Si el independentismo es experto en buscar la mínima rendija legal o jurídica para llevar a cabo sus objetivos, el Gobierno de Mariano Rajoy ha hecho un máster sobre cerrar grietas para impedírselo. Después de que Junts per Catalunya (JxCat) anunciara el pasado sábado que volvería a intentar investir a Carles Puigdemont, el Gobierno ha puesto en marcha la maquinaria del Estado para evitarlo, por lo que la reforma de la ley de la presidencia será tumbada con toda probabilidad esta semana.
Así lo ha anunciado este lunes el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, en una rueda de prensa que se ha celebrado pocas horas después de que el Consejo de Estado avalase un recurso del Gobierno contra la reforma legal aprobada el pasado viernes en el Parlament. Según ha informado, la intención del Ejecutivo central es reunirse de forma urgente “en las próximas horas” para impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) el texto que permitiría a Puigdemont someterse a una votación de investidura a distancia. De esta forma, los cambios en la ley de la presidencia se suspenderán en cuanto el Alto Tribunal admita a trámite el recurso.
El Gobierno tiene prisa. El independentismo dio sobradas muestras durante la legislatura pasada de ser capaz de moverse rápido y aprovechar cada vulnerabilidad de las leyes y reglamentos. Ahora, sin embargo, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría cuenta, gracias a la intervención de la autonomía a través del articulo 155, con un arma poderosa: el control del Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
Gracias a ese control, la Moncloa tiene la última palabra sobre cuándo se publica –y entra en vigor– cualquier norma aprobada por el Parlament, con un margen de hasta 15 días que estipula el Estatut. Así, la vicepresidenta puede conseguir la carambola de acompasar en la misma jornada la publicación del nuevo texto en el DOGC y la presentación de un recurso contra él por parte del Consejo de Ministros, todo ello en una semana en la que el TC tiene pleno ordinario, por lo que en horas podría admitir a trámite y suspender la reforma. Las 'jugades mestres' cambian de bando.
Tumbando el nuevo texto, el Constitucional pondrá el enésimo cortafuegos a la investidura de Puigdemont. Primero fueron las inéditas medidas cautelares contra la candidatura del líder de JxCat, dictadas en enero pasado en respuesta al recurso del Gobierno. Tres meses después, el TC acabó admitiendo a trámite la impugnación, con lo que suspendió la candidatura, pero llegó más lejos al advertir a Roger Torrent de consecuencias penales si volvía a proponer al president cesado para la investidura.
Desde JxCat ya reconocieron el sábado, cuando anunciaron que retomaban a Puigdemont como candidato, que esta opción podría resultar materialmente imposible. Vistos los movimientos del Gobierno central en las últimas horas, el grupo ha ahondado en esta idea, asumiendo que es posible que la ley de la presidencia no pueda ser usada ahora para investir al cabeza de la lista independentista más votada.
¿Para qué habría servido entonces la reforma de la ley de presidencia entonces? Fuentes del grupo apuntan a su convencimiento de que la reforma es plenamente legal, razón por la que, aseguran, el Constitucional podría acabar dándoles la razón. Si así sucediera, el grupo dispondría de una herramienta para investir a Puigdemont a lo largo de la legislatura, una vez constituido un Govern. De hecho, en los últimos días en el entorno de JxCat se habla de una posible convocatoria electoral después del verano. Algo imposible, según el Estatut, ya que su artículo 75 impide de facto que haya elecciones hasta pasado un año de las del 21 de diciembre.