La desobediencia que, según la alegación del Parlament al Constitucional, no ocurrió en durante la aprobación de la declaración de inicio del proceso constituyente, el pasado 9 de noviembre, podría comenzar a darse ahora desde los municipios, a raíz de las causa que instruyen los tribunales por las mociones en apoyo de la declaración aprobadas en algunos ayuntamientos. Dos municipios gobernados por la CUP se han negado ya a colaborar con la Audiencia Nacional en la investigación del 9-N, al considerar que no tiene “autoridad jurídica” para hacerlo.
El último ha sido Viladamat, en el Alt Empordà. Según ha anunciado el consistorio, no entregará la documentación que la Audiencia le requiere y, en cambio, celebrará una concentración en apoyo de la decisión del Gobierno municipal. El pleno de la localidad está investigada por aprobar una resolución en apoyo poco después de que el Parlament aprobara la declaración independentista, que fue suspendida por el Constitucional. En la concentración participarán diferentes cargos de la formación anticapitalista, como el alcalde de Viladamat, Robert Sabater, o el diputado en el Parlament, Benet Salellas.
Viladamant sigue así los pasos del ayuntamiento de Celrà, también gobernado por la CUP, que en diciembre pasado se negó a enviar la documentación que el juez de la Audiencia Nacional les reclamaba por la misma causa. Según explicó el alcalde de la localidad gerundense, hacer caso a la reclamación de juez hubiera ido en contra de la propia declaración aprobada en el Parlament y apoyada por su consistorio, que no reconocía autoridad jurídica a los tribunales españoles.
La Audiencia Nacional comenzó a investigar a diversas localidades catalanas para saber si sus ayuntamientos habían incurrido en un delito de sedición, tras aprobar resoluciones de apoyo a la declaración de inicio del proceso constituyente del Parlament, suspendidas por el Constitucional. El fiscal instó a identificar a los regidores que habían dado apoyo a estas mociones al considerar que podrían haber desobedecido una resolución del Constitucional, lo cual podrían ser constitutivo de un delito de sedición y rebelión, o de prevaricación.
Tras la suspensión de la resolución independentista por parte del Parlament cerca de una centena de consistorios catalanes apoyaron mociones en apoyo a la Cámara catalana en términos similares a los del texto suspendido. Desde diciembre, las notificaciones de la Audiencia Nacional han ido llegando a muchos de ellos, reclamando la documentación sobre las mociones aprobadas.