El Gobierno de Mariano Rajoy no tiene previsto aceptar el nombramiento de los nuevos consellers por haber entre los 13 nombres cuatro personas presas o fugadas en Bélgica, como son Jordi Turull, Josep Rull, Toni Comín y Lluís Puig. Según han explicado fuentes de la Presidencia, por el momento simplemente congelarán el decreto y no lo publicarán al Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), evitando que entre en vigor y, de paso, manteniendo las medidas del 155.
Después de conocer que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha nombrado entre sus 13 nuevos consellers a dos de los presos y otros dos de los políticos que eluden a la justicia española desde Bélgica, el Ejecutivo considera que hay serias dudas de que estas personas puedan acceder al cargo. Alegan que, pese a no estar inhabilitados judicialmente, sí están impedidos para realizar las funciones de un conseller. Su objetivo es que Torra acepte cambiar los cuatro designados por otros cuatro sin causas con la justicia.
Por ello, y hasta que decidan los próximos pasos, el decreto quedará en un cajón. Fuentes de la dirección del PSOE se han mostrado favorables al criterio del Gobierno de no poner en vigor las designaciones por el momento. Como Moncloa, consideran que debe presionarse al nuevo president para que designe unos consellers diferentes de los presos o buscados por la justicia. “Está en el tejado de ERC y de Torra, son ellos quienes prorrogan el 155 al nombrar a estos consellers”, afirman los socialistas.
Las medidas aprobadas por el Senado en aplicación del 155 prevén no levantar la intervención de la Generalitat hasta que haya un Govern constituido, es decir, hasta que el último de los consellers tome posesión. Sin la publicación en el DOGC el decreto no tiene validez y el nombramiento no se ha producido, por lo que ninguno de los 13 puede prometer el cargo. También evitan así al magistrado del Supremo Pablo Llarena tener que pronunciarse sobre si permitir o no salir a los presos designados.
La paralización de los nombramientos gracias al control de los boletines se alargará, al menos, hasta que el Gobierno resuelva los próximos pasos. Una de las opciones que barajan es enviar el decreto al Tribunal Constitucional, que lo suspendería automáticamente hasta que los magistrados se pronuncien sobre el fondo, por un plazo máximo de cinco meses prorrogables. Para llevarlo al TC, sin embargo, el nombramiento debería estar publicado y en vigor.
El Gobierno quiere evitar a toda costa dejar un margen temporal entre la publicación y la suspensión del TC. Por ello, solo dará nuevos pasos cuando tenga claro que la suspensión puede ser inminente. Para llevarlo al Constitucional, además de publicar el decreto, debe pedir un informe al Consejo de Estado y reunir al Consejo de Ministros. Acompasar todo ello no es tan fácil, cuando además el Consejo de Estado ha trasladado al Gabinete de Rajoy que no están dispuestos a emitir un informe en 24 horas, como ya hicieron cuando se suspendió la candidatura de Carles Puigdemont en enero pasado.
El presidente Rajoy no se precipitará. Reteniendo el decreto espera poner suficiente presión sobre Torra para que cambie a los consellers. A su favor tiene que, mientras no haya nombramientos, el president de la Generalitat no tiene ningún poder, gracias a que el 155 se mantiene. Sin embargo el Gobierno deberá lidiar con el inesperado escenario de que haya, a la vez, un president en el cargo y una intervención de la Generalitat.
Por su parte, fuentes cercanas a la presidencia de la Generalitat aseguraban antes de conocer la decisión de Moncloa que no esperaban que el Gobierno se negase a publicar el decreto. A su parecer, la publicación de un nombramiento legal es un “acto debido” y, entendían que, en caso de querer pararlo, solo podían llevarlo ante Constitucional.
Como Puigdemont, Torra había prometido ofrecer su “restitución” a todos los consellers destituidos, por lo que ha acabado nombrando a quienes la han aceptado. La estrategia de JxCat continúa siendo tensionar al Estado y al propio Gobierno y, con la designación de dos presos y dos reclamados por la justicia, han vuelto a colocar la pelota en el tejado de Moncloa. El escenario que se abre a partir de aquí es incierto, ya que JxCat no tiene previsto ceder en su promesa de la restitución, al menos mientras sus candidatos a las consejerías no estén inhabilitados.