidad de género, porque esta es una lista de presencia femenina muy importante, y que fuera gente que renovara la política. Creo que esto responde a una lógica totalmente nueva y que rompe con los acuerdos tradicionales de las formaciones políticas.
Barcelona En Comú ha presentado un plan de choque con las primeras medidas. Entre ellas por ejemplo está estudiar la municipalización de la gestión del agua. ¿En qué consiste esta propuesta?
Esta es una de las medidas que estamos proponiendo. Lo que decimos es que en los últimos años en Agbar se han producido enormes beneficios y aumentos de las tarifas muy desproporcionados. Por tanto planteamos hacer una auditoria para saber cuál es el origen de estos beneficios, cuál es el coste que tiene el servicio y conseguir sentar a estas empresas para que garanticen el suministro a toda la ciudadanía. A partir de ahí hay que comenzar a explorar una medida que para nosotros es importante, que es la de la municipalización del agua. No es una ocurrencia de Barcelona En Comú, es una medida que se ha llevado adelante en ciudades como Berlín o París, y también en experiencias municipales en Catalunya y en España. Municipalizar el agua es una medida imprescindible para recuperar el control público sobre la economía, que hay que estudiar jurídicamente pero que es factible.
¿Qué otras medidas proponen en esta misma línea?
Hay otras propuestas como la relocalización de la energía o la posibilidad de una banca cooperativa municipal o con cierta participación municipal. Barcelona tiene un sector cooperativo muy fuerte, más importante que otras ciudades, y para nosotros es fundamental pasar de los partenariados público-privados que tenemos ahora a formas de gestión público-cooperativas.
Hablan también de paralizar proyectos “contrarios al bien común”. Uno de ellos es la marina de lujo del Port Vell. Pero paralizar estas obras conllevaría grandes indemnizaciones a los inversores. ¿Es viable dar marcha atrás a estos proyectos?
En el caso de la marina del Port Vell hay una concesión que ya se ha hecho pero también nos parece importante investigar en qué condiciones se produjo esa concesión. No todos los casos son iguales, hay proyectos donde ya hay derechos adquiridos, y por lo tanto se deben revisar las condiciones en las que se han producido, y hay otros casos donde revertir la privatización es más sencillo, por ejemplo en la externalización de la gestión de escoles bressol o la red de parkings. Hay que distinguir entre proyectos: en algunos la revisión es posible, otros deben ser auditados y en aquellos donde haya situaciones consolidadas se deben rediscutir las cláusulas.
Proponen también una renta municipal garantizada. ¿Barcelona En Comú apoya la renta básica universal?
Yo soy miembro de la Red Renta Básica y me parece que a largo plazo es una medida interesante. Lo que pasa que en cada escala se pueden dar pasos dentro de las competencias que se tienen. En el caso de Barcelona creemos que una renta complementaria puede ser lo que permita a las personas en situación de pobreza poder complementar las prestaciones que ya reciben hasta llegar al 60% de la renta de suficiencia, que son unos 600 euros. Barcelona es una ciudad muy cara, pero nos parece que esta pequeña cantidad contribuye notablemente a eliminar situaciones de exclusión social extrema, como las que se están sucediendo hoy.
Hablando de las escalas, ¿no temen poder toparse con un techo de competencias al actuar solo desde lo municipal?
Hay dificultades objetivas sobre todo porque el gobierno del PP ha emprendido un proceso de recentralización brutal y la ley de racionalización y sostenibilidad de los entes locales tiene como objetivo directo laminar la autonomía municipal. A pesar de esto, Barcelona tiene una carta municipal propia que le permite hacer y le permite hacer mucho. Barcelona no solo tiene competencias singulares sino capacidades singulares. A lo largo de su historia, Barcelona ha podido hacer cambios en políticas sociales precisamente por este marco competencial propio. Por tanto nuestro planteamiento es usar estas capacidades al máximo, de la forma más eficiente y más justa, y nunca esgrimir la ausencia de competencias cuando hay derechos humanos en juego.
Algunos sondeos dan unos resultados muy buenos para Barcelona En Comú, pero parece que será necesario que llegue a pactos para hacerse con el gobierno municipal. ¿Con qué formaciones pactarían y con qué líneas rojas?
Somos una candidatura que nace con la intención de ganar el Ayuntamiento para ponerlo al servicio de la gente, por tanto no estamos pensando en esa lógica de pactos. Hoy la prioridad es reforzar la presencia en los barrios porque sabemos que simplemente con un cambio electoral no se podrían hacer todas las transformaciones que queremos impulsar. Para eso hay que intentar ganar y hacer que el gobierno de CiU, responsable de la política de privatización, precarización y desigualdad, pueda marcharse. Ese es nuestro objetivo, queremos ser la alternativa.
Pero sobre la política de pactos, ¿cómo la decidirían?
Cuando llegue ese momento haremos como se han hecho con casi todas las decisiones tomadas hasta el momento, abriendo un proceso de consulta ciudadana y preguntando a la ciudadanía cuál es el camino concreto que tenemos que adoptar. Está en parte en nuestro código ético, cuando haya decisiones importantes, abrirlas a la decisión de la ciudadanía para saber cuál es el mandato.
En caso de no poder formar gobierno municipal, ¿los regidores de Barcelona En Comú se quedarían haciendo oposición en el Ayuntamiento o pasarían a otros frentes?
No contemplamos otra posibilidad. Hicimos esta apuesta municipal porque creemos que la democracia nació en las ciudades y es en las ciudades donde queremos recuperarla. Hoy nuestro objetivo es claramente municipalista y lo que intentaremos hacer es formar un equipo de gobierno lo más cohesionado y lo más ilusionado posible.