El Consejo de Estado ha avalado este lunes por unanimidad que el Gobierno presente un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma de la Ley de Presidencia de Catalunya que permitirá una investidura a distancia de Carles Puigdemont.
Fuentes de esta institución han informado a Efe de la aprobación por unanimidad del dictamen, favorable a la presentación del recurso ante el TC, en la reunión de la Comisión Permanente del máximo órgano consultivo del Ejecutivo.
El dictamen, solicitado por el Consejo de Ministros el pasado viernes y que es preceptivo para la presentación del recurso aunque no vinculante, será remitido este lunes mismo al Gobierno, han indicado las fuentes.
El Tribunal Constitucional (TC) admitirá a trámite esta semana el recurso del Gobierno contra la ley de presidencia catalana que permite la investidura a distancia de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat y suspenderá automáticamente esa norma a petición del ejecutivo.
Fuentes del TC han informado a Efe de que el miércoles será el el día más probable para que esto suceda, aunque el pleno del Constitucional en el que se adoptará la decisión comenzará mañana y se extenderá durante el resto de la semana.
La reforma de la Ley del Gobierno catalana, aprobada el viernes pasado en el Parlament con los votos de JxCat, ERC y la CUP por el procedimiento de lectura única, habilita al Parlament a investir al presidente de la Generalitat por vía telemática.
El Gobierno anunció que recurriría al TC antes de la aprobación por el Parlament y, de hecho, el texto del recurso estaba preparado, a la espera del dictamen del Consejo de Estado.
Los republicanos de ERC han pedido hoy una reunión urgente con JxCat para consensuar los pasos a dar en los próximos días hasta que acabe el plazo del 22 de mayo para conseguir una investidura efectiva en Catalunya, después de que haya sido puesto de nuevo encima de la mesa la candidatura de Carles Puigdemont.
El Tribunal Constitucional vetó en abril la investidura de Puigdemont como presidente de la Generalitat de Catalunya de manera telemática o mediante cualquier fórmula que no implique su presencia en el Parlament y, además, con permiso judicial.
Los responsables de la Cámara autonómica catalana fueron entonces advertidos por el Tribunal Constitucional de la obligación de respetar sus resoluciones.